Los damnificados por el derrame tóxico que contaminó al río Sonora denunciaron que el consorcio los amedrenta por exigir la remediación de los daños que ocasionó el mayor desastre ambiental en la historia del país y cambió radicalmente el estilo de vida de los pobladores de siete municipios de la ribera.
Además, dijeron, la empresa bloqueó el Fideicomiso Río Sonora y sus exigencias no han sido atendidas por el encargado del fondo, Rodolfo Lacy Tamayo. También niega la presencia de residuos tóxicos que vertió sobre el cauce del río e intimida a los afectados.
A tres años de la contingencia, los habitantes documentaron que las afectaciones se han complicado debido a la acumulación de metales pesados en su organismo, en el agua para consumo humano y en los mantos freáticos.
En la reunión, los pobladores relataron sus padecimientos y externaron cómo la empresa ha amagado sus manifestaciones, incluso señalaron daños sicológicos ante la impotencia por la nula solución a sus exigencias e incertidumbre ante el miedo de enfermarse.
Afectaciones sin precedentes
Aún desconocemos el nivel de gravedad del derrame, con el paso del tiempo vemos más afectaciones en la salud, en la economía, en nuestro estilo de vida; antes vivíamos tranquilos, ahora hasta en lo sicológico sufrimos; Grupo México nos amedrenta imponiendo su poder con el gobierno y humillándonos, declaró Ramón Miranda, representante del CCRS del municipio de Aconchi.
Óscar Encinas Gámez, agricultor de Ures, recordó que el derrame del 6 de agosto de 2014 no es el único daño provocado por Grupo México; antes y después de éste se han contaminado las aguas del río con desbordes de tóxicos, al no contar la mina con las medidas de seguridad.
La mina siempre ha lanzado su cochinero al río, muchas veces hemos visto cómo el agua cambia de colores, a veces hasta brilla, declaró.
Dijo que en sus visitas a la mina atestiguó que la empresa mantiene sus presas de jale sin protección, cerca de la carretera y endebles ante desbordamientos, inundaciones o fugas.
Francisca García Enríquez, representante del CCRS de Aconchi, señaló que a partir del derrame comenzó la compra de agua embotellada para beber y preparar sus alimentos, lo que afecta la economía de las familias que antes consumían el líquido directamente de las llaves.
Ninguno de nosotros puede negar que el derrame nos cambió la vida, pero para mal. Fue mucho lo que perdimos aquel día y, tres años después seguimos padeciendo las consecuencias, recalcó.
Marco Antonio Ochoa, alcalde de Banamichi, afirmó que Grupo México apostó al olvido del problema y a la vulnerabilidad de las comunidades, difundiendo en medios locales que el cauce estaba limpio, callando a los inconformes con dinero.
En entrevista, el munícipe señaló que en reiteradas ocasiones los siete ediles de la zona han reclamado a Rafael Pacchiano Alamán, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), falta de voluntad y ausencia en las arbitrariedades cometidas por la trasnacional.
El cumplimiento de nuestra función se ha visto limitada en extremo, a partir de las consecuencias económicas, sociales y de salud provocadas por la contaminación a todo nivel, Grupo México pretende mostrarse ajeno y deslindarse del resultado la negligencia que está aniquilando a nuestros municipios, señala el oficio firmado por los alcaldes.
Asimismo, las autoridades locales exhibieron a Lacy Tamayo, presidente del Comité Técnico del Fideicomiso, como un irresponsable, al no defender el cumplimiento de éste y por abandonar la zona afectada exponiendo la salud de los ciudadanos por defender los intereses del consorcio de Germán Larrea.
Derivado de la catástrofe se perdieron activos, se afectó la producción agrícola y ganadera, el comercio y los servicios, lo que nos llevó a la bancarrota y el desprestigio de la marca de productos del río Sonora, se reclama en el documento con firma de recibido por la Secretaría de Gobierno en abril de 2016 y admitidos por autoridades de la Semarnat en la Ciudad de México, que han sido ignorados por Grupo México
Varios compromisos firmados
Durante la reunión de comités, los afectados reiteraron que su interés no es económico, exigen a la empresa cumplir con los compromisos firmados, entre ellos la instalación de 36 potabilizadoras, la reubicación de pozos de agua, limpieza y remediación en el río y análisis de sus aguas, así como castigo a los responsables que han facilitado la operación a pesar de los daños a la población y al ambiente.
En 36 meses transcurridos desde el desastre ambiental, Germán Larrea permanecen y su minera siguen impunes y protegidos por las autoridades mexicanas, a pesar las denuncias de la Organización de las Naciones Unidas por violentar los derechos humanos de la población, dijeron.
FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: CRISTINA GOMEZ LIMA
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2017/08/06/estados/023n1est