El fiscal general José Manuel Maza hizo este lunes una declaración institucional en la que explicó que se les acusa por sus acciones que derivaron con la declaración unilateral de independencia el pasado viernes “con total desprecio” a la Constitución Española.
Puigdemont y los miembros de su gobierno fueron destituidos horas después de que el viernes el Parlamento de Cataluña declaró la independencia, al aplicarse el artículo 155 constitucional que permite al Estado español intervenir una comunidad autónoma en caso de desobediencia.
El expresidente de la Generalitat y otros exmiembros de su gobierno viajaron a Bruselas, Bélgica, tras su destitución.
El viaje se da después de que un funcionario belga declaró el domingo que Puigdemont y su gobierno podrían pedir asilo en Bélgica, pero momentos después el primer ministro belga Charles Michel desautorizó la oferta.
De acuerdo con la televisión pública catalana (TV3), Puigdemont podría comparecer este lunes desde Bélgica para explicar su situación, toda vez que su viaje se realizó el mismo día que la Fiscalía General del Estado español presentó dos querellas en su contra.
Algunos medios españoles consideran que el dirigente nacionalista y los demás exmiembros de su gobierno pedirán protección a Bélgica para enfrentar desde allí a la justicia española.
El gobierno español disolvió al Parlamento catalán y convocó a elecciones locales a realizarse el 21 de diciembre, mientras que esta semana se procede a tomar el control de las instituciones catalanas.
La querella contra los exmiembros del gobierno catalán se interpuso ante la Audiencia Nacional, que es la competente para conocer de los delitos imputados, ya que los querellados no ostentan la condición de aforados al haber sido cesados en sus cargos.
A su vez, la querella contra los miembros de la Mesa Directiva del Parlamento catalán que posibilitaron el desarrollo y culminación del proceso independentista, se ha interpuesto ante el Tribunal Supremo, al conservar la mayoría de los querellados el aforamiento.
En las querellas se solicita, como es lógico, que sean citados los querellados para prestar declaración y posterior comparecencia en orden a la eventual solicitud de medidas cautelares, debido a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados.
Maza señaló que a partir de ahora, “la Fiscalía continuará ejerciendo sus funciones desde la imparcialidad y con estricta observancia de lo dispuesto en la Ley”.
Recordó que el objetivo es “garantizar el respeto al Estado de Derecho, al orden constitucional y a nuestro sistema de convivencia, gravemente afectado por las conductas que motivan las querellas”.
A la espera del gobierno
Los independentistas, que el viernes celebraron con júbilo el nacimiento de su república, aguardaban cada vez más desanimados.
“Estamos a la espera de qué hace el gobierno” de Puigdemont, explicaba el domingo por la noche a la AFP un responsable de una organización independentista.
“Si se creen ellos mismos que son el ‘govern’ de la República, entonces nosotros saldremos a protegerlos, pero si no hacen nada, tendremos que ver qué hacemos”, agregó el responsable, que solicitó el anonimato.
Pero solo uno de sus integrantes había acudido a su despacho, según colgó en una fotografía de Twitter, aunque lo abandonó poco después. Y en todas las dependencias oficiales, seguían ondeando las banderas españolas.
De la decisión de los líderes independentistas también dependen los 200.000 funcionarios de la administración regional, ahora ya bajo órdenes de Madrid.
En las últimas semanas habían surgido llamamientos a desobedecer a sus nuevos superiores pero es incierto si lo harán tras la aparente desbandada de sus dirigentes.
“Creo que la gente seguirá trabajando normal en su día a día”, dijo a la AFP Joan Escanilla, portavoz en Cataluña del sindicato de funcionarios CSIF.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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