Al respecto, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que las áreas de impartición de justicia no solo carecen de personal certificado, sino de capacitación y formación para actuar con perspectiva de género.
El caso de Tlapa, dijo, refleja la ausencia de infraestructura adecuada, así como certificación de peritos, médicos legistas y servidores públicos del sistema de prevención, impartición y procuración de justicia.
Esta situación contrasta con la inversión millonaria realizada por el gobierno federal y estatal para instalar Centros de Justicia para las Mujeres en noviembre de 2013 en Tlapa y tres años después en Chilpancingo, a mediados de octubre de 2016, ambos considerados por víctimas de delitos como “instancias inoperantes” por la falta de personal.
La trata de personas en la Montaña
En noviembre de 2013, Apro publicó el texto La montaña de Guerrero, entre el narco y la prostitución, donde se dio a conocer que el presidente Enrique Peña Nieto había visitado la ciudad de Tlapa, lugar considerado como el corazón de la región de la Montaña de Guerrero, donde inauguró el Centro de Justicia para las mujeres, en una zona controlada por la delincuencia e infestado de cantinas donde prostituyen a indígenas menores de edad.
En ese entonces, se informó que desde 2008, autoridades municipales y estatales habían permitido en Tlapa, la proliferación de cantinas que operan las 24 horas, donde decenas de mujeres indígenas provenientes de los pueblos aledaños ejercen la prostitución.
Los prostíbulos disfrazados de “cervecerías” se distinguen del resto de bares porque en la entrada cuelgan cortinas de tela, donde se ofrece sexo mediante mensajes subliminales.
Incluso, mujeres indígenas menores de edad son obligadas a prostituirse en algunos de estos bares tolerados por las autoridades, constató este reportero durante un recorrido por la zona hace cuatro años.
A la fecha, la incidencia delictiva no ha sido revertida, a pesar de los constantes anuncios de inversión en infraestructura, capacitación de personal y operativos policiaco-militares pues los niveles de violencia extrema son dramáticos
Homicidios y violaciones
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2011 a la fecha se han registrado 14 mil 24 homicidios dolosos y dos mil 246 denuncias por violación sexual en la entidad.
Es decir, en los últimos siete años, se han documentado en promedio anual, dos mil asesinatos y 320 ataques sexuales en las siete regiones de Guerrero.
Hasta el momento, el gobierno estatal se ha negado a integrar una base de datos precisa para definir cuantas víctimas son mujeres y clasificar el número de feminicidios en el registro global de más de 14 mil personas asesinadas.
Ello a pesar de que la incidencia delictiva contra mujeres sigue en aumento y constantemente aparecen mujeres ultrajadas, asesinadas o violadas.
Esta situación, obligó al gobierno de Héctor Astudillo Flores a emitir la alerta de género en junio de este año en ocho municipios, entre ellos Tlapa de Comonfort.
El caso de la feminista Yndira Sandoval Sánchez, quien denunció una agresión sexual realizada presuntamente por una mujer policía en Tlapa, exhibió las fallas del sistema de prevención y protocolos de seguridad que deben asumir las corporaciones policiacas.
También, desató una confrontación pública entre el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame y Rosa Icela Ojeda Rivera, esposa del exgobernador interino Rogelio Ortega Martínez, actualmente señalado por el Congreso local de presuntos actos de corrupción durante el año de su administración.
La activista difundió este lunes 23, un artículo en el diario El Sur donde aseguró que “Guerrero continúa siendo tierra de impunidad”.
En su texto, Ojeda Rivera hizo un recuento de tres feminicidios registrados en 2012 y 2016 en el contexto de la agresión sexual denunciada recientemente por la activista Yndira Sandoval, quien fue exhibida en un video en estado de ebriedad durante su detención en septiembre pasado en la ciudad de Tlapa.
En respuesta, el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame respondió a través de su cuenta personal de Twitter, donde dijo que en 2014, durante el año de administración del esposo de Rosa Icela Ojeda se registraron 15 feminicidios.
Luego, dijo que el gobierno de Rogelio Ortega aplicó una política de “tolerancia máxima” porque el movimiento que exige justicia por el caso Ayotzinapa, incendió edificios públicos y atracó comercios y la residencia oficial Casa Guerrero, “más impunidad imposible”, indicó Salazar Adame.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/508729/denuncian-fracaso-del-gobierno-astudillo-prevenir-la-violencia-genero-en-guerrero
