La magistrada acuerda también fijarles una fianza de 6 millones 207 mil 450 euros que deberán depositar en el plazo de tres días, con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes hasta alcanzar esa cifra si no depositan esa cantidad.
En el auto, Lamela explica que, conforme al relato expuesto por el fiscal en su querella, los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una República catalana independiente de España “en una conducta que va encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado”, por lo que puede encajar en una manera de atentar contra la forma actual de Gobierno de España, y por tanto sería competencia de la Audiencia Nacional.
La juez concluye que del relato del fiscal se desprende que los querellados “urdieron una estrategia de la que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Òmnium) que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el parlamento el pasado 27 de octubre”.
Es más, según la jueza, los hechos sustentan la acusación de rebelión, sin perjuicio de que en el avance la investigación se opte por otros delitos más ajustados a los hechos, como sedición, desobediencia y prevaricación.
MOSSOS Y UN EJÉRCITO CATALÁN
En la querella presentada este lunes por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, justifica el delito de rebelión en que “la declaración de independencia y la asunción en exclusiva del mando sobre los Mossos d’Esquadra supone implícitamente la potencial utilización de dicha fuerza armada contra quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución Española en Cataluña”.
Además, el fiscal cree que Puigdemont planeaba crear su propio ejército. Recoge también los episodios de violencia en las calles y los escraches a miembros de Policía Nacional y Guardia Civil “en sus lugares de descanso”.
Esos hechos evidencia para la Fiscalía que los querellados no buscaban únicamente “el apoyo de los ciudadanos para llevar a cabo su proyecto independentista dentro de la legalidad constitucional, lo cual no sería objeto de reproche alguno”, sino que hicieron llamamientos directos o indirectos, a través de las entidades soberanistas, a la movilización popular o ciudadana como “medio intimidatorio y violento para conseguir el fin secesionista”.
Además de la rebelión, la Fiscalía acusa a los miembros del Govern de delitos de malversación de fondos públicos. Lo justifica en que en los presupuestos aprobados por el Parlamento se destinaron varias partidas para gastos de “procesos electorales y consultas populares”. Esas partidas ascendían a 6.2 millones de euros.
PUIGDEMONT ASEGURA QUE NO ES SU INTENCIÓN ESCAPAR DE LA JUSTICIA
Carles Puigdemont reapareció desde su retiro en Bruselas para reafirmar la vigencia de su gobierno. El Presidente cesado asegura que no se encuentra en Bruselas “para solicitar asilo político” y que no es su intención escapar a la acción de la justicia.
A pesar de ello, el ex jefe del gobierno catalán ha asegurado que no volverá a España “hasta tener garantías” y ha advertido: “Podemos cumplir con nuestras obligaciones desde aquí también”.
El ex President explica su presencia en Bruselas como una herramienta “para evidenciar el problema catalán en el corazón institucional de Europa y denunciar la politización de la justicia española” y la vocación de intentar evitar conflictos violentos.
Puigdemont se toma las elecciones convocadas por Mariano Rajoy como un reto: “Las elecciones del 21 de diciembre son un reto que nos tomamos con todas nuestras fuerzas”, ha asegurado.TRIBUNAL SUSPENDE DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA
El Pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente la declaración de independencia de Catalunya aprobada el pasado viernes por el Parlament, al admitir a tramite el incidente de ejecución presentado por el Gobierno de Rajoy.
El alto tribunal ha decidido dar traslado a la fiscalía y al Parlament, a quienes concede un plazo de 24 horas para que formulen las alegaciones que estimen oportunas. En el caso de la cámara catalana, ya disuelta, tendrá que ser la Diputación Permanente quien conteste a los requerimientos del TC.
El Pleno del Constitucional ha acordado comunicar personalmente a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y a los demás parlamentarios que integraban la Mesa el día que se votó la independencia. A todos ellos se les advierte de “su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada” y se les apercibe de las “eventuales responsabilidades en las que pudieran incurrir” en caso de desoír las órdenes trasladadas.
La decisión del TC supone la suspensión cautelar de las decisiones adoptadas en la cámara catalana, condición previa a la emisión de una sentencia en la que esa suspensión ya sería definitiva.
FUENTE: SIN EMBARGO/ELDIARIO.ES.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/31-10-2017/3341330