Equipos empaquetados y sin instalarse; licitaciones posteriores a la adquisición de los bienes, y compras sin avisar a la Función Pública, lo que encontró la ASF al revisar contratos de la Sedena por un valor de 2 mil 400 millones de pesos
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que bienes adquiridos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en 2016, se encuentran aún empaquetados y sin fecha de instalación porque no se ha acondicionado el espacio en donde deben ser ubicados.
Además, la Secretaría encargada de organizar y administrar al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos adquirió aeronaves sin haber avisado a la Secretaría de la Función Pública del proceso.
El valor de los contratos con irregularidades suma 2 mil 411 millones 268 mil 900 pesos. No se detectó malversación de fondos ni desvío de recursos; pero sí irregularidades administrativas que motivaron la promoción de investigaciones y procesos de responsabilidad administrativa sancionatoria contra los servidores públicos involucrados.
Equipo de hospital… empaquetado
Hasta 115 millones suma el valor de los contratos para equipar un hospital con algún tipo de irregularidad detectados por la ASF. Se trata de adquisiciones de bienes y servicios para un centro médico ubicado en la ciudad capital de Yucatán: Mérida. La Sedena no justificó por qué se optó por procesos cerrados; los bienes se entregaron después de la fecha límite, y muchos de ellos se encuentran aún empaquetados sin fecha de cuándo podrán ser instalados.
La Sedena pagó 109 millones 295 mil pesos para equipar el Hospital Militar Regional de Especialidades de Mérida, Yucatán. Mediante 10 contratos adquirió un sistema de aire acondicionado, elevadores, sistema de gases medicinales, lavanderías, material eléctrico, transformadores, material de media tensión, quirófanos, sistemas a base de colectores solares y calentadores industriales de alta presión, UPS, planta de emergencia y transformadores, y suministro e instalación de voz y datos.
Nueve de los contratos fueron adjudicados mediante un proceso de invitación a cuando menos tres personas. El décimo fue adjudicado de manera directa. Es decir, los mecanismos de contratación fueron cerrados. Para ello debió haber existido respaldo documental que justificara tales procedimientos.
Sin embargo, según el informe de la ASF, “no se contó con la investigación de mercado ni con la consulta en CompraNet que el área responsable [de la Sedena] debió realizar antes del inicio del procedimiento de contratación, por lo que no se tiene la certeza de que con la selección de las empresas participantes se aseguraron las mejores condiciones para el Estado”.
Pero no fue la única irregularidad en esta materia, ni la más grave. Con respecto de cuatro contratos (SDN/17455/2016/08, SDN/17455/2016/10, SDN/17455/2016/15 y SDN/17455/2016/19), las empresas no entregaron la totalidad de los bienes durante los 10 días posteriores a la firma de los documentos. Sin embargo la Sedena no presentó a los auditores de la ASF ningún tipo de justificante ni garantías de que se entregaría lo que se adquirió.
Por ello, la ASF emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. Lo anterior, para que “el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos”.
Además, con respecto de estos mismos contratos y otros seis (SDN/17455/2016/13, SDN/17455/2016/11, SDN/17455/2016/21, SDN/17455/2016/18, SDN/17455/2016/25 y SDN/17455/2016/16) ya finiquitados, la Sedena no proporcionó evidencia documental de la recepción de los bienes “la cual es indispensable para respaldar los pagos parciales y totales que […] efectuó al proveedor dado que dichos pagos se encontraban condicionados a la entrega de los bienes”.
Aunque después de la auditoría la Sedena proporcionó actas de recepción parciales, “en todos los casos no se proporcionó la recepción final a entera satisfacción de las áreas usuarias”.
La ASF consideró “solventada” la observación con las instrucciones que giró la Sedena a sus propias áreas para que fortalezcan sus mecanismos de control y supervisión.
También como parte del equipamiento del Hospital Militar Regional de Especialidades, la Dirección General de Sanidad de la Sedena realizó una licitación pública para la adquisición de dos lámparas quirúrgicas led de doble satélite, una lámpara led para emergencias, dos unidades de electrocirugía, dos unidades de anestesia de alta especialidad y una mesa quirúrgica.
Para ello se celebraron cuatro contratos por 974 mil 400 pesos (4500024884/2016), por 2 millones 62 mil 500 pesos (4500024885/2016), por 560 mil 200 pesos (4500024886/2016) y por 2 millones 666 mil 800 pesos (450025240/2016).
