El administrador central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT, Raúl Joel Díaz Pérez, informó que el organismo también ha identificado a 64 mil 468 sujetos obligados con la llamada “Ley antilavado”, de los cuales alrededor de la mitad cumple con presentar avisos a la autoridad de actividades vulnerables.
En un taller para reporteros sobre la llamada “Ley antilavado”, señaló que desde el 17 de julio de 2013, cuando entró en vigor la legislación, al 31 de mayo de 2017, se tienen registradas 72 mil 647 actividades vulnerables.
El funcionario aclaró que la función del SAT es prevenir el lavado de dinero a través de la información de la persona que realiza alguna actividad vulnerable, y dar a conocer estos datos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y a la Procuraduría General de la República (PGR).
Así, precisó, de las supervisiones que realiza, el SAT ha conocido de “indicios” de lavado de dinero en 60 casos, información que ha sido dada a conocer a las autoridades competentes y será un juez federal el que determine si son casos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“La tarea del SAT no es perseguir el lavado, es encontrar información y dársela a un tercero para que haga su tarea, y hasta hoy en mi supervisión he encontrado 60 indicios que podrían dar pauta a una investigación”, agregó.
Díaz Pérez apuntó que los poco más de 64 mil sujetos obligados con la “Ley antilavado” identificados por el SAT a la fecha, 28 por ciento soy omisos totales y 23 por ciento con omisos parciales, lo que implica que 49 por ciento cumple con los requerimientos de la legislación.
“Ha sido una tarea exitosa, creemos en el SAT no sólo por lo novedoso del tema, sino porque en el SAT estamos comprometidos también con la sociedad, también es nuestra tarea protegerla en este tema”, subrayó.
El administrador central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT informó que las sanciones administrativas que se aplican por el incumplimiento de la “Ley antilavado” va desde 15 mil 98 pesos hasta cuatro millones 906 mil 850 pesos, por cada acto u operación registrada, aunque también puede haber penas de prisión.
Indicó que los tres objetivos principales de la prevención del lavado de dinero son restringir operaciones en efectivo, los cuales son los mecanismos primordiales para la delincuencia, generar información a través de reportes a las autoridades administrativas, y la coordinación para que las autoridades puedan compartir cierta información y generar estrategias para combatir la delincuencia.
Según la LFPIORPI, se consideran actividades vulnerables juegos y sorteos; tarjetas de servicio y crédito; tarjetas de prepago y cupones, tarjetas de devolución y recompensa, cheques de viajero, mutuo, préstamo o crédito, blindaje, inmuebles, metales y joyas, obras de arte, vehículos, traslado o custodia de valores, servicios profesionales, fedetarios públicos, donativos, comercio exterior y arrendamiento de inmuebles.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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