Un comparativo que hizo Proceso con el primer año de gobierno de los priistas Javier Duarte y Fidel Herrera, revela que el gobierno de Yunes Linares tiene mayores índices delictivos en homicidios, secuestros y robo de autos, con una disminución significativa en violaciones sexuales.
En los primeros ocho meses de gestión de Duarte se registraron mil 128 homicidios, 33 secuestros, 783 violaciones y 16 mil 557 robos, entre ellos mil 98 hurtos con violencia de autos.
Con Herrera se reportaron 886 homicidios, seis secuestros, 790 violaciones y 9 mil 771 robos, incluidos 152 robos de autos con violencia, según el registro del SESNSP.
En su campaña para la gubernatura Yunes Linares declaró a este semanario que si ganaba, colocaría a un militar en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para neutralizar la espiral de violencia y dar un “manotazo” a la corrupción de las delegaciones policiacas. Se dio de plazo un semestre para apaciguar la entidad.
Ya como gobernador, Yunes colocó en la SSP a Jaime Téllez Marie, un abogado penalista y exdirector de Tránsito Municipal de Boca del Río, el municipio que gobierna el hijo del mandatario, Miguel Ángel Yunes Márquez. Éste se perfila para ser el candidato del PAN a la gubernatura en 2018 y, pese a su voluntad política, no ha podido avanzar en la prevención del delito.
Para “reforzar” la función de Téllez Marie, el mandatario estatal ha solicitado cuatro veces el envío de la Gendarmería Nacional y la asignación de más policías federales, marinos y militares para inhibir la operación del crimen organizado, así como la presencia de policías militares en la región montañosa Córdoba-Orizaba.
La Secretaría de Gobernación le ha cumplido todas esas peticiones pero la violencia no cesa. El pasado 30 de agosto Yunes Linares de plano solicitó “mayor presupuesto” en el rubro de seguridad, sobre todo, dijo, para el fortalecimiento de las policías municipales.
El pasado 20 de junio Yunes le declaró la guerra a las bandas criminales que operan en Veracruz, como Los Zetas, Los Ántrax, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Vieja Escuela de Los Zetas, el Cártel de Sinaloa, el del Golfo y las células delictivas independientes.
Sin embargo, desde entonces sólo se ha conseguido la aprehensión de Hernán Martínez Zavaleta, El Comandante H, líder zeta en el sur de Veracruz y a quien la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) capturó en el municipio de Cárdenas, Tabasco.
También fue abatido por marinos, en el municipio poblano de Chipilo, Ricardo Pacheco Tello, El Quino, a quien el gobierno de Yunes señaló como líder del CJNG en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y como sospechoso de ordenar la ejecución del coordinador estatal de la Policía Federal, Camilo Castagné Velasco, y uno de sus subordinados. Este crimen se perpetró en el restaurante La Bamba, en la cabecera de Cardel, el pasado 24 de junio.
Apenas cayó preso el Comandante H, el fiscal regional de Veracruz, Jorge Morales Carrasco, discretamente renunció al cargo. Policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) –que pidieron el anonimato– aseguran que Morales tenía amistad con el líder criminal.
Hasta el momento no se sabe de avances en la detención, consignación o aprehensión de los “300 objetivos delincuenciales” que prometió asegurar el grupo de Coordinación Veracruz y que, a decir de Yunes Linares, son los “generadores de violencia”.
Sobre esos presuntos integrantes de varias organizaciones criminales que se confrontan por el control de las actividades delictivas en la entidad, el mandatario estatal afirmó: “No nos amedrentamos frente a una banda de delincuentes. No vamos a mentirle a los veracruzanos: ha sido una tarea difícil y compleja, nos estamos enfrentando a delincuentes de alta peligrosidad. No damos paso atrás en la lucha contra la delincuencia”.
Sin embargo, el gobierno de Veracruz ya ofreció un millón de pesos de recompensa por uno de sus principales objetivos, Roberto de los Santos de Jesús, El Bukanas o El Bukanans, líder de los ladrones de combustible en Puebla y entrenador de sicarios y estacas de Los Zetas en Veracruz.
El sospechoso continúa libre y operando en ambas entidades. El Bukanas, excomandante de la Policía Municipal de Maltrata, en la región montañosa veracruzana, ha escapado ya de tres operativos federales.
En septiembre de 2014, fuerzas militares irrumpieron en el rancho San Pedro, en la congregación Sierra de Agua, Cumbres de Acultzingo, lo que puso al descubierto una red criminal y de corrupción.
