México es el país con la situación más crítica en las Américas: 200.000 asesinatos y 32.000 desapariciones en una década. Esta comunicación detalla cómo entre los años 2009 y 2016 en Coahuila se cometieron crímenes de lesa humanidad dentro de los que destacan, la privación grave de la libertad física, tortura y desapariciones forzadas, como parte de un ataque sistemático contra la población civil de dicho Estado.
“La investigación realizada aporta información clave y de primera fuente sobre más de 500 casos concretos, testimonios, e indagaciones concluyentes que permiten evidenciar que se trata de crímenes de lesa humanidad”La CPI tiene competencia material y temporal sobre crímenes cometidos en territorio mexicano o por nacionales mexicanos ya que Los Estados Unidos Mexicanos ratificaron el Estatuto de Roma el 28 de octubre de 2005. La falta de investigación en México y la naturaleza de los delitos registrados hacen ineluctable la apertura de una investigación por parte de la CPI, frente a la cual las autoridades mexicanas se han mostrado hasta ahora reticentes.
El informe demuestra que en Coahuila no se está frente a una situación de violencia esporádica ni tampoco de violencia que se deba únicamente a los carteles de la droga. El informe identifica la existencia de una política de parte de (una estructura) del estado de Coahuila de permitir y apoyar activamente un ataque en contra de la población civil. La información analizada lleva los autores del informe a concluir que del 2009 al 2011/ 2012: Las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad con los Zetas en un contexto de innegable colusión. Y del 2011/ 2012 al 2016: Las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad directamente a través de las fuerzas especiales.
La comunicación presentada a la CPI se basa en 500 casos de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada, y en particular de los expedientes de 73 víctimas. La comunicación incluye también dos episodios particularmente violentos que de por sí podrían constituir crímenes de lesa humanidad: la matanza por parte de los Zetas (organización mexicana de narcotráfico y terrorismo) de entre 60 y 300 aldeanos en Allende, en marzo de 2011.
La evidencia sugiere que no sólo el municipio sino también el gobernador de la época estaba al tanto de lo que se preparaba, y que los Zetas contaron con la pasividad e incluso con la cooperación de las fuerzas de seguridad. Y la gestión de la prisión de Piedras Negras, el CERESO, la cual bajo la responsabilidad del Gobierno del estado de Coahuila se convirtió en un centro de operaciones de los Zetas de 2008 a 2012.
Los prisioneros podían salir a su antojo, y traficar diversos elementos tales como transformar y maquillar vehículos, fabricar chalecos antibalas, entre otros. Lo más grave fue que al menos 150 personas habrían sido asesinadas allí, y sus cuerpos fueron quemados o disueltos en cubos con ácido. Tales acciones no habrían sido posibles sin la complicidad de la administración de la prisión y sus autoridades.
Una vez que el examen preliminar sea abierto por la CPI, y la existencia de crímenes contra la humanidad reconocida, quedará en manos de la CPI determinar si tiene, o no, jurisdicción sobre este caso, y por lo tanto determinar si las autoridades mexicanas emprendieron o van a emprender acciones legales para juzgar a los autores o cómplices de crímenes contra la humanidad, entre los cuales figuran altos funcionarios y figuras públicas.
INFORME: https://es.scribd.com/document/352995804/Rapport-Mexique-Num-5#from_embed
FUENTE: FIDH/ CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI)
FECHA: 5 DE JULIO 2017.
LINK: https://www.fidh.org/es/temas/justicia-internacional/corte-penal-internacional-cpi/mexico-asesinatos-desapariciones-y-torturas-en-coahuila-de-zaragoza#panel2a