En los últimos cinco años, la empresa ha facturado 92.8 millones de pesos gracias a la venta de sus productos (maquinaria, sistemas electrónicos, soluciones técnico-didácticas, etc.) a dependencias, como la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además de instituciones educativas, como el IPN, y los gobiernos de 14 estados, entre ellos Sinaloa y Michoacán, las dos entidades con las que ha tenido los contratos más altos.
Una revisión a la base de datos de contratos del sistema Compranet, a través de la página Contratobook, muestra que desde mayo de 2012 (cuando fue incluida en la lista negra del BM) a la fecha, la empresa ha establecido 47 contratos con dependencias federales y estados.
La inclusión en la lista negra del Banco Mundial, que también hizo suya el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señala que las empresas incluidas quedan inhabilitadas para recibir contratos con esas instituciones, “por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción”.
El Banco Mundial también explica que, tras la acusación en mayo de 2012, se ha dado un proceso administrativo en donde se le permite a las firmas y personas físicas señaladas presentar pruebas a su favor.
Para ello, se realizó una audiencia de la Junta de Sanciones del Banco Mundial, el 4 de octubre de 2011, donde el acusado presentó pruebas y argumentos para tratar de combatir el señalamiento, de haber presentado documentación falsa en un proceso de adjudicación.
La sanción no limita que pueda hacer negocios con otras empresas u organizaciones, a menos de que esas empresas u organizaciones cuenten con recursos de un programa financiado por el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.
La página del Banco Mundial informa que De Lorenzo Of America Corp está por salir de la lista, aunque no aclara la fecha en que eso se producirá, ni las razones por las que dejará ese listado.
Se buscó a la empresa para conocer su postura sobre su inclusión en la lista, las razones y el impacto que ha tenido en sus negocios, pero la firma declinó hablar sobre el tema.
Más empresas y personas físicas
De Lorenzo no es la única empresa ubicada en México incluida en la lista del Banco Mundial, pero sí es la única que siguió haciendo negocios con dependencias y estados tras la acusación.
Las otras empresas incluidas en la lista son: Macotro SA de CV, Global Scientific SA de CV, Ryoho Tech de México SA de CV, SNC – Lavalin de México SA de CV y SNC – Lavalín Ingeniería y Construcción SA de CV. Estas empresas no saldrán de lista hasta 2023.
Las primeras tres establecieron contratos con gobiernos en México, pero antes de ser incluidas en la lista, en mayo de 2012.
Otra asociación, Jóvenes Futuros Empresarios Por México, A.C. (Jemac), entró a la lista en 2015 y saldrá en 2022.
En cuanto a personas físicas vinculadas a las empresas señaladas, están: Andrés Jaramillo Jaimes, Andrés Rodríguez de la Torre, Blanca Estela García Rodríguez, Brenda Ponciano Mendoza, Gabriel Cruz Cervantes, Jesús Escorza Escorza, Johana Yasmin Contreras García, José David Escorza Escorza, José Rogelio Lira Pineda, Josefino Morales, Manuel Vázquez Hernández, Ramón Escorza Escorza, y Rebeca Ponciano Mendoza.
En lista del Departamento del Tesoro
En una revisión a las 231 empresas boletinadas actualmente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, hay tres que han hecho negocios con el gobierno federal mexicano y con un gobierno estatal, aunque presuntamente forman parte de redes de lavado de dinero.
El jardín de niños Estancia Infantil Niño Feliz recibió, por adjudicación directa, 3 contratos por 11.5 millones de pesos con el IMSS, entre 2002 y 2004. De acuerdo con la administración estadounidense, la empresa es propiedad de Ismael “El Mayo” Zambada y su hija, María Teresa Zambada Niebla.
La empresa ADT Petroservicios SA de CV facturó 2,095.9 millones de pesos entre 2003 y 2010, al establecer 24 contratos con Petróleos Mexicanos. Los estadounidenses ubican a la empresa como propiedad del veracruzano Francisco Antonio Colorado Cessa, Pancho Colorado, quién en 2012 fue detenido y acusado de lavar dinero para el cártel de Los Zetas.
Mientras que la empresa Distribuidora Médica Hospitalaria SA de CV, vinculada a Ezio Benjamín Figueroa Vásquez e hijo, tiene dos contratos otorgados por el gobierno de Yucatán, entre 2008 y 2009, por 443 mil pesos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERNESTO AROCHE AGUILAR.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/08/banco-mundial-empresa-lista-negra/