El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá tendrá “un plazo razonable” de unos 60 días para completar el proceso, de acuerdo con el juez Mauricio Marín, que junto a otros dos magistrados validó el arresto del ex Gobernador de Quintana Roo en Panamá y aceptó la ampliación de la acusación en su contra hecha por México.
Marín indicó en el segundo día de la audiencia que México fundamentó debidamente la detención de Borge por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de funciones públicas y peculado, que ahora se añaden al pedido original de extradición.
El proceso queda ahora en manos de la Cancillería, que deberá decidir sobre el proceso de extradición del mexicano sin restricciones de tiempo, aunque el juez consideró que no debería excederse de los 60 días.
De aceptar la extradición, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe emitir una resolución que podría ser objeto de un incidente de objeción ante la Corte Suprema de Justicia por parte de la defensa, aclaró el Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Panamá, José Antonio Candanedo.
El juez Marín negó medidas cautelares que beneficiaran a Borge bajo el argumento de que sus ingresos mensuales (unos 16 mil dólares mensuales) y su falta de arraigo en Panamá son prueba de una alta peligrosidad.
Ayer, el juez del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, Mauricio Marín, que dirige la audiencia sobre la solicitud de extradición a México, aplazó para para hoy la sesión sobre este caso, debido a su “complejidad”.
El pasado 27 de julio la Procuraduría General de la República (PGR) informó que el Gobierno de México había pedido formalmente al de Panamá la extradición del ex Gobernador.
Borge, quien gobernó el estado de Quintana Roo de 2011 a 2016, está acusado a nivel federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, y en el fuero común de peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.
El ex Gobernador Borge fue detenido la noche del 4 de junio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá, cuando se disponía a tomar un vuelo a París. Ahora está recluido en la cárcel El Renacer, a orillas del canal de Panamá.
Borge fue Gobernador de Quintana Roo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que lo expulsó de sus filas. Es, junto con los ex gobernadores Javier y César Duarte, de Veracruz y Chihuahua, respectivamente, parte de la nueva generación de priistas que, según el Presidente Enrique Peña Nieto, transformarían al país.
Hoy, Javier Duarte de Ochoa, quien permaneció más de 180 días prófugo, se encuentra preso y es juzgado por los delitos de enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y lavado de dinero, todos cometidos en Veracruz.
César Duarte Jáquez, se sabe, se encuentra en El Paso, Texas, disfrutando su libertad, pese a que desde marzo pasado un juez giró la primera de tres orden de aprehensión en su contra.
Borge Angulo está acusado de al menos seis delitos cometidos durante su administración. Cuatro denuncias han sido interpuestas en la Procuraduría General de la República (PGR) y dos en la Fiscalía General del Estado (FGE) que gobernó corrompiendo y sometiendo a la prensa.
Entre todos los delitos destaca la “venta ilegal de bienes públicos, sobre todo en los terrenos que son reserva territorial del estado de Quintana Roo”.
A Roberto Borge se le atribuye el ecocidio cometido en el manglar Tajamar, en Cancún, por aprobar un proyecto inmobiliario que afectó al menos 57 hectáreas y el cual, gracias a la intervención de activistas, se suspendió.
Durante toda su administración, Roberto Borge, quien hasta abril pasado contaba con más de 200 escoltas, vendió 9 mil 500 hectáreas de la reserva de Quintana Roo.
Además, usó decenas de prestanombres, la mayoría familiares y amigos. Ante la PGR sólo fueron acusadas 11 personas relacionadas con la compra y venta de terrenos a sobreprecio.
Borge Angulo recibió una deuda total por 10 mil 037 millones de pesos, y la elevó 123 por ciento al entregarla en 22 mil 442 millones de pesos. Repartida entre el millón y medio de personas que conforman su población, cada quintanarroense debería 14 mil 946 pesos en comparación con los 7 mil 571 pesos que cargaba en sus espaldas en el 2010.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-08-2017/3276429