La saña con la que mataron a 12 jóvenes -varios de ellos estudiantes- y un bebé, el uso de un número importante de armas largas, la ausencia premeditada de las policías municipal y estatal, la complicidad de las corporaciones con los grupos delictivos, así como la sordera de las autoridades a los gritos de justicia y la impunidad se convirtieron en la cotidianidad de la Tarahumara, del estado y del país.
Luego de una marcha de la parroquia de Creel al lugar donde ocurrió la tragedia, los sacerdotes jesuitas Javier El Pato Ávila Aguirre y Miguel Quintanilla, -éste último, director de la Clínica Santa Teresita en Creel-, celebraron esta tarde una misa en la plaza convertida en un santuario para recordar a las víctimas.
En entrevista con Apro, El Pato, quien además es presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac) y consejero de la Comisión de Atención a Víctimas del gobierno de Javier Corral, anunció que retomará el caso como consejero para luchar aún por que se haga justicia.
“Seguiremos manteniendo viva la memoria, aunque los sistemas le apuesten al olvido. Retomaré yo el caso como consejero porque nadie aceptamos que este lamentable suceso -la primera masacre del país- se archive.
“Pediremos al gobierno estatal que se termine de construir el espacio en donde cayeron los muchachos y exigiremos a las autoridades municipales que se respete la plaza, porque cuando los repartos de apoyos de Prospera se hacen en un lugar cercano, convierten ese lugar en un mercado y un basurero cuando es considerado un santuario para las familias”, agregó.
Ávila Aguirre oficiaba misa en la parroquia de Creel, cuando le avisaron de la masacre. Al llegar, además de dar soporte moral a las víctimas, se vio obligado a actuar como agente del Ministerio Público para recabar evidencias con el apoyo de algunos familiares, a los que les alcanzaba la mente para hacerlo.
La exprocuradora Patricia González Rodríguez pidió al jesuita que levantara las evidencias fotográficas y cuidara la escena, ante la ausencia de autoridades para hacerlo, mismas que tardaron horas en llegar. Entonces, los padres estaban volcados sobre sus hijos y era necesario cuidar el mayor número de evidencias; aunque hasta ahora de poco han servido.
Olor a muerte
El dolor de las familias y de los mismos pobladores de Creel se reaviva cada año con mayor intensidad, porque aquella tarde del 16 de agosto de 2008, vieron imágenes trágicas que jamás habían imaginado. Olieron la muerte. Los cuerpos quedaron esparcidos en el interior y exterior de las instalaciones de la empresa paraestatal Productos Forestales de la Tarahumara (Profortarah).
Los cadáveres de las víctimas, destrozados, permanecieron hasta la madrugada del otro día porque no había ni agentes policiacos ni del Ministerio Público para resguardar la escena del crimen y retirar a los jóvenes masacrados.
Ahí estaba Edgar Alfredo Loya Ochoa, de 33 años, quien murió abrazando a su hijo que estaba a punto de cumplir un año y a quien le traspasó la misma bala, de acuerdo con el peritaje tardío.
Juan Carlos Loya tenía 21 años y su padre, Eliseo Loya Ochoa, era presidente seccional de Creel en ese periodo. Fue de las pocas autoridades municipales que acudió al lugar y encontró a su hijo.
Luis Daniel Armendáriz Galdeán tenía 18 años, fue otro joven alcanzado por las balas cuando estaba a punto de ser papá. El año pasado, su hija externó en un mensaje público: “Papito. Me haces falta, te extraño mucho”.
En el 2009 falleció Daniel Parra Urías, padre Daniel Alejandro Parra Mendoza, de 20 años, quien también fue víctima de la masacre. El primero recibió una llamada de su hijo cuando agonizaba, para avisarle que estaba herido. El señor investigó lo que había sucedido, como el resto de las familias, pero en una ocasión que viajó a Cuauhtémoc, lo “levantaron”. Horas después, localizaron su cuerpo en la carretera Cuauhtémoc-Chihuahua.
