De acuerdo con este documento, las fuerzas de seguridad estatales y federales fueron responsables de siete de cada 10 violaciones a los derechos humanos de los defensores registradas. Pero los agresores también vistieron de civil: el informe identificó grupos de choque, empresas privadas, medios de comunicación, bandas de la delincuencia organizada y caciques locales.
Dos de cada 10 agresiones contra defensores de derechos humanos están ligadas con megaproyectos; la mitad de las víctimas fueron defensores comunitarios o integrantes de una organización social y la tercera parte de ellas pertenecían a un pueblo indígena, según el informe.
En todos estos casos, “lo que impera es la impunidad y la raíz de estos problemas es la misma impunidad, garantizada por la élite política”, deploró Fernando Martínez Ríos, secretario general de la Red TDT, durante la presentación del informe. Estimó que éste es un “sexenio marcado por la represión constante a los defensores de los derechos humanos”.
Entre el 1º de diciembre de 2012 -cuando policías reprimieron las manifestaciones contra la toma de protesta de Peña Nieto- y noviembre de 2016, la Red TDT documentó tres mil 380 agresiones perpetradas contra mil 37 defensores de derechos humanos y 422 colectivos.
La red, que agrupa a 84 organizaciones en 23 estados del país, señaló en su informe que esta cifra es “sólo es una muestra” de lo que muchas otras comunidades amenazadas y organizaciones viven cada día.
Los integrantes de la mesa de debate insistieron en la gravedad de la situación y llamaron el Estado mexicano a tomar sus responsabilidades y proteger a todos sus ciudadanos, incluso a quienes disienten de las decisiones de sus gobernantes, entre ellas las reformas estructurales.
De acuerdo con el informe, uno de cada cinco casos de agresiones documentados estuvo vinculado con las reformas energética, educativa y de telecomunicaciones, así como con las modificaciones a la ley minera.
Sara Méndez, integrante de la organización Código DH, en Oaxaca, sostuvo que, al dar preferencia a la iniciativa privada, las reformas estructurales echaron abajo los avances que generó la reforma constitucional en materia de derechos humanos, promulgada en 2011.
Según la activista, detrás del argumento del “acceso al desarrollo”, las reformas abrieron el paso al despojo de tierras, lo que detonó una serie de conflictos por la defensa del territorio.
Las primeras víctimas, subrayó, son las comunidades indígenas. “Durante años se olvidaron de la tierra y los territorios indígenas, pero ahora vienen con el ‘capitalismo verde’ a instalar parques eólicos sin consultar a las comunidades”, deploró.
La mayoría de los casos de agresiones contra defensores de los derechos humanos fue documentada en Chiapas y Oaxaca -entidades con altos niveles de marginación y de desigualdad-, seguidos por la Ciudad de México, Guerrero y Veracruz.
Con el tono diplomático al que le obliga su puesto, Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), recordó -en referencia a las reformas estructurales- que la ONU considera como “anacrónica” la visión del desarrollo limitada al crecimiento económico, pues observó que esta política tendió a incrementar las desigualdades.
En la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, en cambio, “el desarrollo debe ser inclusivo y culturalmente adecuado, las comunidades tienen que ser actores desde un principio, no que se les impongan proyectos cuyos verdaderos beneficiarios no son ellos sino los inversionistas”.
Mecanismo limitado
“En México, el gobierno se esfuerza en promover una imagen de un gobierno estable, una economía pujante, pero sabemos que no es cierto, la realidad es chocante”, estimó por su parte Carolina Jiménez, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional.
De acuerdo con la investigadora, la situación de la violencia contra defensores de derechos humanos en México es particularmente grave por su expansión geográfica -ninguna entidad se salva-, por la diversidad de los agresores, y por las numerosas estrategias que utilizan para obstaculizar su labor; entre ellas, la estigmatización, las amenazas, la criminalización y la violencia.
La Red TDT agrupó las más de tres mil agresiones en 302 casos. El 36% de ellos tuvo que ver con agresiones contra defensores quiénes acompañaron a colectivos o fueron criminalizados por su derecho a la protesta social y el 29% fue relacionado con la defensa de los territorios contra el despojo.
Otro 16% de los casos se vinculó con protestas contra la reforma educativa y violaciones a los derechos laborales, una proporción un poco menor afectó a víctimas de la violencia y la inseguridad -entre ellas las organizaciones de búsqueda de desaparecidos-, y un 4% se dio en el marco de la lucha por los derechos de las mujeres, de género y de las poblaciones LGBTTTI.
Jarab sostuvo que la falta de reconocimiento institucional de la labor de los defensores de los derechos humanos los expone a la “desprotección, el desprestigio y la criminalización”. Resaltó la importancia de que las autoridades investiguen de manera debida las agresiones para “romper el círculo vicioso de la impunidad”.
Alberto Xicoténcatl, integrante de la Casa del Migrante de Saltillo, forma parte del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Durante la presentación del informe, señaló algunas de las razones que explican las fallas del mecanismo.
“Se supone que el mecanismo es una herramienta extraordinaria que se debe usar cuando lo ordinario -la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación o la Procuraduría General de la República (PGR)- falló”, dijo, pero “el mecanismo intenta retomar lo ordinario para andarle a caminar”.
La mayor debilidad del mecanismo, añadió, es que se limita en proteger a individuos, pero “no está diseñado para cambiar la estructura”.
La “abogada de los indios”
No sólo la impunidad y las fallas del mecanismo explican las violaciones contra defensores de los derechos humanos. También se ignora a menudo la voz de los más desposeídos.
La abogada Estela Ángeles Mondragón acompaña a habitantes de ejidos indígenas del pueblo Rarámuri en municipios de la Sierra Tarahumara. Su labor en defensa de los derechos humanos logró la devolución de territorios a sus dueños históricos.
En las dependencias de gobierno y los pasillos de los tribunales, funcionarios se refieren a ella como “la abogada de los indios”, lamentó.
“Muchos agredidos no denunciamos los delitos porque habíamos perdido la esperanza de llegar a la justicia, pero luchamos por que nuestras sentencias sean cumplidas y que nos entreguen las tierras, buscamos la justicia que nos fue negada por ser indígenas”, recordó.
“Tenemos la esperanza de que alguien, algún día, nos escuche. Y que no sólo escuche la verdad que tienen los mestizos, sino también la que tenemos los indígenas”, añadió.
La Sierra Tarahumara es, según el informe, uno de los lugares más peligrosos para la defensa de los derechos humanos, junto con Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Ernesto Rábago Martínez, esposo de Mondragón -también compañero de despacho-, fue asesinado el 1 de marzo de 2013. Hasta la fecha nadie ha sido detenido por ese homicidio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS OLVERA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/501892/gobierno-pena-marcado-la-represion-106-defensores-derechos-humanos-asesinados-red-tdt
