Juan José Ríos Estavillo Fiscal General del estado, confirmó que la notificación de la CNDH fue recibida el pasado 20 de septiembre de 2017 , iniciando las diligencias necesarias para la investigación de los hechos denunciados.
Explicó que conforme a derecho se inició el trámite para resolver la queja administrativa, para que se diseñe e implemente un protocolo de investigación de los casos de desplazamiento forzado interno de personas y se designe a un servidor público de la Fiscalía General como enlace con la CNDH para el seguimiento y cumplimiento de los puntos recomendatorios.
Precisó que mediante un oficio el pasado 2 de octubre de 2017, comunicó su respuesta de aceptación a la referida resolución de la CNDH y giró los oficios de instrucción necesarios a las áreas correspondientes, a fin de iniciar el procedimiento encaminado al cumplimiento de la Recomendación de mérito, de los cuales acompañó copia a su contestación.
En tanto en el Congreso del estado, Jesús Angélica Díaz Quiñonez (PAS) presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, argumentó que van a darle seguimiento a la recomendación emitida al gobierno de Sinaloa por el desplazamiento de familias que emitió y recordó que necesitan buscar mecanismos para que se otoguen recursos para que se atiendan a los cientos de familias que en este año fueron desplazadas por la violencia en el municipio de Concordia y que al salir de sus viviendas se fueron a vivir a Mazatlán.
Maribel Chollet Morán legisladora del PRI, argumentó que trabajaran en conjunto con las comisiones de derechos humanos para buscar soluciones a los problemas que enfrentan las familias desplazadas que han salido de sus poblaciones de Concordia.
Foro de Desplazamiento Forzado Interno
Alrededor de mil 500 familias son las que han sido desplazadas este año de las comunidades de Concordia, Escuinapa, San Ignacio y Rosario, señaló Arturo Lizárraga Hernández, investigador de la UAS durante el primer Foro Regional de Desplazamiento Forzado Interno organizado por esta institución académica.
Preciso que desde el año pasado comenzó el desplazamiento se agudizo en los primeros meses del año en el municipio de Concordia, por motivos de violencia expulsando a miles de personas que se encuentran desperdigadas en todos las colonias de Mazatlán
En tanto Lorenzo Salomón Cárdenas, coordinador del Foro, argumentó que a través del trabajo de acompañamiento que realizan brigadas de psicólogos de la que forma parte, las familias, responden que difícilmente regresarán a las poblaciones en tanto persistan los hechos de violencia de parte de los grupos criminales, porque incluso hacen referencia que las mujeres han sufrido violaciones cuando anteriormente no se tenían casos de agresiones sexuales.
Oscar Loza Ochoa, visitador de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos, organización no gubernamental, consideró que la situación de violencia que enfrentan desde el año 2011 las familias en sus comunidades es preocupante, además porque no hay atención de las autoridades del Estado Mexicano , ni de autoridades federales ni estatales, al calcular que en Sinaloa hay 36 mil 500 personas desplazadas .
Externó que las autoridades estatales y municipales, solo entregan despensas para tomarse la fotografía, pues no tienen la menor idea de seguir los principios rectores de desplazamientos que instrumentó la ONU que instruye que se deben de atender a todos los grupos de personas en condiciones vulnerables.
Lamentó que las autoridades ni siquiera tengan diagnóstico de cual es la situación que se viven en las poblaciones serranas, ni números oficiales de las familias que han tenido que abandonar sus pueblos, ni tampoco atienden lo elemental que recomendaron para reunirse con las organizaciones de derechos humanos y las instituciones de educación para ponerse de acuerdo en el concepto y lo que implica el desplazamiento interno.
FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: IRENE SÁNCHEZ