Como resultado de la investigación realizada, la CNDH acreditó que los agentes del Ministerio Público de la Federación y locales no llevaron a cabo diligencias para establecer líneas de investigación orientadas a la participación de los probables responsables de los hechos, y tampoco solicitaron pruebas periciales idóneas que el caso requería.
De igual manera, se advirtió que personal pericial de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Nuevo León no resguardó adecuadamente el lugar dónde se hallaron los 49 cadáveres, y practicó de manera deficiente las necropsias realizadas.
También confirmó la omisión en que incurrieron los agentes del Ministerio Público, tanto del ámbito federal como local, para llevar a cabo diligencias que permitieran obtener información con el fin de verificar de manera oportuna la nacionalidad de dos personas de origen nicaragüense, lo que derivó en el retraso de su identificación.
En un comunicado, la CNDH precisó que en sus Informes Especiales sobre secuestro de migrantes en México –con fechas 15 de junio de 2009 y 22 de febrero de 2011– denunció públicamente la vulnerabilidad de la población migrante al transitar por zonas catalogadas como de alto riesgo.
Entre esas zonas se mencionó la carretera libre Monterrey-Reynosa, circunstancia que se hizo del conocimiento de las autoridades del estado de Nuevo León para que adoptaran medidas de investigación, protección y prevención, a fin de atender dicha problemática. Sin embargo, fue en esa ruta donde 49 personas fueron privadas de la vida en mayo de 2012.
En consecuencia, el organismo de derechos humanos concluyó que hay responsabilidad del gobierno de Nuevo León por no haber generado acciones que permitieran garantizar el derecho a la seguridad ciudadana de esas personas.
La CNDH solicitó a la PGR inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a aquellos familiares de las personas fallecidas que no han sido inscritas, para que tengan acceso, en lo conducente, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Asimismo, que en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se elabore un peritaje para evaluar a cada familiar afectado y en consecuencia se le repare el daño integral, tanto de los familiares de las víctimas que han sido identificadas y las que en su oportunidad se identifiquen.
Además, se garantice a los familiares participación activa en las investigaciones y se les brinde la seguridad necesaria para resguardar su integridad. Y, entre otros puntos, se colabore en las diligencias para repatriar el cuerpo de una de las víctimas y corroborar la identidad de otras.
Al gobernador de Nuevo León le solicitó que el procurador estatal decline la competencia de la averiguación previa en favor de la PGR; ofrezca disculpa pública a familiares de las víctimas y se publique en dos medios de comunicación nacionales, y se levante un memorial por migrantes desaparecidos.
En tanto, al mandatario de Tamaulipas le solicitó colaborar en la denuncia que la CNDH presentará ante la PGJ de esa entidad y la Coordinación de Asuntos Internos de la misma.
“A los dos gobernadores se les pide instruir al correspondiente titular de las Secretarías de Seguridad Pública para que, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Nacional de Seguridad, realicen diagnósticos sobre las rutas de tránsito de migración del país, particularmente en zonas de alto riesgo para las personas en contexto de migración, a fin de que se intensifique la vigilancia y se eviten casos como el presente”, conlcuyó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/509354/la-cndh-emite-recomendacion-masacre-49-personas-en-cadereyta-en-2012