Hace casi un año el periodista, Isaac López Castillo, de 27 años, huyó de su hogar en San Salvador en compañía de su esposa. Las amenazas de muerte de las pandillas y el crimen organizado, a quienes se había atrevido a investigar, le pisaban los talones.
“Estaba haciendo un reportaje para explicar de dónde vienen las armas que usan las pandillas. Por eso amenazaron con matar a mi familia, a mi esposa. Por eso tuve que huir”, aseguró López, quien trabajaba para Tele Occidente Canal 23, en una reciente entrevista telefónica.
A comienzos de mayo, Isaac y su esposa, habían conseguido llegar a la ciudad fronteriza de Tijuana. Ahí consiguieron hacerse fuertes con un centenar de inmigrantes que se organizaron para cruzar la frontera y entregarse voluntariamente en Estados Unidos con la esperanza de obtener asilo político.
Tras un complicado proceso de selección, en el que quedó patente la actuación de algunos funcionarios de inmigración y aduanas que hoy se sienten envalentonados por el discurso excluyente de Donald Trump, Isaac fue separado de su esposa.
Así, mientras ella era deportada de nuevo a México, él era trasladado a la cárcel de Adelanto, en California, donde hoy vive un infierno distinto al del su país de origen. La cárcel de Adelanto, en medio del desierto en el condado de San Bernardino, forma parte de una red de más de 70 centros penitenciarios y más de 80 mil camas que controla el consorcio GEO, uno de los principales contratistas privados del gobierno de EU.
Ahí, perdido entre una montaña de papeleo, mentiras e innumerables excusas para retener a los detenidos el mayor tiempo posible (a razón de 60 dólares la noche en beneficio neto para la cárcel), Isaac decidió emprender una huelga de hambre con un grupo de ocho compañeros que se hacen llamar “Adelanto 8”.
A pesar de los intentos por romper su unidad acción, a base de regímenes de aislamiento y amenazas de los guardias carcelarios, esta cifra se elevó a más de 30 detenidos la noche del pasado 4 de Julio. Según informaron las organizaciones que participan en su defensa, esta movilización esta relacionada directamente con las golpizas que les propinaron al grupo inicial de detenidos el pasado 12 de junio.
“El 12 de junio, desde muy temprano, iniciaron una huelga de hambre en reclamo de mejores condiciones de detención y para pedir que rebajaran las fianzas, de hasta 35 mil dólares, para esperar libertad la revisión de sus casos”, aseguró Tristán Philip, de la organización
Surenxs En Accion, una entidad con base en Nashville que ha seguido de cerca a este grupo de inmigrantes desde que salieron de Centroamérica.
Pero las cosas no resultaron tan fáciles. Ese mismo día, Isaac fue sometido a una brutal golpiza tras su decisión de comenzar la huelga de hambre.
A uno de los integrantes de este grupo, Omar Rivera Martínez, le rompieron la nariz y varios dientes, según consta en la denuncia presentada por Nicole Ramos, abogada de Rivera Martínez en una queja interpuesta el pasado 22 de junio ante la división de derechos humanos del Departamento de Seguridad Interna (DHS).
“Le escribo para demandar una investigación del ataque brutal perpetrado el pasado 12 de junio contra estos hombres a manos de guardias de GEO (la empresa contratista del sistema penitenciario en la localidad de Adelanto, California)”, aseguró Ramos en su escrito dirigido tanto al Departamento de Seguridad Interna como a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y cuya copia ha sido obtenida por La Jornada.
Según la denuncia de la abogada, un grupo de aproximadamente 10 guardias sometió a estos inmigrantes rociándoles con gas pimienta hasta quedar empapados. Los guardias dirigieron el gas pimienta hacia el rostro y los genitales contra el grupo de inmigrantes que se acurrucaron para protegerse los unos a los otros.
“Después de eso, les obligaron a bañarse con agua caliente. Fue muy doloroso. Algunos de ellos quedaron con fracturas y magulladuras. Y luego de eso, les aislaron, para evitar que se comunicaran entre sí para organizarse nuevamente”, añadió Tristan Phillip.
“La verdad no creo que hayan previsto este nivel de represión”, aseguró a su vez, Alex Mensing —quien colabora en la Universidad de San Francisco como parte de una Clínica legal al servicio de la comunidad inmigrante—, al confirmar que incluso a los detenidos se les ha cortado su comunicación al exterior y se les ha separado para evitar nuevas acciones colectivas.
“Los detenidos tenían nuestros números para comunicarse con nosotros. Pero la cárcel ha bloqueado nuestros celulares para que ya no puedan comunicarse al exterior. Eso les ha dificultado su movimiento de resistencia y les impide denunciar acciones de represalia que entran dentro de la definición de tortura”, aseguró a su vez, Tristan Philip.
En medio de estas protestas y represalias, Isaac y sus compañeros se han convertido en la cárcel de Adelanto en rehenes de ese infierno de aislamiento y medidas de represalia desde donde hoy luchan para obtener el asilo deseado con la incorporación de más detenidos a sus protestas y huelgas de hambre.
A pesar del caso de Isaac y sus compañeros que siguen retenidos en la cárcel de Adelanto, los organizadores del grupo que decidieron cruzar la frontera con Estados Unidos a principios de mayo, consideran que el sacrificio “ha valido la pena” para salir del infierno que vivían en Centroamérica, donde la mayoría de ellos estaban condenados a una muerte segura:
“Hoy, de ese grupo de 100 personas que cruzaron la frontera, más de la mitad ya ha sido liberada. Sus peticiones de asilo se están revisando”, aseguró Alex Mensing.
“Apenas la semana pasada, yo pude reunirme con uno de ellos en Stockton, California. Finalmente ha podido reencontrarse con su esposa y su hijo. El proceso ha sido muy difícil y peligroso. Pero ha valido la pena ver a esa familia reunida de nuevo”, añadió Mensing, uno de los activistas que ayudaron a decenas a escapar a decenas de inmigrantes de su infierno en Centroamérica.
A pesar de la buena voluntad de activistas y organizaciones, dispuestas a ayudar al mayor número de refugiados que huyen de la violencia en Centroamérica, el endurecimiento de los controles en México y Estados Unidos han conseguido reducir sustancialmente el flujo de inmigrantes que cruzan de sur a norte la República Mexicana.
Cada año, más de 450 mil personas intentan alcanzar la frontera de EU desde países como Honduras, El Salvador y Guatemala, según las más recientes cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: JAIME HERNANDEZ