El caso al que se refiere la Función Pública aparentemente es al contrato firmado por Pemex Gas y Petroquímica, hoy llamada Transformación Industrial, con Braskem, en diciembre de 2015, por 115 millones de dólares para la construcción de vías de acceso y obras externas para un proyecto de utilización de residuos en la refinería de Tula. Ese mismo proyecto fue señalado por Luis de Meneses Weyll, quien hasta esta primavera fue director de Odebrecht en México, y quien declaró a la Fiscalía brasileña en diciembre que la empresa le pagó al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para beneficiarlos con esa obra. Las fechas que mencionó Meneses Weyll no coinciden con los tiempos en los que Lozoya estuvo en Pemex. Cuando se le adjudicó el contrato, Lozoya aún no dirigía la empresa, y cuando se hizo la ampliación, fue el Consejo de Administración el que lo aprobó.
Las personas involucradas con la adjudicación original a Braskem son Miguel Tame, quien fue nombrado por el presidente Felipe Calderón director de Pemex Gas y Petroquímica, y que saltó al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto al ser nombrado por Lozoya como director de Producción de Transformación Industrial, que es el nombre con el que se rebautizó esa área de la empresa. Tame es uno de los exfuncionarios –renunció en febrero de 2016– que están siendo investigados por la Secretaría de la Función Pública y la PGR por presuntos actos de corrupción, pero no es el motivo de la 'irregularidad' señalada con Braskem.
Otro funcionario involucrado en la adjudicación en la refinería de Tula es Leonardo Cornejo, quien es el director de Proyectos de Transformación Industrial; era el coordinador de Proyectos de Modernización, quien firmó los contratos para la ampliación de la obra en 2014 y 2015. Braskem, según Meneses Weyll, participó en ese proyecto con la empresa hidalguense Construcciones Tapia, la que les había sido recomendada, agregó ante la Fiscalía brasileña, por Lozoya. Construcciones Tapia, sin embargo, no entró a trabajar a Pemex de la mano del exdirector de la empresa, sino de Tame.
Cornejo es uno de la decena de funcionarios y exfuncionarios de Pemex que ya fue llamado a declarar a la PGR por el caso de corrupción de Odebrecht, y de acuerdo con personas que conocen detalles de los interrogatorios, fue con quien más incisivos y agresivos ha sido el Ministerio Público federal. Cornejo tampoco es el funcionario que incurrió en 'irregularidades' con Braskem, que señaló la Función Pública, sino que se está apuntando a Armando García Espinosa, subdirector de Administración y Finanzas del área de Proyectos de Transformación Industrial, y quien también pertenece al grupo de la decena de funcionarios y exfuncionarios de Pemex investigados por la PGR.
Las investigaciones sobre la corrupción de Odebrecht se han enfocado al periodo donde Lozoya fue director de Pemex, y las personas bajo sospecha pertenecían al grupo de colaboradores más cercanos. Las ramificaciones de la presunta red de corrupción de la empresa brasileña en México alcanza a exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón de segundo nivel ejecutivo, como han sido las pesquisas, hasta ahora, de las administraciones de Pemex durante el gobierno peñista. Sin embargo, de acuerdo con información recabada, las investigaciones que abarcan a 22 filiales de Odebrecht incluyen relaciones con empresas mexicanas que tenían vínculos con exdirectores de áreas y con familiares de antiguos miembros del Consejo de Administración de la empresa, que es por donde pasan todos los proyectos, se revisan y, dado el caso, se autorizan.
Es decir, el potencial de corrupción de Odebrecht en Pemex no se limita a la decena de funcionarios y exservidores públicos investigados hasta ahora, sino abarca un abanico mucho mayor de personas que pudieran haber estado involucradas durante cuando menos las direcciones de Lozoya y Juan José Suárez Coppel. La investigación de la Función Pública empezó el 22 de diciembre pasado, un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Odebrecht y Braskem reconocieron haber sobornado a políticos y funcionarios de 11 países. De acuerdo con los documentos de la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, Odebrecht pagó sobornos por más de 10 millones de dólares a funcionarios mexicanos para asegurar que les dieran obra pública, con lo cual obtuvo un beneficio de 300 por ciento.
La única obra que hasta el momento se confirma que tuvo irregularidades en su adjudicación es la de la refinería de Tula, pero está lejos de ser la única. La presión pública al gobierno ha tenido frutos, y aunque tarde, en comparación con el avance de las investigaciones en otros países de América Latina, se empezó a caminar contra la impunidad.
FUENTE:EL ECONOMISTA
AUTOR: RAYMUNDO RIVA PALACIO
LINK: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-busqueda-sigue.html