Luego de que se diera a conocer que la Fiscalía Descentralizada en Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) tenía una investigación abierta en contra de los dueños del colegio desde febrero de este año por falsificación de documentos y hasta siete meses después de la tragedia solicitó información a la Delegación Tlalpan, los legisladores opinaron que se debe deslindar la responsabilidad de funcionarios delegaciones o del Gobierno capitalino.
La investigación en torno a la operación del colegio se abrió por una denuncia interpuesta por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) debido a que las indagatorias de la operación, iniciadas en 2016, se encontraron irregularidades: los registros determinaron que el certificado de derechos adquiridos que presentaron los directores del colegio no coincidía con los archivos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi).
Este martes, Meyer Klip Gervitz, titular del Invea,responsabilizó a la Delegación Tlalpan por la construcción y operación de la obra, pero nunca dijo que apenas este lunes se dio seguimiento a la denuncia sobre el inmueble. De acuerdo con un documento fechado el 25 de septiembre de 2017, la fiscalía descentralizada le solicitó a la administración de Claudia Sheinbaum Pardo un informe sobre la existencia de algún procedimiento administrativo respecto al Colegio Enrique Rébsamen.
Klip Gervitz aseguró que un amparo otorgado a los dueños del inmueble le impidió a la dependencia avanzar en contra. Horas después, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México aseguró que no emitió ninguna sentencia que impidiera sancionar al centro educativo por violaciones de uso de suelo. Es decir, el INVEA pudo cerrar la escuela y no lo hizo.
“Espero que se investigue [el permiso de 2014 para construir otra planta] cuando estaba por cierto Marisela Contreras, y ni modo es Jefa Delegacional nuestra, pero las delegaciones tienen la posibilidad de verificar la autenticidad de los usos de suelo. Este uso de suelo sirvió para hacer el trámite de otro cuerpo constructivo que fue el que se cayó. ¿Por qué no se verificó en su momento su autenticidad?, ¿por qué se siguieron haciendo renovaciones y el DRO [Responsable de Obra] siguió utilizando el mismo uso de suelo si no tenía mecanismos de comprobación?”, dijo Raúl Flores García, presidente en la Ciudad de México del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).Flores García reconoció que se debe investigar a todos los involucrados en la operación del colegio que colapsó incluyendo a funcionarios que gobernaron la demarcación por su partido, al INVEA, a funcionarios de la reciente administración del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en manos de Claudia Sheinbaum Pardo y a todo aquel que haya sido responsable de que ese colegio tuviera las puertas abiertas hasta el día del sismo.
“Para los servidores públicos no es optativo ver cómo proceden en caso de que haya un uso de documentos falsos: están obligados por Ley a levantar la denuncia ante el Ministerio Público respectivo, esto incluye a la Delegación, para que este uso de documento falso quede acreditado para la investigación y no se siga utilizando. Aquí hay que deslindar varias responsabilidades; el actual Director General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan Manuel de Santiago Quijano, no es nuevo, también fue en la época de Carlos Imaz, es una persona que conoce de los trámites, no es ningún improvisado, él sabe que estos usos de suelo de derechos adquiridos traen muchas dudas y hay que comprobar su veracidad”.
Flores agregó: “En el caso del INVEA también que se investigue si hay alguna omisión de algún servidor público, finalmente ellos se dieron cuenta del documento apócrifo, y también que se investigue porqué la pasada Jefatura Delegacional no pidió en su momento los informes antes de tramitar la manifestación de obra y ampliación de la escuela”.
UN ÓRGANO ESPECIAL PARA INVESTIGAR
César Cravioto Romero, coordinador de la bancada de Morena en la ALDF, planteó a SinEmbargo que hay una “campaña en contra de la Jefa Delegacional de Tlalpan”, por lo que “no se vale que en estos momentos de duelo, de emergencia, se utilice para golpear a la Delegada; no se vale, no es correcto”.
El Asambleísta argumentó que fueron distintas las instancias de Gobierno las que fallaron: el INVEA y la Procuraduría capitalina, y planteó que el Gobierno de la Ciudad de México no puede ser juez y parte en la investigación, por lo que se debe crear un órgano que investigue todos los casos de inmuebles colapsados integrado por autoridades capitalinas, diputados de los distintos grupos parlamentarios, ciudadanos y académicos para garantizar transparencia.
“Todos debemos exigir sin tapar a nadie, sin favorecer a nadie y sin golpear a nadie, que se revise y se dictamine los dictámenes estructurales y administrativos”, dijo.
Cravioto Romero insistió en que no se deben retirar los escombros de los edificios colapsados para que se realicen dictámenes, así como en la necesidad de trasparentar los nombres de los funcionarios que dieron permisos, de los DRO que afirmaron que las estructuras estaban en buenas condiciones y también de las constructoras.
“Estamos hablando de vidas, patrimonios. No puede ser posible que quienes actúen de manera ilegal y de manera irresponsable por ahorrarse unos cuantos pesos, pongan en riesgo la vida de los capitalinos”, precisó.
“No puede ser que sigamos pensando que esta ciudad tiene que ser vertical. Entre Álvaro Obregón y Ámsterdam hay un proyecto de tres torres frente al Parque España; tenemos que ir parando este tipo de obras. El Gobierno de la ciudad tiene que dar a conocer un atlas de riesgos: tenemos que saber qué niveles de riesgo tenemos en donde vivimos, en el departamento que nos quieren vender, en la oficina que vamos a rentar”, dijo.
Jorge López Martín , Diputado Federal del Partido Acción Nacional (PAN), coincidió con los asambleístas locales sobre que tanto la operación del Colegio Rébsamen, como el del resto de los edificios colapsados en la ciudad, debe ser investigada.
“La Procuraduría capitalina tiene que agotar las investigaciones, llevar a cabo los peritajes, ir a fondo en lo sucedido. No tenemos constancias de peritajes, de elementos de tiempo, modo y lugar para emitir un juicio sobre la responsabilidad u omisión de alguna autoridad. Primero se tienen que llevar a cabo los peritajes que son indispensables y; segundo, la Procuraduría continuar con la investigación que ya se llevaba a cabo sobre el colegio”, agregó.López Martín dijo que se debe ir afondo en el tema inmobiliario en la Ciudad de México debido a que la actividad sísmica en la capital del país ha crecido exponencialmente en los últimos 15 años.
“Tengo información de expertos que la actividad sísmica se ha incrementado de manera alarmante en la capital. Me parece importante ir a fondo. Lo importante no es repartir culpas, sino revisar las causas, los orígenes y establecer una análisis profundo y serio para actuar en consecuencia. Si la actividad sísmica se está incrementando, no deber haber espacio para ninguna conducta de opacidad”, planteó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-09-2017/3317886