El problema que detectó la ASF es que nunca se concretó de manera definitiva la recepción de una lámpara quirúrgica led para emergencias, dos unidades de electrocirugía y una mesa quirúrgica avanzada. Hasta marzo de este año los equipos permanecían en sus empaques de fábrica sin uso. Todo porque los trabajos de obra de las áreas donde se instalarán los equipos no se han concluido. Lo peor, reportan los auditores, es que ni siquiera se tiene una fecha programada para su terminación.
Criadero de ganado, simulación de licitación
Más de 17 millones de pesos tienen el valor de un contrato celebrado por la Sedena para la adquisición de bienes y servicio para un criadero de ganado. Lo que encontraron los auditores de la ASF es que se simuló el proceso de licitación. La empresa “ganadora” incluso capacitó a operadores de la Sedena e instaló el sistema requerido antes de que se publicara la convocatoria para dar inicio con el proceso de adjudicación del contrato.
Para el Criadero Militar de Ganado de Santa Gertrudis, Chihuahua, la Sedena adquirió siete sistemas de riego por aspersión por pivote central y un sistema de riesgo por microaspersión. De acuerdo con el contrato CMG-001/SVR/2016, firmado el 18 de agosto del año pasado, la dependencia gubernamental pagó 17 millones 96 mil 800 pesos.
Lo que encontró la ASF es que sólo se simuló el proceso de licitación. De antemano, la Sedena ya había decidido a qué empresa le iba a adjudicar el negocio. Más aún, ya se habían adquirido los bienes antes de iniciar el procedimiento de manera formal.
En efecto, desde el 16 de mayo y hasta el 4 de junio de 2016, cinco personas de la Sedena recibieron capacitación para el armado estructural de los bienes adquiridos. Y las propuestas de cotización de las empresas, así como los estudios de mercado tienen fecha del 1 de junio de ese año. La Auditoría concluye que “antes del inicio del procedimiento, ya se había seleccionado al proveedor con el que se llevaría a cabo la compra, y ya se habían adquirido los bienes, por lo que el procedimiento de adjudicación únicamente se llevó a cabo para regularizar la adquisición”.
Abunda en que “todos los documentos presentados por la Sedena, además de no haber estado integrados en el expediente respectivo, presentan una fecha posterior a aquella en la que se recibió la capacitación por parte del proveedor, e incluso posterior a la fecha en la que ya se habían recibido algunos bienes, lo que confirma que el procedimiento se realizó con el fin de regularizar la adquisición”.
Por ello, la ASF emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria contra los servidores públicos responsables de tal irregularidad y solicita al Órgano Interno de Control que realice las investigaciones pertinentes.
Fuerza Aérea: compra de aviones sin avisar a Función Pública
A finales de 2016, la Sedena compró una docena de aviones para la Fuerza Aérea Mexicana. Para ello desembolsó casi 2 mil 300 millones de pesos. La ASF encontró todo en orden, salvo en un asunto: la institución militar no informó de la adquisición a la Secretaría de la Función Pública, como lo marca la ley.
La Sedena adquirió para una de sus armas, la Fuerza Aérea Mexicana, 12 aviones con sus respectivos suministros y servicios asociados. Para ello, el 16 de noviembre pasado suscribió el contrato plurianual F.A.M.-806/PL/2016 por un monto de 114 millones 790 mil dólares, equivalentes a 2 mil 295 millones 800 mil pesos (a un tipo de cambio de 20 pesos por dólar y con vigencia hasta agosto de 2019).
De acuerdo con la ASF, la Sedena no informó a la Secretaría de la Función Pública de la firma de este contrato, como lo señala la ley. Por intervención de la Auditoría, el Oficial Mayor de la Sedena instruyó –mediante el oficio PPTO./521, fechado el 5 de abril pasado– al director general de Administración “adoptar las medidas necesarias a efecto de los expedientes que contienen la documentación que soportan los procedimientos de adquisición de bienes relacionados con los proyectos que se registran en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contenga toda la información necesaria para acreditar las mejores condiciones de compra para el Estado, y para que los contratos que se celebren como resultado de dichos procedimientos se informe invariablemente a la Secretaría de la Función Pública en tiempo y forma”.
Para conocer los avances en las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y la posición de la Sedena ante las observaciones de la ASF, Contralínea solicitó una entrevista ante la Dirección General de Comunicación Social de la dependencia, encabezada por el general Marco Antonio Álvaraz Reyes. Hasta el cierre de edición no se había obtenido respuesta.
El año pasado la Sedena ejerció 9 mil 280 millones 167 mil 400 pesos en bienes muebles, inmuebles e intangibles. Le había sido autorizado un presupuesto de 7 mil 852 millones, pero gozó de “ampliaciones presupuestarias netas” por otros 1 mil 428 millones.
FUENTE: CONTRALINEA
AUTOR: ZÓSIMO CAMACHO