Antes del quién, está el qué. El titular de la institución debe ser designado con base en sus méritos y cualidades y emanar de una consulta abierta, transparente, participativa e incluyente”.
Invitado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado a presenciar su quinto informe, el Comisionado Jan Jarab hizo referencia a varios puntos que la Oficina que representa considera relevantes para abordar en las tareas de esta comisión.
“México tiene un problema crítico en materia de investigación y persecución del delito, por eso la urgente necesidad del diseño e instrumentación de la Fiscalía General de la República” señaló Jarab a los senadores encabezados por la senadora Angélica de la Peña y subrayó “primero está el qué y luego el quién” haciendo alusión a la situación de crisis que vive el Congreso ante los condicionamientos políticos que se imponen las diversos grupos partidistas para ocupar cargos al interior si votan o no por Raúl Cervantes, actual procurador, para ser el Fiscal de la nueva fiscalía por los próximos nueve años.
Abordó también, entre varios temas, otras tareas que la comisión del senado debe abordar y que la oficina que dirige en México recomienda como es el de la seguridad interior que “merece un debate público, honesto e incluyente en torno al modelo de seguridad que requiere México” comentó.
Entre ellos, señaló la necesidad de legislar sobre la publicidad oficial para evitar cualquier tipo de presión que inhiba el ejercicio de la libre expresión y los invitó a regular la asignación de la
publicidad oficial con criterios preestablecidos, transparentes y objetivos. “En ningún caso, los recursos públicos deben emplearse para castigar o premiar las líneas editoriales de los medios de comunicación” añadió.
Las palabras que Jarab dirigió a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República:
Amigas y amigos,
La Oficina ha atestiguado la productividad de la Comisión de Derechos Humanos y del Senado de la República en los cinco años transcurridos de su mandato. Sabedor de las capacidades existentes, paso ahora a referir algunos temas de agenda relevantes desde una perspectiva de derechos humanos para el año legislativo que amanece, último de la actual Legislatura.
Primero, la Fiscalía. México enfrenta un problema crítico en materia de investigación y persecución del delito. La impunidad no toca sólo a los delitos “comunes”, sino aún más en la investigación de graves violaciones de derechos humanos.
La Oficina insta al Senado de la República para que la instauración de la nueva Fiscalía General de la República sea antecedida de una reforma constitucional que asegure la independencia, la imparcialidad, el profesionalismo, la objetividad y la rendición de cuentas, tal y como lo han propuesto diversos actores políticos y sociales.
Antes de designar al titular de la nueva institución, es preciso definir el diseño de la institución. Antes del quién, está el qué. En todo caso, el titular de la institución debe ser designado con base en sus méritos y cualidades y emanar de una consulta abierta, trasparente, participativa e incluyente. Sería un error muy grave reducir la deliberación sobre la creación de la nueva Fiscalía General de la República a una mera discusión sobre el perfil de su titular.
Esta transformación representa una ventana de oportunidad histórica para México. No nos queda duda que se necesita una transformación profunda, de arriba a abajo, de abajo a arriba. México necesita – ¡México merece! – un sistema de procuración de justicia eficaz, profesional e independiente de todos los intereses políticos.
Segundo, la seguridad interior. Reitero la posición de la Oficina que la sociedad mexicana necesita un debate público, honesto e inclusivo en torno al modelo de seguridad para el país – me sumo en esto a lo que han dicho el Presidente de la CNDH, Luis Raúl González, y Ernesto López Portillo.
En este debate se necesita evaluar los resultados de los diez años de la utilización del paradigma militar – o que se logró, o que no se logró, y cuál era el impacto a los derechos humanos. No nos parece idóneo adoptar una ley que va a petrificar el statu quo.
Tercero, sistema penal acusatorio. La Oficina alienta a defender al sistema penal acusatorio, a rechazar las contrapropuestas que pretenden socavar sus rasgos garantistas. Estamos convencidos que no se debe incrementar la lista de delitos que conllevan la prisión preventiva oficiosa.
De hecho, muchos países con estado de derecho avanzado no tienen la figura de prisión preventiva “oficiosa” vinculada con una lista de delitos imputados – la prisión preventiva se utiliza como medida cautelar, según la valoración del juez. En esta materia, el objetivo consiste en preservar los avances, eliminar los resabios y ahondar en la profesionalización de los entes encargados de la operación del nuevo sistema…. y a derogar el arraigo.
Cuarto, publicidad oficial. La Oficina rechaza cualquier tipo de presión que tenga por objeto inhibir el ejercicio libre de la expresión. Por ello, la Oficina invita a regular la asignación de la publicidad oficial sobre la base de criterios prestablecidos, transparentes y objetivos. En ningún caso, los recursos públicos deben emplearse para castigar o premiar las líneas editoriales de los medios de comunicación.
Quinto, ley de archivos. El Senado lideró los esfuerzos para la construcción de los sistemas nacionales de transparencia y de combate a la corrupción. Es preciso culminar la tarea legislativa emitiendo la ley general de archivos. La ley debe garantizar la especialización y el profesionalismo, así como la autonomía técnica y operativa en la conservación, organización, difusión y accesibilidad a los archivos.
Los documentos históricos, al igual que los que albergan información sobre violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, deben ser de pleno acceso público. Sólo así se favorecerá la rendición de cuentas, la construcción de la memoria y el derecho a la verdad.
Sexto, la Oficina se suma a los esfuerzos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para emitir una ley general en materia de desplazamiento interno forzado.
Séptimo, alentamos a que se armonice la legislación migratoria con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para, entre otros objetivos, garantizar que los niños migrantes no sean detenidos en las estaciones migratorias.
Octavo, a que se fortalezca el marco legislativo en materia de asilo a la luz del renovado artículo 11 constitucional, con un enfoque particular en los derechos de las personas solicitantes del estatus de refugiado.
De manera especial, animo al Senado y a todas las personas presentes a que se sumen a la campaña que ha lanzado nuestra Oficina para favorecer el reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para recibir denuncias individuales y fortalecer el régimen de protección internacional de los derechos de las víctimas de desaparición.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.,
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/grave-error-reducir-debate-nueva-fiscalia-discusion-sobre-titular-jan-jarab-alto-comisionado-onu/