Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno”, escribió en un tuit el periodista Javier Valdez Cárdenas, golpeado por el asesinato de su amiga y colega Miroslava Breach. Menos de dos meses después, el 15 de mayo de 2017, Valdez fue interceptado en una calle céntrica de la ciudad donde vivía, Culiacán. Lo obligaron a bajar de su vehículo y a arrodillarse en la calle, y lo llenaron de balas.
El presidente de la República no tardó ni 48 horas en convocar a la residencia oficial de Los Pinos a los secretarios de su gabinete, a los gobernadores estatales y a diplomáticos extranjeros. En un acto emotivo, manifestó su compromiso de “combatir la impunidad para que la muerte de periodistas no quede impune”, y anunció el fortalecimiento del Mecanismo de Protección a Periodistas, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y el establecimiento de un esquema de coordinación con las entidades federativas.
En respuesta a los gritos de justicia que emitieron algunos comunicadores presentes, les dijo que él es amigo de los reporteros y repitió en voz alta el eslogan: “No se mata la verdad matando periodistas”.
LAS VÍCTIMAS SIGUEN EN PELIGRO
El puerto de Veracruz está tan cerca de la Ciudad de México que, mediante un sistema de relevos, corredores traían diariamente pescado fresco al palacio del emperador azteca Moctezuma, a 2,200 metros de altitud.
Si la República Mexicana –con 111 periodistas asesinados desde enero de 2000– aparece cada año entre los cinco más letales para los comunicadores, en compañía de lugares como Siria, Afganistán, Irak y Somalia, el récord nacional lo ostenta el estado que toma el nombre de esa ciudad, Veracruz, con 25 en el mismo periodo.
En una de sus poblaciones, Tierra Blanca, Alicia Blanco estaba en la cocina cuando escuchó disparos, el 20 de julio de 2016. Con su marido, el periodista Pedro Tamayo, había tenido que acogerse al mecanismo de protección estatal siete meses antes, por las amenazas que él había recibido. Encerrados en un hotel y sin posibilidad de obtener un ingreso, se desesperaron, volvieron a su hogar y montaron un puesto de hamburguesas. Pedro estaba atendiendo el pedido de las dos personas que lo agredieron.
Sigo a Alicia, que aquella noche tenía a su nieto en brazos, mientras me muestra el movimiento: “Cuando llego aquí, uno de ellos se viene sobre mí con un arma y yo lo único que alcanzo a hacer es cubrir al niño, así. El otro no me dispara, ni nada, me dice que no había nada contra mí”. Consiguió entregarle el infante a su nuera y correr junto a su esposo: “yo le agarraba la mano, no se escuchaba del ruido de los disparos, él me decía ‘¡quítate, métete, te van a lastimar, métete!’”.
Cuando los asesinos huían, su hijo intentó salir en su persecución con una camioneta, pero una patrulla de policía se cruzó para impedirle el paso. Después, los agentes dieron por radio una dirección equivocada a la ambulancia. Cuando por fin pudo llegar, subir al herido y avanzar, otro vehículo oficial también bloqueó la vía: “Ahí, donde va el taxi ahorita, es donde Pedro murió”, señala Alicia un punto a 20 metros de su casa, en las inmediaciones del centro de Tierra Blanca.
Un año y tres meses después, en octubre de 2017, la investigación está exactamente en el punto cero. El único apoyo que pudieron obtener Alicia y su familia fue una escolta asignada por el mecanismo de protección, que se retiró en septiembre y que de todos modos no fue suficiente para contener las represalias, de las que es objeto porque continúa denunciando que los asesinos de su marido no han sido procesados: a ella la han agredido al grado de sacudirla físicamente y quemarle el cuerpo con un cigarrillo; una casa que preparaban para su nieto fue incendiada y saqueada.
Y encima, su propio hijo fue a la cárcel, bajo la acusación de haber robado una camioneta y secuestrado al dueño. La fiscalía ha insistido en mantenerlo ahí, pidiendo extensiones para presentar pruebas que nunca aporta y pese a un amparo provisional obtenido por la defensa, desde el 6 de diciembre de 2016.
LA IRA DEL GOBERNADOR
En forma de media luna mirando hacia el noreste, el estado de Veracruz es una banda ajustada al Golfo de México, que a su vez rodea la Península de Yucatán para convertirse, descendiendo por el frente que da la cara a los ciclones, en el Mar Caribe.
