León, Guanajuato. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJE) solicitó el desafuero de la diputada federal del PRI y ex alcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez, para procesarla penalmente por peculado y daño al erario por 87 millones de pesos.
De manera simultánea, a las 15:30 horas, los diputados locales y los federales del Partido Acción Nacional (PAN) ofrecieron una rueda de prensa, en León y en la Ciudad de México, para respaldar la petición de desafuero tramitada por el gobierno de Guanajuato, encabezado por el panista, Miguel Márquez Márquez.
“Es importante que León y Guanajuato sepa que las instituciones están funcionando, es una averiguación que se inició por una auditoría integral, después el procurador (Carlos Zamarripa Aguirre) considera que hay una responsabilidad”, argumentó.
La PGJE ha recibido 11 denuncias por presuntos delitos cometidos en el gobierno priísta (2012-2015), detalló Ling Altamirano.
El coordinador de los diputados locales del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, vaticinó que vendrán más procesos penales contra Botello Santibáñez, pero negó que “sea una persecución política”.
Por su parte, la imputada dijo que: "Es una 'bufonada' la solicitud de desafuero tramitado por el gobierno del panista, Miguel Márquez Márquez".
“No me van a intimidar, lo he vivido más de dos años y seguiré exigiendo resultados y exigiendo se castigue la corrupción de los gobiernos panistas. Que me sigan investigando, que sigan utilizando su poder en el estado, todo lo que hice estuvo bien, auditada como a nadie por eso estoy muy tranquila”, sostuvo.
Exigió que castiguen a los funcionarios panistas del gobierno de León (2006-2009) responsables de perder 37 millones de pesos en una inversión ilegal en la quebrada Metrofinanciera, sin la autorización del ayuntamiento. “Que respondan qué harán con los responsables de la corrupción del programa Escudo (donde se invirtieron 2 mil 700 millones) o en la compra de medicamentos a sobreprecio o los terrenos de Toyota”.
La aspirante a candidata a gobernadora aseguró que “responderé como siempre con argumentos legales y con trabajo como lo he venido haciendo aunque les moleste tanto”.
El oficio de desafuero entregado por el procurador Carlos Zamarripa Aguirre al Congreso señala también que como presidenta municipal en el periodo 2013-2015 entregó seis contratos a seis empresas que no habrían realizado los trabajos encargados por el municipio, y sin embargo cobraron el monto de 1 millón 500 mil pesos.
La petición de desafuero, que se turnó a la sección instructora de la Cámara de Diputados, afirma que la legisladora y otros coautores firmaron contratos, entre 2013 y 2014, con las empresas Participación en Proyectos, Advise Experts Trilogy y Asesoría Especializada Especta Aeesa, las cuales no presentaron trabajo alguno, pero a través de facturas y solicitudes de pagos dispusieron indebidamente de 1 millón 577 mil 600 pesos.
En respuesta la diputada priísta atribuyó la petición de desafuero a una maniobra del gobierno panista de David Márquez Márquez. “Quieren sacarme de la jugada. Les duele que les gané en 2012. Su fobia es porque siempre les he ganado las elecciones y también en 2018. Voy a ser la gobernadora de Guanajuato”.
Diputados federales por el PAN en esa entidad señalaron que también se le atribuye a la priísta el desvío de recursos en obras, incluso de la contratación de un maquillista profesional y un chef. “Yo me maquillo solita”, respondió la legisladora.
FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: CARLOS GARCÍA, ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO