Los uniformados que forman parte del organismo público descentralizado denominado Instituto de la Policía Auxiliar Estatal (IPAE), son explotados por las autoridades estatales que firman contratos con particulares que violan leyes y tratados internacionales en materia de protección al trabajo, indican documentos oficiales en poder de Apro.
Los informes refieren que el servicio de seguridad, protección y vigilancia que ofrece el gobierno de Astudillo al sector empresarial e institucional, tiene un costo mensual de 15 mil 324 pesos, por la vigilancia y resguardo de instalaciones de 12 horas y lo doble, es decir, por 24 horas 30 mil 648 pesos al mes.
No obstante, los mil 500 policías estatales que conforman el IPAE y de los que se desconoce cuántos de ellos están certificados, reciben un salario mensual de 4 mil pesos.
Además de ser obligados a trabajar jornadas que violan derechos laborales y sin prestaciones básicas que marca la ley, informaron agentes que pidieron el anonimato por temor a represalias.
El resto de las ganancias, son administradas en total opacidad por el secretario de Seguridad Pública y de Finanzas en la entidad, Pedro Almazán Cervantes y Héctor Apreza Patrón, quienes forman parte del Consejo de Administración y Gobierno de la paraestatal, informaron fuentes oficiales.
Tan solo en el caso del complejo minero el Limón-Los Huajes, asentado en el municipio de Cocula, donde la empresa Media Luna comenzó sus trabajos de exploración y extracción de oro desde hace más de cinco años, la cantidad que le ha generado al gobierno estatal por concepto de pago de seguridad privada asciende a 367 mil 776 pesos anuales, es decir, un millón 838 mil 880 en el último lustro, indicaron las mismas fuentes.
No obstante, la cartera de clientes del gobierno estatal es muy amplia y abarca planteles escolares, paraestatales, así como empresas consideradas como socialmente “irresponsables” y que han padecido las consecuencias del nivel de impunidad y violencia que se vive en Guerrero.
Los documentos oficiales indican que además de la minera canadiense Media Luna (Torex Gold), la empresa tabacalera British American Tobaco, es otro opaco cliente del gobierno de Astudillo.
También, la cervecera Cuahtémoc-Moctezuma; las refresqueras Pepsi y Coca Cola Femsa.
Los almacenes de la cadena Liverpool, El Palacio de Hierro y Coppel; la empresa de autotransporte Estrella de oro y sucursales de fábricas de embutidos y lácteos como Sigma y Sello Rojo.
Así como el hotel Princess y el Forum Mundo Imperial de Acapulco, ambos propiedad del empresario dueño de Grupo Autofin, Juan Antonio Hernández Venegas, principal beneficiario con el desarrollo inmobiliario autorizado en la Zona Diamante del puerto que se caracteriza por ser una franja de manglar susceptible a inundaciones severas.
Además del sector privado, el IPAE tiene a su resguardo instalaciones de paraestatales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE); Petróleos de México (Pemex).
Las casetas de peaje de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y las oficinas del DIF Guerrero, la Secretaría de Educación estatal; la Comisión Nacional del Agua (Conagua); del Consejo de la Judicatura Federal (CJF); el Instituto Nacional Electoral (INE), y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).
Pese a ello, la semana pasada un grupo armado ejecutó a dos trabajadores de Bansefi y se robó un millón de pesos del programa Prospera que sería entregado a campesinos del municipio de Ahuacuotzingo, donde también fueron asesinados cinco policías municipales que resguardaban el convoy y portaban armas y uniformes oficiales a pesar de que no estar registrados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En contraste, una de las atribuciones legales del IPAE que se encuentran en el decreto de creación 095, está la de “custodia bienes y valores, incluyendo su traslado”.
A pesar de que el IPAE opera de forma irregular y proporciona servicios de seguridad privada al sector empresarial e institucional, es considerado como “el órgano regulador y de supervisión” de empresas de seguridad privada y policías auxiliares municipales.
Los directivos que explotan a los policías estatales tienen entre sus facultades supervisar la homologación de cuotas por servicios de seguridad privada y regulación de armamento que portan agentes municipales y privados.
Así como “vigilar que se cumpla” con los requisitos y la capacitación del personal operativo de empresas privadas y municipios, “respetando” sus prestaciones conforme a lo que marca la ley y sus garantías individuales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/496938/seguridad-privada-en-guerrero-oportunidad-negocio-gobierno-astudillo
