El gobierno del priísta Enrique Peña Nieto llega a su fin con una severa deuda social, no sólo por la crisis de seguridad que heredará a la próxima administración federal y la rampante corrupción, sino también por los millones de mexicanos en situación de pobreza y miseria que dejará.
Algo que no le quita el sueño al presidente ni a su círculo cercano, comprometidos en generar una estrategia para incidir en las elecciones presidenciales de 2018. Por eso fue el propio mandatario quien dio línea a los cambios estatutarios del Partido Revolucionario Institucional, para posibilitar la permanencia de un aliado en Los Pinos y evitar que llegue quien lo podría mandar a la cárcel por los daños que ha causado al país.
Pero esa deuda social no será pagada por el gobierno de Peña porque, al final del día, los pobres representan el voto del hambre, que facilita la compra y coacción de la voluntad de miles durante los procesos electorales.
Por ello, en este 2017 la administración federal no dudó en recortar el presupuesto a los programas sociales (21 mil millones de pesos a los del sector educativo, 8 mil millones a los de salud, 10.5 mil millones a los del medio ambiente, por ejemplo), pues su interés nunca ha sido sacar de la miseria a esas miles de víctimas.
Pero este año la “austeridad” que decretó Peña no sólo afecta a los programas sociales sino también a áreas prioritarias, como la seguridad nacional que sufrió un recorte de 5 mil millones de pesos, reveló la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados a inicios de 2017.
Esos recortes multimillonarios –aprobados por los diputados– tuvieron su origen en la baja recaudación de impuestos, que no alcanzó a cubrir las necesidades generales del país. El problema se agudizó, además, por los primeros efectos de la privatización de los hidrocarburos, principal fuente de riqueza de México hasta antes de la reforma energética de 2013, que concedió una buena parte del pastel a la iniciativa privada.
Para 2018, la situación no mejorará. El hoyo fiscal para ese ejercicio ya se calcula en 767 mil 545 millones de pesos, refiere el Presupuesto de gastos fiscales 2017, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De acuerdo con el documento, las pérdidas recaudatorias en el último trienio del gobierno de Peña Nieto sumarán 2 billones 253 mil 907 millones de pesos, a razón de 670 mil 323 millones en 2016; 816 mil 39 millones en 2017; más los 767.5 mil millones en 2018. Esas pérdidas sólo incluyen el llamado gasto fiscal; falta sumarle la multimillonaria evasión de impuestos.
Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, los gastos fiscales se refieren a lo que deja de recaudar el gobierno federal por concepto de tasas diferenciadas, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales, en los impuestos establecidos en las leyes federales en materia tributaria.
Los datos de la Secretaría de Hacienda revelan que las pérdidas en el impuesto sobre la renta (ISR) de empresas suman 335 mil 720 millones de pesos en los 3 años; en el ISR de personas físicas, 629 mil 631 millones; en el impuesto al valor agregado (IVA), 930 mil 809 millones; y en impuestos especiales y estímulos fiscales, 357 mil 747 millones.
De su informe destaca una tendencia al alza en las pérdidas correspondientes al ISR de las empresas, pues de seis conceptos, cuatro han crecido: deducciones, regímenes especiales o sectoriales (también tasas reducidas), facilidades administrativas y subsidio al empleo.
En igual condición se encuentran las deducciones del ISR de las personas físicas, las exenciones del IVA y de los impuestos especiales (que incluyen el impuesto sobre automóviles nuevos e impuesto especial sobre producción y servicios).
Estímulos fiscales
Del documento de Hacienda destaca el tema de los estímulos fiscales, que en el último trienio de Peña habrá generado pérdidas fiscales por 328 mil 978 millones de pesos: 93 mil 20 millones en 2016, 154 mil 854 millones en 2017 y 81 mil 104 millones en 2018.
Y sobresale porque se trata de beneficios directos generalmente a favor de grandes contribuyentes. Ejemplo de ello es el estímulo aplicable a la de por sí tacaña industria minera, que siempre encuentra pretextos para eludir impuestos.
El estímulo para el sector se identifica por el concepto de “acreditamiento [sic] en contra del ISR del derecho especial sobre minería a los contribuyentes titulares de concesiones y asignaciones mineras cuyos ingresos brutos totales anuales por venta o enajenación de minerales y sustancias a que se refiere la Ley Minera sean menores a 50 millones de pesos”. Y según estima Hacienda, en 2017 será de 119 millones de pesos y en 2018, de 122 millones.
Otro ejemplo es el de las pérdidas fiscales a favor de la industria energética privada. Por decreto presidencial, “los contribuyentes que importen y enajenen gasolinas, diésel y combustibles no fósiles, consistente en una cantidad equivalente al porcentaje de las cuotas de dichos combustibles aplicables contra dichas cuotas” podrán dejar de pagar impuestos por 65 mil 929 millones de pesos en 2017.
Y por estos beneficios hasta la industria dulcera sale ganando. Para ellos está el “estímulo fiscal a los importadores o enajenantes de chicles o gomas de mascar, consistente en una cantidad equivalente al ciento por ciento del IEPS que deba pagarse por la importación o enajenación de dicho producto”, que se estima en 84 millones de pesos en 2017 y en 90 millones en 2018.
Por eso las finanzas en México no cuadran y los más pobres siempre salen perdiendo.
FUENTE: CONTRALINEA
AUTOR: NANCY FLORES