Aseguró que el gobierno los encarceló “porque quiere paralizar a las comunidades para que no sigan funcionando las policías comunitarias”, por lo que advirtió que llevará el caso a la representación de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para evidenciar que se “criminaliza” el derecho a la defensa personal y comunitaria, así como la lucha social.
Explicó que a los tres policías comunitarios se les imputa hasta siete causas penales, entre las que destacan la portación de armas de fuego y terrorismo.
Por su parte, el Comité para la Libertad de Presos Políticos de Guerrero (CLPG) aseguró que continúa con la lucha para lograr la liberación de los detenidos.
El indígena na savi, Samuel Ramírez, fue hecho preso el 6 de octubre de 2013, cuando realizaba su labor como policía comunitario. El joven, que tenía 17 años, fue acusado de portación de armas de fuego y sentenciado a 4 años y seis meses de prisión.
Por otro lado, Gonzalo Molina fue detenido el 6 de noviembre del mismo año y se le acusó de secuestro. “Aunque él ha demostrado su inocencia y que los delitos que le imputan son falsos, sigue preso”, aseguró el CLPG.
El tercer detenido, Arturo Campos, fue acusado de secuestro y se encuentra preso en el penal de Ayutla de los Libres, Guerrero.
“El gobierno siente que teniéndolos dentro los está afectando; los afectados somos los familiares. Ellos (los presos) tienen la idea de que están luchando por su comunidad, cayeron ahí por estar brindando un servicio a la comunidad”, dijo la madre de Samuel, Beatriz Gálvez, luego de un enlace telefónico con los detenidos.
Otros integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) se encuentran presos, además de que las autoridades han girado 70 órdenes de aprehensión en contra de los policías comunitarios, a pesar de conformen una institución de los pueblos indígenas avalada por la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas de Guerrero, así como el artículo 2 de la Constitución Mexicana y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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