En esta región, las grandes furias oceánicas adoptan el nombre de la deidad maya del viento, el fuego y las tormentas, Huracán. Antes de la frontera, llego a la pequeña ciudad de Felipe Carrillo Puerto, fundada en 1850, con el nombre de Chan Santa Cruz, por mayas independizados.
Fue una protesta de campesinos, por las alzas en el precio del agua, la que primero enfrentó al periodista Pedro Canché con el gobernador Roberto Borge: mientras los medios al servicio del mandatario, como Por Esto y El Diario de Quintana Roo, aseguraban que nada había pasado, Canché difundía videos de las cargas de la policía contra la gente: “¡Viva el pueblo maya!”, se escuchan los gritos de los que eran atacados. Todos, incluidos niños y ancianos, fueron golpeados y algunos detenidos.
El reportero me lleva a la prisión municipal donde pasó nueve meses, bajo cargos falsos, desde el 30 de agosto de 2014. Su celda tiene espacio para cuatro personas pero llegaron a ser ocho. Todavía están los dibujos e inscripciones que hizo.
Una de ellas reza: “La cárcel, el barco rompe las olas del tiempo en busca de la libertad. Pedro Canché”. Adentro, fue sujeto de agresiones contra su vida, que él cree que fueron ordenadas por el gobernador Borge. Sólo pudo sobrevivir a ellas porque consiguió el apoyo mayoritario de los demás presos, como el joven hondureño Agustín Chávez.
Cuando la presión de organismos de derechos humanos consiguió que el juez ordenara su liberación, “nos enteramos de que venía gente decidida a matar al señor Pedro”, recuerda Agustín, “no sabíamos cuál era la forma en la que lo iban a atacar, si iba a ser en grupo o iba a venir uno específicamente”. “Yo me armé con un lápiz bien puntiagudo para sacarle el ojo a alguno si se atrevía”, interrumpe Canché. El muchacho continúa: “Al ver que nosotros ya estamos preparados para recibir a los que van a venir atacar, avisaron allá de que no vayan a venir porque van a defenderlo a él”.
“Encerrarnos por pensar es algo que no se ha superado en este siglo XXI en México”, me dice Pedro. Logró salir pero “la cárcel me cambió totalmente, mi estado físico (está mal), tengo el manguito rotador (afectado), tengo el problema del homóplato, tengo la hernia cervical, ya no soy el de antes. Además de que sigo amenazado allá afuera con mi vida. Me pueden matar en cualquier momento”.
Su caso, como casi todos los demás, duerme el sueño de la injusticia: nadie ha sido investigado por el montaje que lo llevó a prisión, ni por los ataques que sufrió dentro y fuera de ella. Al terminar su periodo, Roberto Borge fue acusado de malversaciones multimillonarias de fondos públicos y fue capturado cuando se escondía en Panamá. No tiene cargos por agresiones contra Canché y otros periodistas.
El reportero maya se pudo dar, sin embargo, un raro lujo: logró engañar a los asistentes de Borge y ser admitido a visita en la cárcel panameña de El Renacer, en junio. Mientras esperaba al exgobernador, habló con “El Ciervo”, un preso de larga condena que le dijo que Borge estaba en una celda de lujo, la misma que ocupó el exdictador Manuel Noriega, pese a lo cual tenía que realizar tareas que no le gustaban mucho: “Lavar los baños le cuesta, pero está aprendiendo”.
Al bajar y ver al periodista que lo esperaba, Borge “trastabilla con la grava suelta. El tipo se pone pálido. Cambian sus facciones. Está sorprendido. No esperaba verme ahí. Aprieta las mandíbulas. El rostro sin afeitar se pone colorado. El gobernador que me puso en la cárcel por sus caprichos de dictador ahí estaba… derrotado”, escribió Canché en su blog.
El periodista le dijo: “Vamos a platicar. Esto no es nada personal. Es un trabajo periodístico. Dígame cómo está”. Borge llamó a los guardias y exigió que desalojaran al reportero, prosiguió Canché. Pero ya no estaba donde el poder de su voz sólo era superado por el de Huracán: “Aquí no desalojamos a nadie”, le respondieron.
LA IMPUNIDAD DE HANK RHON
No existe distancia mayor dentro de México que la que hay entre los estados de Quintana Roo y Baja California, del extremo sureste al noroeste. De Carrillo Puerto a Tijuana son 3,250 kilómetros en línea recta. La brecha cultural entre ambas zonas, la tradicional maya y la de una intensa migración multicolor, marcada por la influencia californiana, no parece tanta cuando se trata del grave estado de la libertad de prensa.
