Aunque originalmente lo citaron para que diera explicaciones sobre las investigaciones en el robo a hidrocarburos, había un tema reciente y latente que no podían obviar: los señalamientos de espionaje a periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas, hechos por instituciones académicas y medios como The New York Times, que se le hicieron al gobierno de Enrique Peña Nieto.
No es un tema fácil para cualquier funcionario, pero debería serlo para quien tiene la obligación de investigar los actos irregulares, los quebrantos a la Ley, y la corrupción en el Gobierno Federal.
De hecho aun con información producto de investigaciones periodísticas, más que de diligencias ministeriales, se ha determinado que si una dependencia está inmiscuida en el caso de espionaje, o como lo han calificado en redes #GobiernoEspía, es precisamente la PGR, aunque no la actual, sino la anterior que encabezaba Arely Gómez, hoy Secretaria de la Función Pública que también debería investigar el caso de espionaje.
Pero ni uno ni otro. De las 40 preguntas que los legisladores le hicieron a Raúl Cervantes sobre la denuncia pública de espionaje por parte del Gobierno Federal, a través del programa Pegasus (una herramienta para espionaje que la empresa NSO Group solo vende a Gobiernos, y lo hizo al mexicano), el Procurador no respondió ni una sola. Respuestas parciales ofrecieron los titulares del CISEN, de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, e incluso el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien compareció por el mismo tema.
¿Cómo se puede confiar en un Procurador que no investiga la corrupción en el Gobierno? No se puede, así, definitivamente. No se puede. Raúl Cervantes ha sido un Procurador comparsa desde octubre de 2016 cuando tomó posesión del cargo. No ha investigado ni a los extraños ni a los propios. No ha logrado sentencias contra narcotraficantes, secuestradores o extorsionadores notorios en México. Que sean producto de un trabajo preciso y científico por parte del Ministerio Público Federal que encabeza el Procurador. Tampoco ha habido investigaciones serias, contundentes y comprometidas contra los corruptos, por parte de la Procuraduría que encabeza. Su Ministerio Público apenas pudo empapelar a Javier Duarte por unos cuantos millones de pesos, los suficientes para que un Juez le determinara la orden de aprehensión.
Otros ex Gobernadores del PRI como César Duarte, no han sido tocados por la PGR, y los expedientes que lleva en el extranjero contra Tomás Yarrington y Roberto Borge, se han significado también por la burocracia. El Procurador no sale a dar la cara y no muestra la mano dura que alguien en su posición debe tener para quien cometa delitos en México. No ha dicho por quiénes va, ni por cuáles delitos. No ha dicho del caso de los ex Gobernadores, y recientemente llamó a declarar a Emilio Lozoya Austín en el caso de corrupción de la brasileña Odebrech, casi obligado por la presión social y el propio señalado, que por ser un fiscal de hierro.
El Procurador Cervantes no impone ni respeto, ni temor, ni precaución por quienes han delinquido y deben o están siendo investigados. Las indagaciones las hace de manera más benévola y lenta que con la dureza y la propiedad de una fiscalía imparcial. Tiene sus razones, Raúl Cervantes es un soldado del PRI y hechura del Presidente de la República, a quien sirve y se nota.
Por eso la sociedad civil organizada, grupos de activistas, y ahora las fracciones panistas en el Poder Legislativo Federal, quieren cambiar una disposición en uno de los transitorios de la reforma que en 2014 dio forma a la Fiscalía General de la República, que indica que cuando la transición suceda, quien esté al frente de la PGR pasará en automático a ser el titular de la Fiscalía, cargo que durará por nueve años. Sería el Fiscal para cerrar el presente sexenio, estar en el siguiente y una parte del que le seguirá en el 2024.
El propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, cuando la presión de la sociedad civil y los empresarios organizados fue demasiado para su vida pública, envió en noviembre de 2016 una iniciativa para cambiar ese texto, justificó:
Que… “el transitorio décimo sexto de la reforma constitucional que establece el tránsito del Procurador a Fiscal en forma automática, no abona a centrarse en la discusión del modelo institucional de la Fiscalía”.
El “objetivo” de la Presidencia era que la Cámara de Senadores le aprobara la iniciativa, eliminara el pase automático del Procurador, y aprobara la Ley Orgánica en el Congreso de la Unión, para que la Fiscalía entre en funciones. Pero no ha sucedido ni una ni otra cuestión.
