CIUDAD JUÁREZ, CHIH: José Luis Castillo Carreón se mueve entre los montículos de arena del desierto para mostrar los sitios donde han sido localizados cadáveres y restos de mujeres durante casi 25 años en esta ciudad fronteriza.
Del Cristo Negro a Lomas de Poleo –donde se hallaron cuerpos de jovencitas en los noventa–, pasando por el centro de la ciudad, donde fueron vistas por última vez la mayoría de las desaparecidas, hasta el Camino Real donde, dice, han sido encontradas al menos 12 víctimas, cuatro en lo que va del año, Castillo Carreón instruye sobre la historia trágica que puso a Ciudad Juárez bajo la mirada internacional.
Lo cubre una larga lona rosa a la que le hizo un agujero por el medio para colocársela a manera de gabán que le llega arriba de las rodillas. Él lo llama mandil y tiene la fotografía de su hija Esmeralda, de 14 años cuando desapareció, el 19 de mayo de 2009, en el centro de Ciudad Juárez mientras esperaba el autobús para llegar a su casa.
El primer año, toda la familia de Castillo Carreón se unió a la búsqueda de Esmeralda, incluida Martha Rincón, la madre de la joven.
Castillo recorrió esas calles disfrazado de teporocho, con una cobija bañada en alcohol para saber quién se habría llevado a su niña. Eran tiempos duros. Juárez se convirtió en la ciudad más violenta del mundo.
“Todo mundo tenía miedo de hablar –cuenta–. No podías salir a preguntar así nomás; era la forma de investigar porque las autoridades no hacían nada. Empezamos a protestar porque se nos sumaron familias de otras niñas desaparecidas. Ahora somos 45.”
Con el mandil como segunda piel, Castillo es un icono en esta ciudad fronteriza por su búsqueda de jovencitas desaparecidas. En este año, comenta, van 25, cuyas edades oscilan entre 15 y 20 años. Todas son de tez morena clara, cabello largo y de bajos recursos; se desconoce su paradero.
Con su singular atuendo, Castillo asiste a actos públicos para exigir justicia. En 2011, durante la inauguración de las instalaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer –en la que presuntamente se invirtieron 150 millones de pesos–, increpó al entonces gobernador César Duarte.
“Tenía coraje, porque un día anterior que acompañé a unas señoras para denunciar una desaparición, policías ministeriales dijeron que no podían salir a buscar porque las trocas no tenían gasolina”, recuerda.
Castillo también se enfundó en su mandil cuando encabezó una marcha en 2012 que partió de Juárez hacia la ciudad de Chihuahua, para denunciar las desapariciones de mujeres.
“Cinco personas empezamos la caminata; la terminamos como 350. Duarte no nos recibió porque estaba en un evento en Chiapas, en el arranque de la Cruzada contra el Hambre, cuando aquí somos miles con hambre de justicia.”
Castillo, de 57 años, guía a los reporteros por la ruta de las cruces rosas, pintadas y repintadas por familiares de víctimas. Están colocadas en los lugares donde las chicas fueron vistas por última vez, muchas de ellas desaparecieron luego de apearse de los autobuses de la Ruta 16.
El padre de Esmeralda recorre calles como 16 de Septiembre, las vías aledañas a la catedral y los pasos peatonales; camina por el centro de Ciudad Juárez y muestra, a quien quiera ver, los resultados de las “pesquisas” pegadas en los postes con las imágenes de las adolescentes desaparecidas.
El tour incluye las calles donde desde 2016 se realiza el “Esmeraldatón”, organizado cada 28 de enero, fecha del cumpleaños de Esmeralda. Ese día, dice, “le damos consejos a las niñas para que puedan defenderse… Nos hubiera gustado que alguien le hubiera acercado esa información a nuestra niña; a lo mejor estaría con nosotros”.
El infatigable activista reflexiona: “Definitivamente es una banda muy bien organizada con mucho poder económico. Creemos que se las llevan para Estados Unidos porque la mayoría de los cuerpos son encontrados en áreas cercanas a la línea divisoria”.
