En dicha recomendación solicitó se proporcione a los familiares de las víctimas la reparación integral del daño, que incluya una compensación y/o indemnización justa por la gravedad de los hechos.
En un comunicado, la CNDH consideró que por su naturaleza y gravedad, ese asunto trascendió el interés del estado de Veracruz e incidió en la opinión pública nacional, por lo que lo atrajo para conocer del caso y radicar el expediente de queja CNDH/1/2016/204/Q/, con el fin de investigar las violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de las víctimas.
El organismo destacó que los hechos fueron difundidos mediante diversas notas periodísticas los días 14 y 15 de enero del año pasado, y en ellas se dio a conocer que cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, involucrados en la desaparición forzada de las víctimas, fueron detenidos por la Fiscalía General del estado (FGE).
De acuerdo con las evidencias contenidas en el expediente de queja, el 11 de enero de 2016 las víctimas viajaban en un vehículo particular del Puerto de Veracruz hacia Playa Vicente, en esa misma entidad federativa, y al llegar al municipio de la Cuenca del Papaloapan fueron detenidas por agentes de la SSP, aproximadamente a las 12:00 horas.
En la misma fecha, a las 20:15 horas policías de esa corporación localizaron el vehículo en el que se trasportaban las víctimas, en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.
Dos días después, el 13 de enero, la CNDH recibió la queja en la que se denunció que entre las 12:30 y las 13 horas del 11 de ese mismo mes y año, el hijo de la persona denunciante se transportaba en un vehículo particular, en compañía de cuatro personas más, y que al llegar a una gasolinera ubicada en la carretera federal 140, en las inmediaciones de un negocio comercial denominado “Súper Che”, en Tierra Blanca, fueron detenidos por agentes de la SSP, desconociendo hasta esa fecha el paradero de los agraviados.
Señaló que de las evidencias que la CNDH se allegó con motivo de las investigaciones documentales y de campo, visitas y entrevistas, así como de la información recabada de diversas autoridades federales y locales, se contó con elementos para acreditar violaciones graves a los derechos humanos, de conformidad con lo siguiente:
– A la legalidad, seguridad jurídica y a la libertad personal por la detención arbitraria de las víctimas, atribuible a servidores públicos de la SSP del estado de Veracruz.
– A la integridad personal, con motivo de los actos de tortura cometidos en agravio de las víctimas, por parte de policías veracruzanos y de diversas personas que, de acuerdo con las actuaciones ministeriales, reconocieron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
– A la libertad e integridad personal por la desaparición forzada de las víctimas, imputable a personas que, de acuerdo con las actuaciones ministeriales, aceptaron pertenecer al CJNG, quienes contaron con la autorización, apoyo o aquiescencia de agentes de la SSP del estado de Veracruz.
– A la vida, con motivo de la ejecución arbitraria de las víctimas, toda vez que la FGE determinó que fueron privadas de la vida por parte de personas que, de acuerdo con actuaciones ministeriales, declararon pertenecer al CJNG, quienes contaron con la autorización, apoyo o aquiescencia de miembros activos de la SSP.
– A la legalidad, seguridad jurídica y a la verdad, atribuibles a servidores públicos de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSP, por abstenerse de resolver en definitiva la responsabilidad en la investigación administrativa instruida en contra de los policías estatales involucrados en los hechos.
Adicionalmente, la CNDH sostuvo que ha observado con preocupación, desde hace varios años, “la problemática existente en el estado de Veracruz sobre desaparición de personas, motivada entre otras causas por la falta de implementación de políticas públicas para prevenir y combatir este ilícito, además de la conjunción de impunidad, violencia, inseguridad y colusión de agentes policiales con el crimen organizado”.
Eso, subrayó, “se traduce en violaciones graves a derechos humanos por el impacto que genera en las víctimas, sus familiares directos y la sociedad en general, porque los derechos vulnerados son los básicos e indiscutibles para la efectiva convivencia social en un régimen de respeto al Estado de Derecho, como son los relacionados con la dignidad humana y la integridad personal”.
Por todo lo anterior, la CNDH solicitó al gobernador de Veracruz que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se proporcione a los familiares de las víctimas la reparación integral del daño, que incluya una compensación y/o indemnización justa por la gravedad de los hechos.
De igual manera, que se les proporcione atención médica, psicológica y tanatológica, con trato digno, sensible y con calidez, y que el titular de la SSP les ofrezca una disculpa pública institucional.
Entre otras cosas, también deberá colaborar en la integración de la carpeta de investigación que inicie la Procuraduría General de la República con motivo de la denuncia que formule la CNDH contra quien o quienes resulten responsables por delincuencia organizada.
Además, Yunes deberá dar instrucciones para que la Comisión de Honor y Justicia de la SSP determine a la brevedad y conforme a derecho la investigación administrativa contra los policías estatales que participaron en las conductas cometidas contra los agraviados y se deslinden las responsabilidades correspondientes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/495556/la-cndh-pide-al-gobierno-veracruz-reparar-dano-a-familiares-victimas-del-caso-tierra-blanca