Bertha Alicia Galdeán, madre de Fernando Adán Córdova Galdeán de 19 años, no alcanzó a conmemorar como cada año, el sexto aniversario de la masacre porque murió. Era tía de Luis Daniel Armendáriz, e intentó quitarse la vida un año antes, pero quedó en estado vegetativo hasta que en junio de 2014 no pudo más.
Padres de otras víctimas enfermaron de diabetes, hipertensión, depresión o angustia.
Gloria Loya, madre de René Lozano González, de 17 años, desarrolló lupus. Era tía de Óscar Felipe Lozano Loya, de 19 años, hijo de Ana Loya. Ambas madres son estilistas, eran madres solteras y juntas enfrentaron la tragedia.
Óscar Loya, padre de Kristian Loya Ortiz, un estudiante de arquitectura de 17 años, enfermó de cáncer en la garganta.
Con coraje e impotencia por la tragedia, las familias de las víctimas protestaron con energía los primeros años: detuvieron el tren Chepe con turistas que viajaban a las Barrancas del Cobre, tomaron la caseta de la carretera de Cuauhtémoc, bloquearon carreteras, se manifestaron con ataúdes en la capital, interrumpieron actos del entonces gobernador, José Reyes Baeza Terrazas, y del alcalde en turno.
Sin embargo, no fueron escuchados o han conocido una “justicia” endeble. El caso se ha apilado en los archivos de la fiscalía, entre cientos de casos similares que se han documentado.
Las víctimas de la masacre son: Alberto Villalobos Chávez (28 años), Juan Carlos Loya Molina (21), Daniel Alejandro Parra Mendoza (20), Alfredo Caro Mendoza (36), Luis Javier Montañez Carrasco (29), Fernando Adán Córdova Galdeán (19), Kristian Loya Ortiz (22), Edgar Alfredo Loya Ochoa (33), Alfredo Horacio Aguirre Orpinel (34), Luis Daniel Armendáriz Galdeán (18), Óscar Felipe Lozano Lozano (19), Édgar Arnoldo Loya Encinas (1) y René Lozano González (17).
Justicia endeble
Hace tres años, en noviembre de 2014, un Tribunal de Juicio Oral liberó a Sandro Gilberto Romero Romero, uno de los hombres señalados como culpables de aquella masacre, porque consideró que no había elementos suficientes para condenarlo.
El representante legal de las familias, Fausto Salgado, presentó un recurso de casación para impugnar la resolución y demostrar que Romero pertenece al grupo delictivo “La Línea” del Cártel de Juárez. Pero hasta ahora continúa libre.
Además, fueron sentenciados Luis Raúl Pérez Alvarado La Chicharrona a 82 años seis meses de prisión. José Manuel Saucedo Reyes La Kila o El Lince, fue detenido por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO), por acopio de armas, portación de arma de fuego y delincuencia organizada.
Jorge Salvador Villa Cruz fue liberado el 2 de marzo de 2012 porque obtuvo el beneficio de un criterio de oportunidad por la información proporcionada, para identificar y obtener órdenes de aprehensión y sentencias contra otros participantes en los hechos.
La Fiscalía tiene pendientes, desde hace nueve años, las órdenes de aprehensión contra Óscar Alberto Mancinas Pérez El Guacho, Iván Montes González El Colibrí, sobrino de la exprocuradora Patricia González Rodríguez, y Antonio Casavantes Calderón El Malandro.
Fausto Salgado, representante legal de las familias, aseguró en su momento que el Tribunal Oral invalidó la confesión del testigo de cargo porque no fue declarado por la defensa, aun cuando éste no era imputado en esa misma causa pena y acreditó que fue amenazado para proteger a los sicarios.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/499323/a-nueve-anos-la-masacre-en-creel-anuncian-retomaran-caso-exigir-justicia