Dice que su hija fue víctima precisamente de una banda sofisticada de trata de personas. Su caso, dice, está siendo investigado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la PGR, así como por la Fiscalía General del estado, en el área de Personas Ausentes y en la de Lesiones.
Martha Rincón, la madre de Esmeralda, recuerda que el mismo día que su esposo se manifestó frente al presidente Peña Nieto, ella asistió a la fiscalía por un citatorio. Las autoridades no le dieron información por falta de avances.
Después supo que en marzo de 2013 se localizó un fragmento de tibia en Arroyo del Navajo, coincidente con el ADN de la familia Castillo Rincón. “Les dije a los de periciales que eso no demostraba que mi hija estuviera muerta… Si me hubieran enseñado un cráneo, les creería”, cuenta doña Martha.
La desconfianza no era gratuita. Después de años de lidiar con las autoridades y padecer la represión sobre todo del gobierno de Duarte, ella y su esposo observaron irregularidades en las indagatorias: Servicios Periciales se demoró dos años en informarles sobre la identificación; además, el laboratorio Bode Technology, con sede en Virginia, Estados Unidos, hizo un presunto análisis genético, sin notificar a la familia agraviada, como marca el protocolo ordinario de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE).
“Durante años a mucha gente le dan un huesito y le dicen: ‘Aquí está tu hija, deja de buscar’. La gente se conforma y se va con su huesito, pero con nosotros se equivocaron”, dice doña Martha. Desde abril pasado, ella y su esposo consiguieron que su hija siga siendo considerada desaparecida.
Los rastreos
Curtidos por el sol del desierto del Valle de Juárez, los padres de Esmeralda Castillo Rincón se sumaron a los rastreos ciudadanos en Arroyo del Navajo en septiembre de 2016, que hoy encabezan.
Eran los últimos meses del gobierno de Duarte y los primeros de Corral cuando el matrimonio decidió buscar más restos. Tenían la certeza, dicen, de que esa zona es “un tiradero clandestino de restos. Están a ras de tierra; ni siquiera hay fosas”.
En Arroyo del Navajo el área de genética de Servicios Periciales ha identificado los restos de 20 jovencitas, en tanto que la FGE ha procesado a cinco personas por 11 homicidios.
Con el apoyo de ciudadanos que simpatizan con su causa, los Castillo Rincón se convirtieron en asesores. Han encabezado cinco rastreos, a los que han asistido “a fuerza” agentes investigadores y peritos de la fiscalía general.
Durante los primeros rastreos, la información con que contaban los Castillo Rincón era que en la región del Valle de Juárez se tenía un registro de 106 desaparecidas –niñas y mujeres adultas– y 500 hombres.
“En siete años, la fiscalía encontró más de 40 restos –comenta Castillo–. Nosotros en 20 horas hemos encontrado 60 en el entorno donde se localizó el supuesto fragmento de Esmeralda”.
Castillo y su hijo han estado en la cárcel en ocho ocasiones por acusaciones fabricadas. De 2011 a la fecha han resistido los hostigamientos de las autoridades, que se intensificaron a partir de este año.
“Eran llamadas de menos de un minuto, me decían que le bajara de huevos, que si quería terminar como Maricela (Escobedo), que si quería que mi familia que llora por la desaparición de Esmeralda ahora lo hiciera por mí”, relata Castillo.
Ante las amenazas, Castillo se acogió al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Asesorado por los abogados David Peña y Karla Micheel Salas, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, acudió a la PGR, que en 2015 abrió una investigación. La dependencia descubrió que las llamadas amenazantes salían del conmutador de las oficinas del gobierno del estado, y en junio pasado la procuraduría declinó la investigación a la fiscalía estatal.
Castillo se muestra indignado. “No estamos conformes con que el gobierno del estado se investigue a sí mismo. Vamos a insistir en que sea la PGR, y aunque en la administración del señor Corral no hemos recibido amenazas, hasta ahora no nos ha querido recibir. Creen que estoy loco, pero si me llaman así por exigir justicia y buscar a mi hija, bendita locura”.
Este reportaje se publicó en la edición 2126 de la revista Proceso del 30 de julio de 2017.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ (REPORTAJE ESPECIAL).