La adolescente de 14 años, cuyo nombre real no se revelará para proteger su identidad, pudo escapar en un descuido del agresor. Ana corrió por un camino de terracería desde la iglesia hasta la casa de sus vecinos, quienes llamaron a la policía municipal.
Williams fue capturado minutos después del ataque.
Tras la detención, la policía de Yecapixtla prometió que un día después llevaría a la joven y a su madre al municipio de Cuautla, para que le practicaran los peritajes médicos y psicológicos, pero no cumplieron con su palabra ni con el Protocolo para la Atención Médica de Mujeres Víctimas de Violencia en Morelos, que obliga a las autoridades a atender de manera inmediata cada caso.
Ana tuvo que viajar a Cuautla en transporte público, y con sus propios recursos, para que un médico del Ministerio Público la revisara. Llegó con la misma ropa enlodada y sucia que vestía un día antes, cuando la violaron, porque así se lo pidieron los policías de Yecapixtla.
Ya en el consultorio, el médico legista, cuya identidad no ha sido revelada, ni a los familiares de la adolescente, no creyó la versión de Ana e incluso le dijo que el hecho de que le introdujeran los dedos en sus partes íntimas no era una violación.
Además, el médico legista omitió tomar fotografías de las heridas que Ana tenía en su cuello, cara y cuerpo y no le dio los medicamentos retrovirales a los que tiene derecho cualquier víctima de violación sexual.
“El médico me dijo: no vamos a echar al tipo a la cárcel, porque aquí no hay nada para mostrar… Tú no tienes nada”, señala Ana.
“A la hora de revisarme, de introducir un cotonete grande, (el doctor) me lastimó (la vagina), ahorita todavía me duele”, dice la menor, seis días después de la revisión. “Me estuvo diciendo que era rebelde… que no le hice casó a mi mamá”, agrega la joven, quien considera que el médico, antes de encontrar evidencia, quería responsabilizarla, hasta que “me volteó por atrás y me dijo que ahí sí había violación, pero que en la parte de adelante no, que cómo iban a comprobar si ahí no había nada”.
Sin acceso a los expedientes
El pasado 17 de julio, la Fiscalía de Morelos informó que “la impunidad no tiene cabida” en esa entidad y que el presunto agresor de Ana fue vinculado a proceso por el delito de violación, por lo que el juez que atendió el caso le dictó tres meses de prisión preventiva. Del intento de feminicidio, las amenazas y los golpes no se dijo nada.
Hasta ahora, Roberta, la mamá de Ana, ha tratado de obtener una respuesta del porqué el agresor de su hija no fue acusado de intento de homicidio y de agresiones físicas, por lo que solicitó copia del expediente del caso y acceso a los peritajes, pero no se lo han dado.
No solo eso. Ese mismo 17 de julio, cuando el juez vinculó a proceso a Williams por violación, a la mamá de Ana no se le permitió estar en la audiencia, con el argumento de que sería un “proceso privado”, para proteger la identidad de la víctima, en este caso su hija menor de edad.
Un día después, cuando Roberta acudió nuevamente al Ministerio Público de Cuautla, para pedir una copia del expediente, personal de la Fiscalía le hizo saber que se había dado una segunda audiencia, pero nadie le notificó al respecto.
Lo que sí se le concedió a la familia de Ana, por parte del MP de Cuautla, fue una patrulla que los vigila todo el día, como parte de las medidas cautelares a las que tienen derecho como víctimas, ya que temen que el agresor tenga la posibilidad de tomar replesalias en su contra, por denunciarlo.
Animal Político buscó la versión del gobierno de Morelos sobre las violaciones al protocolo de atención a víctimas denunciadas por Ana y su mamá, sin embargo, la respuesta fue que ya se había consignado al presunto agresor.
Los costos de la equidad en Morelos
En 2016, la Comisión Estatal para la Prevención de la Violencia de Género Contralas Mujeres, que se creó tras la alerta de género para 8 municipios de Morelos, gastó 79 millones para erradicar este tipo de casos y mejorar los protocolos de atención a las víctimas.
El Programa Integra Mujeres reportó que, ese año, Cuautla gastó 500 mil pesos para atender la alerta por violencia de género, con acciones como la capacitación de funcionarios encargados de la atención a las víctimas. Un año después, aprobaron un millón de pesos para ese municipio y 101 millones de pesos en total para todo el estado.
Pese a dichas capacitaciones a funcionarios de Cuautla, el caso de Ana no ha sido remitido a ninguna instancia de atención especializada ni se ha respetado el derecho de la familia a acceder a la revisión del expediente, ser notificados de las audiencias y recibir la asesoría jurídica necesaria.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubican a Morelos como el cuarto estado a nivel nacional, con más denuncias por violaciones sexuales. Tan solo en 2016 se registraron 43 casos por cada cien mil habitantes.
Los sueños de Ana
Tras la agresión, Ana solo se levanta de la cama para platicar cómo abusaron de ella y lo único que la hace sonreír es contar sus sueños de seguir con sus estudios, ya que quiere ser médica criminóloga. Su meta es “curar a las personas, para ayudarles en lo que necesiten”, dice.
A pesar de que tiene claro su objetivo, la joven sabe que su madre tendrá que hacer un gran esfuerzo para pagar sus estudios, debido a que los cinco integrantes de la familia dependen de un puesto ambulante en la plaza del pueblo.
Otro de sus sueños es que el camino de terracería, que diario cruza para ir a la secundaria, cuente con más iluminación.
Ana todavía no tiene claro cuáles son sus derechos como víctima, porque después de la agresión ninguna autoridad se los ha hecho saber. Pero está segura de que el médico legisla de Cuautla no debió ser “grosero” ni acusarla de mentir.
“Sí les llega a tocar un doctor así que lo denuncien”, pide Ana a otras víctimas de agresiones sexuales, como ella. “No es correcto lo que hacen”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBA CALDERÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/07/cuautla-adolescente-violada/