En una audiencia pública en la que participaron representantes de una decena de grupos defensores de los derechos de las mujeres, la directora de Instituto Colimense de la Mujer (ICM), un representante del secretario general de Gobierno, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y el Coordinador General de Comunicación Social, se acordó que los organismos civiles monitorearán y colaborarán en las acciones de aplicación de la AVG.
Catalina Suárez Dávila, de Mujeres en Alerta, se quejó de que a pesar de que en este año van más de 30 asesinatos de mujeres, no existe por parte del gobierno estatal un proyecto integral para atender la AVG. “El gobierno federal dice que estamos en alerta de género y aquí en Colima parece que tenemos una visión errática”, dijo.
La activista pidió a la directora del ICM, Mariana Martínez Flores, ser el conducto para decirle al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, que “realmente tome en serio lo que está sucediendo en Colima, pues para mí hubiera sido ideal que el mismo día o al día siguiente de la AVG hubiera salido públicamente con su gabinete a anunciar que estamos en alerta y a informar las acciones concretas para cumplirla, como la revisión del financiamiento a los refugios para mujeres maltratadas o para las casas de medio camino, entre otras cosas”.
Carmen García García, representante en Colima del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), expresó su preocupación por que la titular del ICM ha confrontado a los municipios responsabilizándolos de no haber brindado información sobre las acciones que realizarán para atender la AVG.
“Con esto –dijo– se está generando violencia institucional, cuando la labor del ICM tendría que ser sumar; sabemos que aquí el responsable de que se aplique o no la alerta es el gobernador, sabemos que los institutos están limitados a tomar decisiones, pero queremos una comunicación directa porque en el proceso de la Alerta de Género ha habido desinformación; estamos aquí con el ánimo de sumar esfuerzos, queremos monitorear, pero también colaborar”.
El presidente del Comité de Derechos Humanos no Gubernamental, Efraín Naranjo Cortés, cuestionó que no se ha actuado efectivamente, pues continúan los asesinatos de mujeres, por lo que “se necesita actuar rápido con un mecanismo eficaz para evitar que sigan matando mujeres; estamos con disposición para apoyar, ustedes nos citan y vemos la forma de participar para que podamos parar esa violencia feminicida”.
Clementina Nava Pérez, del Centro de Apoyo a la Mujer (CAM), mencionó que el caso de Colima es “un mal ejemplo” de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que tardó 30 meses para emitir la AVG, además de que excluyó al municipio de Manzanillo, a pesar de que es uno de los lugares donde se ejerce mayor violencia contra las mujeres.
Además, hizo notar que, a pesar del tiempo transcurrido desde la emisión de la alerta, “la población no tiene idea de lo que esto significa”, por lo que “queremos que se diga, que se pronuncie el gobernador, que anuncie en los medios de comunicación que estamos en alerta, se necesita una estrategia integral”.
A su vez, Lina Monserrat Contreras, integrante del colectivo Rebeldía Violeta, expuso que las mujeres colimenses ya se encuentran “cansadas y molestas” porque “se está tomando la alerta simplemente como un proyecto de construir un jardín que a la larga nos va a servir a todos para estar muy felices, pero no: nos están matando, nos están violando, ya no queremos papeles, no necesitamos más cifras y discursos; estamos hartas de ver que siguen desapareciendo y que nos tenemos que quedar calladas”.
La activista María Elena García Rivera, de Mujeres en alerta, dijo que, si bien la AVG se encuentra en manos de las instituciones, también la sociedad civil organizada hará “una especie de interacción”, pues “no queremos opacidad, sino transparencia”.
Piden apoyo de ciudadanía
En representación de la Secretaría General de Gobierno, el director de Asunto Jurídicos de esa dependencia, Ramón Pérez Gutiérrez, manifestó a las activistas que la AVG “tiene que unirnos como ciudadanos, no nada más el gobierno puede sacar adelante esta recomendación que se viene haciendo, tenemos que hacerlo junto con ustedes, que participan día a día en cada una de sus organizaciones en favor de todas las mujeres”.
Señaló: “Necesitamos de su apoyo, necesitamos de ustedes para llevar a buen puerto esta situación que se está viviendo, para establecer un proyecto integral, una agenda de instituciones y ver cómo se puede ir sumando cada institución; de parte del gobierno del estado hay la firme intención de participar con ustedes y con el ICM, que va a ser el eje rector, enriquezcamos los trabajos que podamos llevar a cabo”.
Por su parte, la directora del ICM, Mariana Martínez, dijo que la emisión de la AVG llegó a Colima descontextualizada, porque además de decretarse dos años y medio después de que se solicitó se encuentra basada en información del periodo 2003 a 2014, por lo que será necesario actualizar los diagnósticos y las acciones, tomando en cuenta que en este último periodo se incrementaron los asesinatos de mujeres.
Ante cuestionamientos porque no ha sido dado a conocer el plan de trabajo para atender la AVG, explicó que el reglamento no permite su difusión antes de que éste sea autorizado por el Conavim, pero se comprometió a informar a las organizaciones civiles el momento en que esto ocurra.
Martínez Flores indicó que a diferencia del sexenio anterior, en el actual se han generado acercamientos del gobernador con los organismos solicitantes de la AVG, además de que se creó la Comisión de Seguimiento de la AVG, en la que participan las instituciones y dependencias relacionadas con los aspectos que cubre esa área.
Además, manifestó que ya se encuentra autorizada la ampliación de la línea 075 de apoyo a las mujeres para que se encuentre en servicio las 24 horas del día, además de que se instalará una casa de emergencia.
Para la operatividad de la AVG, dijo, se considera para el resto de este año un presupuesto de 92 millones 238 mil pesos por parte del Poder Ejecutivo; 35 millones 990 mil pesos por parte de los ayuntamientos y 532 mil 921 por parte del Poder Judicial.
Invitó a las representantes de las organizaciones a reunirse cada dos o tres semanas para dar seguimiento a los trabajos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/495282/exigen-a-gobierno-colima-intensificar-aplicacion-la-alerta-genero