En seis meses, el próximo 20 de abril, se cumplirán 30 años desde el asesinato de uno de los codirectores de la revista Zeta, Héctor “El Gato” Félix. Ya son casi tres décadas pero en interiores, como cada semana, una plana con el rostro del reportero seguirá preguntándole al mandatario estatal en turno “¿Podrá su gobierno capturar a los que ordenaron mi crimen?”, y al empresario Jorge Hank Rhon, exalcalde de Tijuana y aspirante a gobernador, “¿Por qué me asesinó tu guardaespaldas Antonio Vera Palestina?”.
Uno de los editores de Zeta, Isaí Lara, me lleva a la calle López Velarde, por donde transitaba El Gato Félix en un Renault Victoria, cuando un TransAm que circulaba delante de él lo obligó a detenerse. Una camioneta que venía detrás lo alcanzó: “Vera Palestina, jefe de escoltas de Hank Rhon, baja la ventana y le dispara una escopeta calibre 12”, explica Isaí. “Eran balas expansivas: su cara, su cuerpo, sufrieron un daño severo”. Francisco Ortiz Franco, un periodista del semanario que investigaba el caso, también fue ejecutado en 2004.
Jesús Blancornelas, el otro codirector del semanario, sufrió un atentado en el que murió su chofer en un intento por salvarle la vida, en 1997. Aunque sobrevivió, fue impactado por cuatro disparos que le afectaron el pulmón y otros órganos, a consecuencia de lo cual falleció nueve años después.
Antonio Vera Palestina pasó 14 años en prisión. Cuando salió, en 2005, fue readmitido de inmediato en la posición que tenía como jefe de escoltas de Hank Rhon. “Nunca en el expediente se llegó a la investigación de la autoría intelectual del asesinato de Héctor Félix Miranda”, asienta Adela Navarro Bello, una brava mujer que, como codirectora de Zeta, ocupa la silla hirviente que dejaron sus antecesores muertos. En el caso de Ortiz Franco, no se llegó a ningún lado. En el de Blancornelas, de nueve participantes en la emboscada, sólo uno fue juzgado y luego absuelto.
Además de la amenaza de Hank Rhon y su poder, Zeta recibe presiones del gobernador Francisco Villanueva y “amenazas que provienen del mismo cártel (que atacó a Blancornelas), el de los hermanos Arellano Félix. A pesar de que la autoridad diga que ya está desmantelado, sigue actuando en este momento”.
Para proteger a los reporteros, Zeta se cuida de poner sus nombres en los temas sensibles y firma, en su lugar, “redacción”. De esta forma, continúa Adela, “en vez de amenazar a una persona, ya amenazan a tres o cuatro, o a todo el consejo editorial, o a los editores, a los codirectores, pero ya no saben qué es lo que está pasando, no saben quién los está investigando”.
Su defensa más eficaz, de cualquier forma, es “publicar, seguir investigando. La investigación periodística, creemos nosotros, es nuestra mejor protección”.
DONDE LA JUSTICIA NO SE METE
La costa Pacífica de México cae al sur por las extensas playas de la península de Baja California, forma un extenso golfo y después vuelve a descender por los estados de Sonora y Sinaloa hasta Culiacán, donde vivía Javier Valdez. Pero antes de llegar ahí, me detengo en el norte de Sinaloa, en Los Mochis, para conocer a Mirna Nereyda Medina: es otra mujer recia, con potentes dotes de liderazgo, que ha organizado a personas que, como ella, recorren campos, cerros y lagunas en busca de fosas clandestinas donde puedan hallar los restos de sus familiares desaparecidos.
Sobre la dura tierra salitrosa que refleja la luz del sol con los 40 grados de temperatura ambiente, a 20 kilómetros de la ciudad, Mirna hurga subterráneos con la varilla que rasca el aroma a cadáver, entierra la pala, remueve lo removido, dejando caer el sudor como lágrimas gruesas. Su grupo se llama Las Rastreadoras: fue bautizado así por dos periodistas del semanario local Riodoce, Javier Valdez y Luis Fernando Nájera.
