De todos es sabido que México enfrenta una de sus peores crisis de estabilidad y seguridad, provocada en parte por la desbordada violencia del crimen organizado –que ha cobrado la vida de casi 300 mil civiles entre 2007 y lo que va de este año–, pero también por la propia violencia que ejercen las instituciones en contra de la población (sobre todo las Fuerzas Armadas y corporaciones policiales).
Por la gravedad de este conflicto interno –que ha derivado en que varias regiones del país sean literalmente gobernadas por las organizaciones criminales, especialmente las del narcotráfico–, analistas han calificado a este país de Estado fallido.
Y aunque, en términos reales, no nos encontremos en una situación del todo fallida, hemos avanzado a pasos agigantados hacia ella. Pero eso es algo que en el poder político no observan o no quieren admitir: baste recordar que el presidente Enrique Peña dejó claro que, para él, el problema es la gente que le echa la culpa a la corrupción de todo lo que está mal (un semáforo averiado, un socavón en una carretera o las secuelas mortales de los sismos), en vez de que asuma su papel de jefe de Estado y combata de una vez por todas ese flagelo y la impunidad asociada, que tanto daño nos hace.
Pero resulta que la corrupción, la impunidad y la violencia no son los únicos factores de inestabilidad para México; también están los conflictos sociales generados por los cientos de despojos que empresas nacionales y trasnacionales ejecutan –en complicidad con los gobiernos, en sus tres niveles– a lo largo del país. Y las violaciones a los derechos humanos que conllevan, incluidos los asesinatos y desapariciones de defensores y activistas.
Otro factor que contribuye a la inestabilidad es, sin duda, el de la pobreza. Éste afecta a 53 millones de personas (según cálculos oficiales) o más, porque ahora con los sismos la brecha entre ricos y pobres se amplió.
De tal suerte que la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano están en riesgo permanente y esos miles de millones de pesos gastados en su nombre no han servido casi para nada. Quizás porque cuando el gobierno apela al concepto de “seguridad nacional” para ejercer miles de millones de pesos, lo hace con los objetivos de mantener en la opacidad los gastos y de privilegiar a la milicia y sus negocios, y no para generar condiciones que realmente respondan a las necesidades sociopolíticas en esa materia.
Y es que cualquiera puede darse cuenta que el presidente y su gobierno descansan en la fuerza militar, a la que otorgan generosos presupuestos año con año a costa de recortes multimillonarios en programas sociales y educativos. ¿Será que en la cúpula gubernamental se teme demasiado a un pueblo encabronado que no aplaude? La única que sí le aplaude al mandatario es la milicia durante los homenajes semanales que éste les hace aunque no tenga motivo para ello.
De acuerdo con la nota estratégica Gasto en seguridad nacional: la propuesta para 2018, el incremento en seguridad nacional equivale a la disminución en el presupuesto de las secretarías de Educación Pública y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
El recurso en esta materia lo ejercen discrecionalmente cuatro instituciones: Presidencia de la República, Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de Marina Armada de México, pero son estas dos últimas las que concentran los mayores montos.
La nota elaborada por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República indica que “el paquete presupuestario refiere que el objetivo de los aumentos propuestos para la Sedena y la Secretaría de Marina es el fortalecimiento de la infraestructura militar y naval; sin embargo, no es posible identificar con suficiente detalle el destino de este gasto”. Esa opacidad está garantizada por el marco legal mexicano, que considera como reservados y confidenciales todos los asuntos de seguridad nacional.
El análisis El proyecto del presupuesto público federal para la función seguridad nacional, 2017-2018 explica que el gobierno federal continúa dando una alta prioridad a esta política. “Como en la administración pasada del expresidente Felipe Calderón que se incrementó significativamente el gasto público federal para la seguridad nacional, la administración del presidente Enrique Peña Nieto está siguiendo la misma tendencia, al proponer incrementos significativos del gasto público federal para esta función”.
Ese estudio, elaborado por la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados, refiere que mientras en este 2017 el gasto público federal aprobado para seguridad nacional fue de 83 mil 451.33 millones de pesos, para 2018 se busca que sea de 99 mil 129.44 millones, lo que representa un aumento del 18.79 por ciento.
Según el documento, destaca el incremento del gasto para los ramos de Marina y Sedena, con 17.99 y 20.28 por ciento, respectivamente. Para 2018, detalla, el gasto público propuesto se distribuiría así: para la Presidencia, 657.52 millones de pesos; para la Secretaría de Gobernación (Cisen), 2 mil 888.44 millones; para la Sedena, 68 mil 197.08 millones; y para Marina, 27 mil 386.40 millones de pesos.
En la nota estratégica del Instituto Belisario Domínguez se da cuenta de que el aumento al presupuesto de la Sedena y Semar en 2018 corresponde casi de forma exclusiva al gasto denominado proyectos o programas específicos.
“En el caso de la Sedena este tipo de gasto aumentó de 893.6 millones de pesos a 10 mil 303.3 millones, esto es en más de 1 mil por ciento. En tanto que en la Semar, que no contó en 2017 con este tipo de programas, se propone ahora una asignación de 4 mil 15 millones de pesos por este concepto para 2018”. En la próxima entrega abundaré sobre el destino discrecional del gasto.
FUENTE: CONTRALINEA
AUTOR: NANCY FLORES
LINK: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2017/10/19/seguridad-nacional-subterfugio-gastar-mucho-sin-rendir-cuentas/
.jpg)
