XALAPA, Ver. (apro).- El análisis del gasto federalizado elaborado por el Órgano de Fiscalización de Veracruz (Orfis), correspondiente al último año de gobierno del priista Javier Duarte, revela una “mal utilización” de recursos federales por 4 mil 628 millones 885 mil 500 pesos.
Además, en concordancia con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el último dictamen de la Cuenta Pública 2015, cotejada con la de 2016 a nivel local, aparecen pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal, retenciones no enteradas a terceros institucionales, conceptos no autorizados por la instancia federal coordinadora y pagos excedente en prestaciones no ligadas al salario.
Además, en concordancia con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el último dictamen de la Cuenta Pública 2015, cotejada con la de 2016 a nivel local, aparecen pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal, retenciones no enteradas a terceros institucionales, conceptos no autorizados por la instancia federal coordinadora y pagos excedente en prestaciones no ligadas al salario.
Ejemplo de ello son las partidas federalizadas para los fondos Regional, Metropolitano, de Fortalecimiento Financiero y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.
En el caso de los programas y fondos federales en el estado de Veracruz, aparecen observaciones en el manejo de mil 304 millones 866 mil 900 pesos, apareciendo como entes responsables la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) y el Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano Veracruzano (Fonmetrov).
En los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) aparecen, con las irregularidades ya mencionadas, el manejo de mil 651 millones 645 mil 100 pesos, en que las dependencias responsables son Sefiplan y Secretaria de Educación de Veracruz.
En recursos atribuibles al Seguro Popular, luego del acuerdo de coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud federal y el gobierno de Veracruz, hay un monto observado por 409 millones 787 mil 400 pesos, apareciendo como entes responsables la Sefiplan y la Secretaría y Servicios de Salud de Veracruz.
En Prospera, el llamado programa estelar del gobierno federal, se encuentran irregularidades en el manejo de 316 millones 86 mil pesos.
El reporte especial elaborado por el Orfis registra que, en el último año de ejercicio de Duarte de Ochoa –hoy con prisión preventiva de un año en el Reclusorio Norte de la capital del país–, cerca de 92.6% de los ingresos de que dispuso el gobierno de Veracruz le fueron transferidos por la Federación, y de ellos el 56.8% estaba etiquetado para un fin específico.
Sin embargo, “ante las presiones financieras y la escasa capacidad recaudatoria, la Secretaría de Finanzas y Planeación aplicó parte de estos recursos federales al pago de sueldos, prestaciones de seguridad social y pensiones, que debieron ser cubiertos con recursos propios o de libre administración”.
Más aún, “la deficiente aplicación de algunos fondos federales para el fin al que estaban destinados, ha impactado severamente las condiciones de vida de los veracruzanos, especialmente porque no se han alcanzado los niveles de bienestar en materia de salud, educación, desarrollo social, seguridad e infraestructura, entre otras necesidades ciudadanas”, señala el documento rubricado por el auditor general de Veracruz.
Apenas ayer, el gobernador Miguel Ángel Yunes lamentó que la bancada del PRI en el Congreso de la Unión se encuentre protegiendo a excolaboradores de Javier Duarte, como su extesorero Tarek Abdalá y su exvocero Alberto Silva.
Desde hace dos semanas, los once diputados de la Comisión de Vigilancia del Congreso local se encuentran en trabajos con los auditores del Orfis para sacar adelante un dictamen de la Cuenta Pública 2016 y así deslindar responsabilidades.
A nivel federal, la ASF continúa reclamando la “solventación” de 58 mil 868 millones de pesos, según cifra actualizada a febrero pasado.
En una tabla estadística, en poder de Apro, se consigna que la ASF continúa reclamando recursos por solventar de las cuentas públicas 2011-2014 por 26 mil 42 millones de pesos, a la par de 310 millones de procedimientos resarcitorios y 7 mil 704 millones de solventar de la Cuenta Pública 2015.
Además, el reintegro de 16 mil 305 millones 800 mil pesos, vía denuncias de hechos, al tiempo que reclama 4 mil 770 millones, vía denuncias penales relacionadas con simulación de reintegros.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: NOE ZAVALETA