Dirigidos por De los Santos, policías municipales de Maltrata y Acultzingo, junto con sicarios de Los Zetas, entrenaban en ese rancho a futuros estacas de esa organización: jóvenes de entre 17 y 25 años a quienes les enseñaban a usar armas, además de “tablear” y torturar a sus víctimas en fosas de aguas negras o en celdas de castigo.
El resto de los objetivos no han sido dados a conocer. La FGE se ha limitado a anunciar detenciones de probables responsables de robo, fraude, estupro, abigeato, violación y privación ilegal de la libertad. Ninguno es jefe de plaza de Los Zetas, el CJNG o el Cártel de Sinaloa.
Sin respuesta ante el crimen
En el arranque del sexenio del priista Javier Duarte comenzó en todo el estado una batalla campal entre Los Zetas y Gente Nueva, brazo armado del Cártel de Sinaloa, mientras el Cártel del Golfo mantenía el dominio de la Huasteca.
Posteriormente Los Zetas se replegaron y, según averiguaciones previas de la FGE a las que este semanario tuvo acceso, comenzó a permitirse la entrada de células del CJNG.
Ahora, cuando el gobierno de Yunes cumple solamente 250 días, el mapeo delincuencial ya muestra el control casi absoluto del estado por el CJNG y, sobre todo en el sur de la entidad, la resistencia de los autodenominados Zetas Vieja Escuela, así como la persistencia de células dedicadas al robo de combustible.
El 21 de julio pasado, en el municipio sureño de Agua Dulce, junto al cuerpo de un ejecutado se localizó una cartulina roja con letras negras, en la cual se advertía que Los Zetas Vieja Escuela y el Cártel del Golfo darían la “batalla” contra los “traidores” y “volteados” que ayuden o se integren al CJNG: “Así se escondan en Villa (sic), Tuxtla, Xalapa, Poza Rica o Tijuana, donde sea los vamos a encontrar, bola de traidores”.
Desde ese día se volvieron a localizar hombres ejecutados y desmembrados; otra vez se vieron asesinatos a plena luz del día en municipios como Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán, Córdoba y Orizaba.
La madrugada del 3 de septiembre, una treintena de extremidades humanas fueron abandonadas sobre los cofres de dos automóviles con reporte de robo en la colonia Díaz Serdán. Una cartulina naranja advertía a la Fuerza Civil y a la SSP que los asesinados eran robacarros y daba a entender que el crimen organizado realizaba labores que las corporaciones policiacas rehuían: “Debes agarrar a estos robacarros y no andar violando y torturando a gente trabajadora e inocente”.
El 22 de agosto pasado fue asesinado el reportero de El Diario de Acayucan, Cándido Ríos, junto con el excomandante policiaco Víctor Acrelio Alegría y uno de sus escoltas. El director del rotativo, Cecilio Pérez, no tiene muchas esperanzas al respecto: “Se avizora otro asesinato más en la impunidad”.
Las pesquisas sobre estos asesinatos son tan deficientes, que peritos de la FGE “olvidaron” cartuchos percutidos en el lugar de los hechos y restos de masa encefálica colgando de una malla ciclónica.
También sacudió a la opinión pública el asesinato de Patricia Herrera Martínez, estudiante de gestión empresarial de la Universidad Veracruzana, de 24 años. Sus familiares comentaron a medios de comunicación que unos sujetos que se dijeron miembros del CJNG exigieron un millón de pesos por liberar a la joven, pero la asesinaron días después. Junto a sus restos, abandonados en la carretera Cosoleacaque-Jaltipan, los sicarios dejaron otro mensaje con amenazas para Los Zetas y los policías que colaboran con ellos.
El Grupo de Coordinación Veracruz tuvo que sesionar los domingos en varias regiones del estado, a fin de evaluar la situación y encontrar la forma de contener la criminalidad, ante la cual parece maniatada la administración de Yunes Linares.
Sin embargo, los funcionarios prefieren negar la realidad. En un video que circula en redes sociales se observa que Téllez Marie les exige a periodistas en Poza Rica que también hablen de “las cosas buenas que hacemos” y de los “resultados”.
Proceso hizo una solicitud formal de entrevista con el secretario de Seguridad Pública, pero su coordinador general de Comunicación Social, Elías Assad, sólo respondió: “Lo estoy checando”, “anda movido”, “no me contesta”.
Asimismo, Yunes Linares se queja de que en los medios no se “reconocen” sus logros: “Hemos cambiado, Veracruz ha cambiado para beneficio de todos. Yo sé que hay algunos (medios) a los que les cuesta reconocerlo, les cuesta mucho trabajo… porque no tenemos convenios y no vamos a tener, esa es la realidad”.
Este reportaje se publicó el 10 de septiembre de 2017 en la edición 2132 de la revista Proceso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/502810/yunes-la-violencia-empeora-en-veracruz