Además –opina la mayoría de los expertos– en virtud de que el referéndum violó el ordenamiento jurídico español, los miembros de la UE difícilmente le otorgarían a Cataluña el reconocimiento de país soberano y por ende, no aceptarían negociar su integración a la comunidad europea.
Da mayor fuerza a esas opiniones la actual posición de las instituciones de la UE y sus países socios, que asumen la postura del gobierno de Mariano Rajoy al considerar el referéndum catalán un acto ilegal, cuya gestión corresponde al Estado español.
El miércoles 4, durante un debate de emergencia en el Parlamento Europeo, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, incluso justificó “el uso proporcionado de la violencia”, ya que, dijo, “el deber de todo gobierno es mantener el estado de derecho”.
Y es que la represión policiaca el día del referéndum en Cataluña causó una significativa ola de indignación en Europa, la cual, sin embargo, no se tradujo en un repentino apoyo político de los Estados comunitarios para el gobierno de Carles Puigdemont y su causa independentista.
Salida automática
En septiembre de 2015 la Fundación Alternativas –un think tank con sede en Madrid y fuertemente ligado al Partido Socialista Obrero Español y al diario El País– presentó un estudio sobre “las consecuencias jurídicas de la independencia de Cataluña ante la UE”.
Jurídicamente, Cataluña dejaría de pertenecer a la UE si declara unilateralmente su independencia, asegura el documento elaborado por dos diputados socialistas y catedráticos constitucionalistas, Diego López Garrido y Gregorio Cámara, junto con el profesor internacionalista Francisco Aldecoa.
Los autores del documento recuerdan que así lo han reiterado en declaraciones públicas los más altos dirigentes de las instituciones europeas desde hace años.
En el documento se cita una declaración del 12 de diciembre de 2013 del anterior presidente del Consejo Europeo, el belga Herman van Rompuy, que explicaba: “Si una parte del territorio de un Estado miembro (de la UE) deja de ser parte del mismo porque tal territorio deviene Estado independiente, por el hecho de tal independencia se convertiría en tercer Estado respecto a la Unión y los Tratados, y desde el día de su independencia, éstos no se aplicarían ya en su territorio.
“De acuerdo con el artículo 49 del Tratado de la UE, cualquier Estado europeo que respete los principios establecidos en el artículo 2 del Tratado de la UE puede solicitar convertirse en miembro de la Unión de acuerdo con los procedimientos de acceso previstos. En cualquier caso, ello estará sujeto a las ratificaciones por parte de todos los Estados miembros y del Estado solicitante.”
Tal interpretación, señala la fundación española, se basa en el artículo 4.2 del Tratado de la UE, el cual establece que la Unión “respetará la identidad nacional” de sus Estados miembros, “inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional”. Igualmente, señala, la UE “respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional”.
Al perder la membresía comunitaria, Cataluña quedaría fuera del mercado interior europeo, del Banco Central Europeo, de los fondos europeos de ayuda, dejaría de circular el euro y ya no formaría parte del espacio europeo de libre circulación de personas, teniendo que aceptar los controles de movimientos migratorios que los países de la UE establecieran.
Asimismo –aseguran los expertos–, la ruptura con el Estado español y con la UE implicaría la salida de Cataluña de las organizaciones internacionales de las que España forma parte: la ONU, el Fondo Monetario Internacional, la OTAN, el G-20, entre otras.
Veto a la adhesión
Los autores del análisis hacen una acotación: Cataluña tendría que dirigir su solicitud de acceso a la UE al Consejo Europeo (el órgano donde toman decisiones colectivas los Estados miembros). Éste se debe pronunciar a favor o en contra “por unanimidad” –es decir que se requiere la aprobación del gobierno de España–, después de haber consultado a la Comisión Europea y previa aprobación del Parlamento Europeo, en el que, hay que subrayar, dominan los grupos del Partido Popular Europeo y de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas Europeos, a los que pertenecen los dos partidos mayoritarios de la política española.
Los expertos dan por hecho que, de lograr su independencia sin negociación con el gobierno de Madrid, Cataluña no sería reconocida como nuevo Estado por las naciones que componen la UE.
