A México se le acabó la “válvula de escape” económica que por décadas fue la migración y ahora estaría por recibir hasta seis millones de mexicanos susceptibles de ser deportados de Estados Unidos en los próximos ocho años por la administración del Presidente Donald Trump.
El escenario fue advertido hoy en el foro “Relación México-Estados Unidos: viejos desafíos, nuevas realidades”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
En la cifra coincidieron los investigadores académicos Tony Payán, de la Universidad Rice, y Jayesh Rathod, de American University, quien mencionó un aumento de hasta un 38 por ciento en el número de arrestos en los primeros cien días de la Presidencia de Donald Trump con respecto al mismo periodo el año anterior.
La cantidad planteada representa más del doble de los 2.4 millones de connacionales deportados a México por parte de los ocho años de la administración de Barack Obama, que había sido ya la cantidad más alta en la historia.
“Se acabó la válvula de escape que fue un alivio al mercado laboral y por el envío de remesas”, dijo Gustavo Mohar, ex subsecretario de Migración y Población en el sexenio del panista Felipe Calderón y ahora consultor de inversionistas extranjeros en materia de Seguridad.
La presión sobre México, advirtieron los ponentes, se verá en términos económicos, laboral, de vivienda, salud, educación y otros en regiones como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, pero sobre todo en los estados del norte, que vivirán una “presión extraordinaria” por la población deportada que buscará mantener contacto con Estados Unidos.
“Muchos regresan a México y ya se están asentando, hemos visto comunidades enteras en Tijuana, en Nogales, en Ciudad Juárez, que se están asentando en las comunidades; los propios Gobernadores de oposición del norte, los panistas de Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y el independiente de Nuevo León tuvieron una primera cumbre para tratar de discutir qué va a pasar (…) La presión va a ser extraordinaria sobre la frontera”, dijo Payán, director del Centro México del Instituto Baker.
“Porque muchas de esas familias van a preferir asentarse en las ciudades fronterizas porque no van a querer que sus hijos pierdan acceso a ciertos beneficios en Estados Unidos, por ejemplo ir a la escuela (…) creo que México no tiene la capacidad de absorber a estas personas que vienen de Estados Unidos, va a ser una presión extraordinaria sobre los servicios que tienen que ofrecer”, agregó.
Mohar planteó que otra problemática será la falta de previsión en México para la readaptación de personas con antecedentes criminales graves que retornen y que, como ocurrió en Centroamérica, dijo, podrían aumentar la población vinculada a las organizaciones delincuenciales o susceptible de ser captados por éstas.
“En México hay poca capacidad institucional para ayudar a los paisanos”, dijo el ex funcionario.
También Raúl Hinojosa, investigador de la Universidad de California en Los Ángeles, calificó de “dramáticas” las implicaciones de una cantidad tal de deportaciones. “No nada más es deportar a la gente, especialmente si regresan a las comunidades de origen: es muchísimo peor en términos de caídas per cápita, también para las remesas, se acaban las remesas, y la manera en que muchas comunidades dependen de las remesas y el impacto negativo en la economía de Estados Unidos (…) vas a tener una crisis de refugiados en la frontera”, dijo.
En el foro se recordó que una de las primeras acciones de Trump fue firmar, en enero, una orden ejecutiva en materia de “seguridad fronteriza” y que, entre otras medidas, acabó con la política de ciudades “santuario” que permitía a corporaciones policiacas locales reservarse la persecución de violaciones a las leyes migratorias, así como la ampliación de motivos de deportación a migrantes con antecedentes aun por infracciones de tránsito.
“Hay un aumento en la deportación de personas aun con estatus legales y que están siendo acusadas de ayudar a entrar a sus hijos de manera ilegal; están tratando esto, que traten de ayudar a sus hijos, como violación a las leyes de migración”, narró Rathod, también abogado migratorio.
El foro se realizó hoy, a menos de una semana de que inicien en esta capital la segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) vigente desde 1994 y puesto en duda por el nuevo Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que basó su campaña presidencial en atacar a México.
“Estamos en el proceso de renegociación del TLCAN (el peor acuerdo comercial jamás hecho) con México y Canadá. Ambos muy difíciles, ¿puede que tenga que terminar?”, escribió Trump apenas el pasado domingo desde su cuenta de Twitter.
“Trump representa una carga emocional muy fuerte, y la pesadilla de la diplomacia mexicana se convirtió en realidad: nos pusieron en el centro de la campaña presidencial”, dijo Rafael Fernández de Castro, de la Universidad de California en San Diego, y quien agregó que el tema debe ser también parte de la campaña presidencial mexicana de 2018.
Payán, por su parte, agregó que México “no está exento de culpa” por ser un país expulsor de migrantes y por malas decisiones económicas, como, precisamente, la falta de protección al campo a partir de la entrada en vigor del TLCAN y que generó la mayor ola migratoria de mexicanos a Estados Unidos.
“México no tomó previsiones debidas para el sector agrícola; es más, yo creo que, a propósito, el Tratado de Libre Comercio fue diseñado para la destrucción propia del sector agrícola mexicano, que iba a resultar en el desplazamiento considerable de mexicanos del campo hacia Estados Unidos, y es exactamente lo que pasó”, dijo.
“Pero Estados Unidos tenía ya un plan, si ustedes ven, en el año 1994, que es crítico, entra el TLC en efecto y qué pasa? Sube el reforzamiento de las leyes migratorias de Estados Unidos ese mismo año. Ellos ya sabían que iba a cruzarse este fenómeno y se preparó para eso, en 94, el mismo año se declaró la operación Hold the line, en El Paso, que se extendió a California, Arizona, el mismo año que entra el TLC en efecto. El Gobierno de México ha utilizado la migración como una válvula de escape a sus presiones demográficas y a su renuencia a adoptar un programa de desarrollo económico”, agregó.
Otros datos planteados fueron que hasta cuatro millones de mexicanos sin documentos en Estados Unidos son parte de familias “mixtas”, con residentes o ciudadanos de ese país, por lo que otra parte de la problemática no atendida son los impactos sicológicos de la fractura de las familias.
“El problema es que la mayor parte de ellos son mexicanos que tienen muchos años en Estados Unidos, 10, 12, 15 o más años, enraizados en Estados Unidos, con hijos en Estados Unidos, y ¿qué va a pasar con estos hijos, que pudieran ser muchísimos menores de edad? O se quedan en Estados Unidos, cientos de miles de millones quizá, se calcula que cuatro millones son familias de estatus mixto, hijos ciudadanos, un padre o ambos indocumentados, o alguien en la familia sin estatus legal”, dijo Payán.
El TLCAN y la seguridad entre los dos países será discutido hoy en el segundo día del seminario sobre la relación bilateral.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-08-2017/3295115