Los campesinos acusaron que con el acuerdo se ignora la siembra ilegal de soya transgénica en más de 23 mil hectáreas del municipio de Holpechén y se establece que las únicas comunidades que serán consultadas serán SucTuc, Xmaben, Cancabchén, Pakchén, Ich-Ek y Bolonchén de Rejón, a cargo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Aseguraron que la decisión del juez va en contra de todo el trabajo de las comunidades mayas consultadas sobre la liberación comercial de la soya modificada genéticamente por Monsanto y de los acuerdos entre comunidades para avanzar juntas en el proceso desde hace año y medio.
“La trasnacional, de enorme poder económico y político en nuestro país y el mundo, envuelta en múltiples demandas legales por los efectos negativos provocados por sus productos y escándalos por corrupción, logró presionar al juez de distrito para que emitiera acuerdos (de fecha 19 y 20 de septiembre de 2017) en los juicios de amparo interpuestos por miembros de las comunidades mayas para dividirlas”, aseguraron los campesinos.
Calificaron el acuerdo emitido de “medida discriminatoria” y lamentaron que “otros” decidan las políticas públicas para sus territorios ancestrales, su gente y sus pueblos.
Al menos 85 por ciento de la soya que se sembró en Holpechén este año pertenece a Monsanto, y “los apicultores tuvieron afectaciones graves en el 80 por ciento de sus colonias esta y la temporada pasada, y la Sagarpa y demás instancias de gobierno se niegan a apoyarlos, mientras que sí dan apoyos a los productores de soya”, denunciaron.
Meses antes, los habitantes de las comunidades mayas solicitaron al Juez obligar a la CIBIOGEM y la CDI a continuar la consulta y reconocer a sus autoridades y representantes, pero “el Juez Novelo Pérez los ignoró”, destacaron organizaciones y campesinos que los acompañan.
Además, se había pedido que la autoridad obligara al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) a impedir la siembra de soya genéticamente modificada en la zona, ya que el permiso para ello está suspendido por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo “hizo caso omiso a esta solicitud”.
La contaminación provocada por la siembra de soya transgénica afecta el manto freático de la península de Yucatán por cocteles de agroquímicos, lo que a su vez daña la salud de los pobladores y sus cultivos.
Entre los que rechazaron la decisión emitida por el juez se encuentran el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Greenpeace México, MA OGM Colectivo y el Centro de Derecho Ambiental (Cemda).
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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