Un informe interno de la Fiscalía General del estado (FGE) revela que la masacre registrada hace dos días en el penal de Acapulco, dejó un saldo de 34 muertos, seis de ellos decapitados y 32 heridos.
Incluso, no sólo se utilizó un arma .38 súper, sino también fusiles AR-15 y AK-47 porque en la escena del crimen masivo se embalaron casquillos calibre .223 y 7.62, indica el reporte consultado por Proceso.
El informe de la FGE contradice la postura del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien públicamente informó que la cifra oficial de la matanza fue de 28 muertos y tres heridos, así como el uso de un arma calibre .38 súper.
También, ayer el mandatario dio a conocer que el director del penal, Miguel Ángel Gómez Garduño había sido separado del cargo y que tres custodios están bajo investigación porque existen señalamientos en el sentido de que otorgaron facilidades al grupo que organizó y ejecutó la matanza.
Fuentes oficiales consultadas por este reportero informaron que el gobierno de Astudillo intentó ocultar la cifra real de víctimas para evitar un escándalo mayor ante la crisis de inseguridad y violencia que exhiben el nivel de colusión de autoridades con la delincuencia en Guerrero.
Los reportes consultados este sábado, indican que la cifra total de víctimas fue de 34 reos asesinados, seis de ellos fueron decapitados y la mayoría presenta impactos de bala de diferentes calibres como .38 súper, así como 7.62 y .223, utilizados por los fusiles de asalto AK-47 y AR15.
Sobre los 32 lesionados, el informe de la FGE indica que fueron trasladados a diferentes hospitales públicos del puerto de Acapulco, principalmente al que se ubica en la colonia Ciudad Renacimiento, cercano al penal de Las Cruces donde se registró la matanza durante la madrugada del jueves 6.
Por ello, en un principio se reportó la evasión de una veintena de reos, no obstante, se trata de los internos que resultaron heridos y permanecen convaleciendo en diferentes nosocomios del puerto bajo vigilancia policiaca, indica el reporte oficial.
La carpeta de investigación sigue en fase de integración porque hace falta recopilar más testimonios de internos y funcionarios del sistema penitenciario estatal, además de dictámenes periciales para determinar la mecánica de los hechos, señaló la fuente consultada.
El gobernador Astudillo ayer calificó la masacre como “una riña inesperada”, a pesar de que en junio de 2011 internos del penal de Acapulco denunciaron públicamente el autogobierno y la colusión de directivos y custodios con la delincuencia para permitir el ingreso de droga, armas y el cobro de beneficios penalizados por la Ley.
En ese entonces un enfrentamiento armado entre bandas antagónicas al interior del penal porteño dejó un saldo de tres internos asesinados, uno de ellos decapitado y seis años después se reeditó la misma situación y en el mismo penal.