CHIHUAHUA, Chih: El presidente del movimiento Unión Ciudadana, Jaime García Chávez, informó hoy que promovió un amparo ante la justicia federal en la Ciudad de México para exigir a la Procuraduría General de la República (PGR) que, luego de casi tres años de interponer la demanda penal contra el exgobernador César Duarte Jáquez, ejerza acción penal contra él y el exsecretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral.
La denuncia es por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de atribuciones, luego de que Duarte creó un fideicomiso de 65 millones de pesos para capitalizar a la institución bancaria Unión Ciudadana que, posteriormente, intentaron convertirla en banco y en la que la Secretaría de Hacienda depositó más de 86 mil millones de pesos de las arcas públicas.
García Chávez reprochó que el gobernador Javier Corral Jurado se olvidó de esa denuncia luego de haber llegado al poder. Lo calificó de egoísta y vanidoso.
El activista refirió que la denuncia que él presentó el 23 de septiembre de 2014 y que impulsó también Javier Corral cuando era uno de los líderes de Unión Ciudadana, no podría tramitarse sin contemplar el expediente inicial presentado por Unión Ciudadana y el propio gobernador panista, cuando era integrante de ésta.
El expediente AP/PGR/UEAF/001/2014/09 fue el sustento contra la lucha anticorrupción en Chihuahua, que derivó en un resultado electoral, agregó García Chávez. Dijo que Corral Jurado lo ha olvidado y ni siquiera lo menciona. “Ya se le olvidó que había esta lucha en la que él mismo participó y nos parece una gran responsabilidad (…) todo apunta hacia allá, que él quisiera ser el ‘San Jorge’ que mata la corrupción en Chihuahua y la realidad es que él abdicó de la vida ciudadana para incorporarse a la vida de la clase política en México”, agregó ante medios locales.
Jaime García advirtió que no se trata de un juego de vanidades o de egoísmos, sino de no perder de vista que es una lucha por y para la dignidad y justicia hacia todo el pueblo de Chihuahua.
Respecto al recurso que presentó ante un juzgado federal, el abogado explicó que buscan que la denuncia que inició la lucha contra la corrupción de la administración duartista no se quede fuera ante una eventual extradición del exmandatario chihuahuense.
En la demanda de amparo señalan a la PGR como la autoridad que ha sido omisa y específicamente a la Unidad de Análisis Financiero, pues ahí se radicó el expediente, por lo que hay una evidente denegación y obstrucción a la justicia penal.
Además, puntualizan que la ciudadanía acogió la lucha de la Unión Ciudadana y decidió entregar el poder a un partido político de signo distinto que actualmente está al frente del gobierno de Chihuahua.
“De ninguna manera la Unión Ciudadana ha entregado una abdicación o una renuncia a seguir atendiendo este expediente tan importante (…) es un hecho mayúsculo”, dijo.
García Chávez indicó que decidieron interponer el amparo porque es un momento coyuntural, ya que esa demanda la pueden dejar fuera de los cargos atribuidos a César Duarte.
“Además del retraso con el que ha venido atendiendo este tema (el gobierno estatal), con la negligencia y la incuria propia de los gobiernos que no atiende de manera puntual las cosas, aparte ya ha hablado de que renuncia a la vía de la deportación de César Duarte, que se pasea tranquilamente en Estados Unidos, para iniciar la extradición y traerlo ante los tribunales nacionales y al de Chihuahua”, justificó.
Si la extradición llega a solicitarse, Chihuahua se pondría en manos del presidente Enrique Peña Nieto, advirtió, ya que es el único que tiene la capacidad constitucional de solicitarla a través de la cancillería a Estados Unidos.
En el recurso de la vía de la extradición significa que el exgobernador sólo podría ser procesado por los delitos por los que soliciten la extradición y se corre el riesgo de que se convierta en “una patente de corso más para la corrupción política”, concluyó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/496986/union-ciudadana-promueve-amparo-la-pgr-acuse-a-cesar-duarte-enriquecimiento-ilicito