Ciudad de México. El juzgado segundo de distrito en materia administrativa ordenó a la administración capitalina devolver a 350 comerciantes el predio de Londres 91, colonia Juárez, que “recuperó el 3 de agosto pasado”, en un operativo realizado por la Secretaría de Gobierno y el Instituto de Verificación Administrativa.
Con ello se cancela su venta en 55 millones de pesos a una empresa inmobiliaria para la construcción de departamentos de lujo y se le obliga a regresarlo a los siete grupos ambulantes que lo tenían desde 2008, al ser retirados del Centro Histórico.
El representante del Movimiento Democrático Vida Digna explicó que las autoridades incurrirían en desacato y hasta la inhabilitación de funcionarios, al vencerse el plazo solicitado por el gobierno para cumplimentar con esta sentencia, por lo que “no vamos a entrar a la fuerza, esperaremos”.
La resolución 1377/2016 del juzgado emitida el 28 de noviembre del año pasado ordenaba levantar la clausura del predio, por parte de personal de las secretarías de Gobierno, Seguridad Pública y Medio Ambiente; así como del Invea, pues el “lanzamiento de los comerciales era ilegal y arbitrario”.
Comentó que, luego de demostrar al juzgado que ese espacio fue otorgado a siete organizaciones tras el reordenamiento del comercio ambulante en el Centro Histórico, firmándose un convenio y quedó pendiente el otorgamiento de un Permiso Administrativo Temporal Revocable, se nos otorgó la suspensión definitiva del amparo interpuesto.
A casi un año de distancia, el juzgado ordenó levantar la clausura y dejar insubsistente el acto de autoridad del 3 de agosto, retire los sellos y poner el terreno en posesión jurídica y material de los comerciantes que se encontraban ahí, lo cual estamos esperando, señaló.
Los siguientes pasos son la entrega del inmueble, firma del PATR y su compra-venta, para lo cual buscaremos que el gobierno nos otorgue un crédito, como se pactó en 2008, y “nos venda el predio en 14 millones de pesos, como lo adquirió y pactamos en ese momento, y construir una plaza comercial”.
Recordó que, ese fue el acuerdo firmado para no volver a las calles de El Salvador, Pino Suárez, Belisario Domínguez, Cuba y Donceles, donde “nos obligaron a volver, como toreros, al lanzarnos a la calle”; y esperaremos la resolución de la denuncia interpuesta en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tras la omisión de la CDHDF.
Mencionó que, la administración capitalina tiene “un revés con esta resolución y no podrá vender el terreno en 55 millones de pesos, para la construcción de un desarrollo inmobiliario de lujo, pues está obligada a entregarlo a los comerciantes, que “ya no aguantarán los abusos de la policía, que les exigen mordidas de 200 pesos o aplican horas de encierro en los juzgados cívicos”.
FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: LAURA GÓMEZ FLORES