Se preguntan: “¿Qué harían los gobiernos de los países miembros de la Unión ante la declaración de independencia por parte de determinados órganos o de un ‘gobierno de facto’ en Cataluña?
“Examinarían cómo se ha producido esa declaración y por quién. Estudiarían si ese gobierno o asamblea proclamadora de la independencia tiene atribuciones constitucionales para semejante declaración y si se ha producido una ruptura de la legalidad del Estado español, o sea, de un Estado miembro de la Unión.”
Afirman que si los gobiernos socios concluyen “que ha habido tal quebrantamiento constitucional –como sería el caso– no parece que estarían muy dispuestos a reconocer al gobierno de facto catalán y, por tanto, al Estado catalán emergente”.
Existe otra corriente de opinión, cercana al movimiento independentista, que desestima la exclusión automática de Cataluña de la UE como una interpretación única de los tratados comunitarios.
Un estudio sobre las “vías de integración a la UE”, encargado por la Generalitat de Cataluña al Consejo Asesor para la Transición Nacional, arrojó otros escenarios, incluyendo “el de permanencia” automática en la UE; algo que se percibe como lo menos viable.
Los otros dos escenarios prevén la salida del club comunitario, pero en uno, Cataluña debe solicitar su regreso de manera “ordinaria” a partir de cero, mientras que en otro, el de “adhesión ad hoc”, la UE apresura el proceso de integración y le otorga un “régimen transitorio” dirigido a asegurar “el mantenimiento del máximo número posible de relaciones jurídicas, económicas y políticas con la UE y de derechos y obligaciones de los ciudadanos y empresas que operan en Cataluña”.
En desacuerdo con otros expertos en la materia, el estudio de la Generalitat –publicado en abril de 2014– afirma que “no hay una regulación expresa en el derecho europeo ni el internacional de un caso como el de la integración a la UE de un futuro Estado catalán”.
Es más, se enfatiza que el artículo 4.2 del Tratado de la UE –que se cita como base jurídica de los principios de identidad nacional e integridad territorial– “no prohíbe ningún proceso de secesión interna dentro de un Estado miembro”, sino que se limita a establecer el compromiso de la Unión de mantener un estatus de neutralidad, al tratarse de una cuestión que corresponde a la competencia exclusiva de los Estados.
Intereses
Desde el punto de vista catalán, los argumentos favorables a la permanencia en la UE o a una “integración rápida” tendrán más peso para las instituciones europeas y los Estados miembros, y son de dos tipos: los relacionados con los valores de máxima integración posible del continente y los basados en intereses económicos.
“No se puede menospreciar el hecho de que, según los cálculos existentes en la actualidad, un futuro Estado catalán no sería un Estado ‘receptor’ sino ‘contribuidor fiscal neto’ al presupuesto de la UE”, expone el estudio.
Y contradice a quienes opinan que una declaración de independencia sin la aceptación de España marcaría su exclusión de la UE. Explica: “Si Cataluña pudiera demostrar de manera fehaciente que ha intentado el acuerdo de modo reiterado y de buena fe con el Estado español, habiendo instado la aplicación de las vías legales y siguiendo un proceso escrupulosamente democrático, este dato no podría ser indiferente a la UE y los Estados miembros”.
El estudio reconoce que en la práctica es posible que los argumentos independentistas catalanes no sean suficientes para evitar “el veto, con finalidad disuasoria o sancionadora”, por parte de España o de algún otro Estado.
No obstante, se considera que es “muy improbable que a mediano plazo los intereses de la Unión y del resto de los Estados miembros no acaben imponiéndose”.
Una de las premisas del mismo diagnóstico apunta a que el carácter “inédito” del caso catalán “incrementará la amplitud del margen de libertad que la UE suele darse a la hora de seleccionar, interpretar y aplicar el derecho europeo”.
Lo anterior supone que “en la práctica, se quiera reconocer o no, la opción por uno u otro escenario no responda tanto a criterios jurídicos como a criterios e intereses políticos y, sobre todo, económicos”, concluye el estudio.
Este reportaje se publicó el 8 de octubre de 2017 en la edición 2136 de la revista Proceso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO GUTIÉRREZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/506691/riesgo-una-cataluna-rechazada-europa