“No avalamos el último borrador hecho por el gobierno porque estamos lejos de poder reunir el estándar internacional (que ya existe en 16 países). Se queda en medio entre el estándar mínimo de responsabilidad social de los noventa y los internacionales establecidos por la ONU sobre la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos [de comunidades afectadas por proyectos]”, dijo en conferencia de prensa Benjamín Cokelet, director de Poder.“La CFE, Pemex y CONAGUA deben ser las primeras en poner el ejemplo, pero en el borrador no se comprometen con la responsabilidad de garantizar los derechos humanos”, enfatizó Alfredo González de Oxfam.
Astrid Puentes, co-directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), aclaró que se deslindan de la redacción, pero seguirán el monitoreo hasta el resultado final.
“Un texto por debajo de los estándares internacionales es una oportunidad perdida para México para mejorar la garantía efectiva de los derechos humanos”, afirmó.
Karen Hudlet, investigadora del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), enfatizó la necesidad de que las comunidades indígenas afectadas por los proyectos empresariales participen en la mesa de trabajo de la elaboración de este Programa, cuya implementación es una obligación del Estado.
El borrador actual sigue sin atender las principales peticiones de la sociedad civil. Astrid Puentes, de AIDA, expuso que la Secretaría de Gobierno ha aclarado que el proceso de negociación es complejo, ya que también participa el sector empresarial. Sin embargo, añadió, no se está pidiendo algo que no exista.
Las prioridades expuestas por el Grupo Focal se han basado en principios rectores de la ONU. Las que siguen ausentes en la propuesta del gobierno son:
-No se contemplan acciones efectivas sobre el acceso al remedio y a la justicia. Se ignoró la recomendación de implementar la reforma a la Ley de Amparo de 2013, la cual permite señalar a las empresas como autoridad responsable cuando cometan violaciones a derechos humanos.
-Está en gran medida ausente la obligación de las compañías de identificar impacto social y ambiental antes de invertir en un proyecto, para evitar o mitigar daños.
-No se contemplan los mecanismos sólidos de protección para defensores de derechos humanos y periodistas.
-No se reconoce como derecho la consulta previa, libre e informada para obtener el consentimiento de pueblos y comunidades indígenas para la actividad empresarial en sus territorios.
-No es explícita la responsabilidad del Estado de garantizar los derechos humanos cuando es el actor económico.
Astrid Fuentes, de AIDA, aseguró que la Segob se comprometió a concluir la creación del Programa Nacional de Empresas y Derechos a finales de agosto, “pero ha habido una falta de claridad en los tiempos y en las rutas de trabajo”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-07-2017/3271892