Cuatro días después, el gobierno de Perú, imitó el accionar del gobierno mexicano y dio al embajador norcoreano Kim Hak-chol cinco días de plazo para que abandone el país. El país andino es el principal proveedor de cobre del régimen de Kim Jong-un y controla el 75 por ciento de ese mercado (Filipinas controla el otro 25 por ciento). En 2015, el gobierno de Ollanta Humala Tasso exportó más de 21 millones de dólares en cobre a Corea del Norte.
Según indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú en un comunicado, la decisión fue adoptada porque Corea del Norte viene “ignorando los constantes llamados de la Comunidad Internacional a cumplir sus obligaciones internacionales, a respetar el Derecho Internacional y a finalizar de manera irreversible y verificable su programa nuclear”.
Las medidas responden a la sexta y hasta el momento más poderosa detonación nuclear del país comunista el pasado domingo 3 de septiembre, que generó una fuerte condena de los líderes regionales, las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad.
A primera vista, el decreto del Presidente de México Enrique Peña Nieto parecería responder a una medida de seguridad con la intención de frenar el programa nuclear de Corea del Norte, como sugiere el comunicado oficial de la orden que publicó la Cancillería de México. Sin embargo, más que una precaución “para asegurar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional”, su decisión responde a necesidades políticas vinculadas al intercambio comercial entre ambos países, el papel de México en materia de seguridad internacional y sus relaciones con Estados Unidos.
Pese a que México tiene una tradición antinuclear y ha sido líder en el movimiento de desarme con la firma el 14 de febrero de 1967 del Tratado de Tlatelolco, el creciente desarrollo del programa nuclear de Corea del Norte desde que el país se retiró del Tratado de No Proliferación Nuclear en 2003 nunca impidió el fructífero intercambio comercial que mantienen ambos países desde que establecieron relaciones diplomáticas el 4 de septiembre de 1980.
De hecho, México es el socio comercial más importante de Corea del Norte en América Latina y responsable por la compra del 1 por ciento de las exportaciones del país. En 2015, según un informe del Observatorio de Complejidad Económica (OEC, por sus siglas en inglés), Pyongyang compró cerca de US$45 millones en petróleo mexicano y le vendió US$13.8 millones en productos.
México es, además, uno de los tres países en el mundo que venden petróleo al país asiático, nación que importa el 24 por ciento de este producto desde tierras mexicanas, mientras que el 63 por ciento lo adquiere a China y el restante 9.9 por ciento a Rusia, según el mismo informe de la OEC. Por su parte, el país latinoamericano compra de Corea del Norte productos electrónicos, piezas de automóviles, carne de cerdo, armazones para lentes y productos textiles, así como una pequeña cantidad de ropa.
La participación de México en el abastecimiento de petróleo y en la importación de textiles -el segundo producto de exportación más grande después del carbón- del país hermético no es un dato menor si consideramos que tan solo el miércoles la embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, llamó a una votación del Consejo de Seguridad de la ONU el próximo lunes justamente para imponer un embargo petrolero y prohibir las importaciones textiles al país.
El mismo día, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que si el Consejo de Seguridad no actuaba, tenía una orden ejecutiva preparada para enviar al Presidente Donald Trump que “me autorizaría a dejar de hacer comercio e imponer sanciones a cualquiera que comercie con Corea del Norte”. Por su parte, en agosto pasado el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, durante su gira por latinoamérica, exigió a los países de la región que rompieran relaciones con Corea del Norte.
En el marco de una inminente renegociación con Donald Trump del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y ante la ya expresada voluntad de México de reincorporarse al Consejo de Seguridad como miembro no permanente (un privilegio que no obtiene desde 2010), la expulsión del embajador norcoreano Kim Hyong Gil del país parecería responder más a un gesto de buena fe por parte del Estado mexicano hacia Estados Unidos y la comunidad internacional que a un giro repentino en su política de relaciones exteriores a causa de una mayor amenaza nuclear.
Históricamente, las relaciones comerciales entre Corea del Norte y México no han sido interrumpidas por su programa nuclear y es improbable que otra amenaza haya causado la reciente ruptura diplomática entre ambos países. Por eso, el reciente decreto de Peña Nieto no debe entenderse como una medida de seguridad nacional sino como un realineamiento de la política exterior de su gobierno frente a nuevas presiones internacionales.
FUENTE: SIN EMBARGO/INFOBAE.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/14-09-2017/3307651