Los priístas, soldados del Presidente, no han trabajado sobre la iniciativa que les envió en noviembre del 16, la tienen congelada, y sabiendo que particularmente los tricolores no se mandan solos, ello significa que no han manejado el tema con toda premeditación oficial. Lo que sí han hecho, es cabildear con legisladores de otros partidos para lograr los votos suficientes (dos terceras partes), y aprobar la Ley Orgánica tal como está y llevar con ello a Raúl Cervantes de Procurador a Fiscal.
Mientras los panistas encabezados por Ricardo Anaya, están decididos a enfrentarse con el PRI, antes de ceder esa posición a un personaje como Cervantes. Hasta ahora la instrucción azul es que romperán relaciones, negociaciones y acuerdos con el PRI en tanto no se modifique el transitorio que convierte al Procurador en el Fiscal, eso dicen, no está en juego ni es negociable. Aseguran que se jugarán en ello lo que les queda de capital político en este sexenio.
El acuerdo panista indica que, incluso, en las siguientes semanas estarían pidiendo la renuncia de Cervantes, precisamente porque se ha negado a investigar como es debido e informar a la sociedad mexicana, del caso de espionaje desde el Gobierno Federal.
Jorge Ramos Hernández dice, a la fecha, que la PGR es un espacio de complicidad hacia el actual Gobierno Federal, y que de quedarse nueve años en la Fiscalía, Cervantes le cubriría las espaldas al Presidente Enrique Peña Nieto y a los suyos, no investigaría todos los actos de corrupción que se dice han cometido en la presente administración federal y en varios estados de la República Mexicana.
Así el PAN de Ricardo Anaya se ha comprometido a no ceder la Fiscalía General de la República al PRI, aunque en ello vaya la no aprobación de la Ley de Seguridad Interior, y el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, pieza fundamental que falta para activar el engranaje del Sistema Nacional Anticorrupción y comenzar a perseguir los actos de corrupción de administraciones públicas actuales.
Hace unos días también, miembros de la sociedad civil organizada y grupos empresariales y de activismo, lanzaron un llamado y se manifestaron pacíficamente, para hacer captar la atención del Presidente de la República, del líder del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, para conminarlos a crear “una Fiscalía que sirva”, donde –entre otras exigencias- coinciden en la necesidad de no permitir el pase automático del Procurador a Fiscal General de la República.
Justificaron: “Los datos públicos sobre el desempeño de la PGR desde hace mucho tiempo constatan su probada incapacidad. Ello tiene que ver con la arquitectura institucional, el modelo de gestión, la ausencia de mecanismos de control, los recursos humanos, las prácticas institucionales, entre otros elementos.
“Es fundamental que la nueva Fiscalía General no herede los vicios de la PGR –por lo que debe comenzar desde cero- y que la discusión de la Ley orgánica y el proceso de implementación de la misma tengan como objetivo central construir una institución que sea un pilar sólido de gobernabilidad democrática, seguridad pública y Estado de Derecho en México”.
El próximo 1 de septiembre, con la entrega del quinto informe de gobierno, inicia el penúltimo periodo de sesiones del Poder Legislativo Federal, de ese día y hasta el 15 de diciembre, después de ello, del 1 de febrero al último día de abril de 2018, tendrán su último periodo de sesiones, son los dos únicas ventanas de oportunidad que tienen los legisladores para aprobar los cambios y la Ley Orgánica para que entre en vigor la Fiscalía General de la República, así como designar Fiscal Anticorrupción, y que en los dos casos, den certeza a la sociedad mexicana de ir por un Estado de Derecho real, y la investigación sobre los corruptos, sean estos gobernadores, secretarios, secretarios de Estado, o ex Presidentes.
La bola está en la cancha de los partidos, y el PRI y el Verde le apuestan al continuismo, a la complicidad de Raúl Cervantes para encabezar la Fiscalía General, a la permanencia de la impunidad política con un personaje tachado de ser comparsa del Gobierno, protector de los corruptos y cómplice de los criminales, al no investigarlos, procesarlos y llevarlos hacia una sanción ejemplar, que por fin demostraría que en México la corrupción y la delincuencia se combaten de raíz.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-08-2017/3296050