“Javier era como mi Pepe Grillo”, explica Mirna. “Casi todo lo que yo iba a hacer, se lo comentaba a él”. Ella encontró a su “tesoro” el 14 de julio de 2017: aunque nadie le sugirió que allí habrían enterrado a su hijo, desaparecido exactamente tres años antes, ella reconoció “el calcetín, la costilla de Roberto”, lo sintió a él. Cuando le confirmaron que los restos correspondían a su vástago, “me habla Griselda” (la viuda de Valdez), y me dice ‘yo sé que Javier allá tiene el sombrero en la mano y está bailando, y está diciendo, ¡lo lograste, cabrona, lo lograste!’. Y sí es cierto, yo pienso que está él allá arriba y está feliz, porque yo logré mi objetivo, le cumplí la promesa a mi hijo, lo busqué hasta que lo encontré”.
Ya en Culiacán, en Riodoce aseguran tener la plantilla completa, a pesar de que el asesinato de su editor los sacudió de miedo: “Lo que nos motiva es el amor que le tenemos a Javier, que no estamos dispuestos a que su asesinato quede impune”, asienta la reportera Míriam Ramírez. “Ése es el motorcito que nos hace seguir aquí, que nadie haya dicho renuncio: es por Javier y por el compromiso que tenemos con la sociedad”.
El director Ismael Bojórquez me ofrece un trago de tequila blanco, de una botella que dejó en su oficina el propio Valdez. Es el último: han tardado meses en terminársela. No muchas cosas han cambiado: en la puerta del cubículo que usaba Javier todavía está pegado un sencillo letrero que dice “UNidaD de InVestiGaciÓn”, con el subtítulo “(Unidad por ser uno)”: entre otras cosas, es recordado por un altisonante y generoso sentido del humor.
El incidente más significativo, a principios de 2017, fue el conflicto provocado por una entrevista que le hizo Valdez a un capo, Dámaso López, que estaba en conflicto con “Los Chapitos”, como llaman a los hijos del antes todopoderoso jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán. Tras una secuencia de sucesos, quedó claro que ambas partes criminales habían quedado molestas. Si ésta es la razón del asesinato, sólo es una especulación porque, para variar, la autoridad no ha averiguado por qué lo mataron, ni quién disparó, mucho menos la identidad del autor intelectual.
Al cumplirse cinco meses desde el asesinato de Javier, la Fiscalía “no tiene nada”, denuncia Ismael Bojórquez: “No sé si porque no supieron o porque no quisieron investigar… o porque investigaron y llegaron a un punto en el que dijeron aquí no me meto… que es lo más probable”.
A pesar de que el mandatario estatal, Quirino Ordaz Coppel, se comprometió a resolver el asunto. Y de que el propio presidente de la República reunió a secretarios, gobernadores y diplomáticos para hacer solemnemente las promesas que ya habían sido hechas hace años; para asegurar que, ahora sí, funcionarían las instituciones creadas ad hoc para atender una crisis que no han atendido.
En este periodo, asesinaron a otros seis periodistas: Jonathan Rodríguez, Salvador Adame, Edwin Rivera, Luciano Rivera, Cándido Ríos y Édgar Esqueda. El último, apenas el 5 de octubre, sumando en poco más de 9 meses tantos como todos los de 2016. Con uno más, se habrá convertido en el año más letal de la historia para la prensa.
Según los informes oficiales de la FEADLE, actualizados a marzo de 2017, esta Fiscalía ha iniciado 5,926 averiguaciones previas, de las que sólo 111 fueron consignadas antes un juez, y sólo logró tres sentencias condenatorias: tuvo éxito tan solo en el 0.15% de sus actos. El anuncio de que habría un fortalecimiento de la FEADLE ni siquiera se refleja en mayores recursos: el proyecto de presupuesto federal 2018 presentado al Congreso prevé una disminución a 17.99 millones de pesos, de los 18.43 millones de 2017.
No hay explicación sobre esto. El presidente Peña Nieto no ha vuelto a mencionar algo sobre periodistas o censura, excepto para amenazar: cuando una investigación, publicada por el New York Times el 19 de junio, descubrió que el gobierno utilizaba un avanzado software israelí de intervención de teléfonos móviles para espiar a periodistas y líderes sociales, y estos últimos se quejaron, Peña Nieto no ordenó investigar el asunto y procesar a los responsables: en lugar de eso, pidió a la Procuraduría General de la República “aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno”: ordenó a los espías proceder contra los espiados… los mismos a los que un mes antes les había asegurado ser su amigo.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: TEMORIS GRECKO