El dato se desprende del más reciente informe del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), que recoge el reporte de delitos de alto impacto registrados en el mes de agosto. El director general de la organización, Francisco Javier Rivas, lo dice sin cortapisas: “Este podría ser el año más violento de la historia moderna de México”.
Rivas, en entrevista con RT, precisa: “Comparando los primeros ocho meses del 2017 contra los de 2016, tenemos aumentos de todos los delitos”. Pero, ¿qué explica este repunte de violencia en uno de los países más importantes de América Latina?
BROTE DE VIOLENCIA
El 2011 había sido considerado, hasta ahora, como el más violento en la historia moderna de México. A partir del 2012, la incidencia del delito de homicidio empezó a disminuir, pero en abril del año pasado esa tendencia se rompió.
De acuerdo a los datos del Observatorio, los meses de junio, julio y agosto de 2016 figuran entre los más violentos de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, cuando “se acumularon el mayor número de carpetas de investigación por el delito de homicidio”. En 2017, las cosas no mejoran.
Si se mantiene la tasa promedio de homicidios dolosos contabilizados en los primeros ocho meses de 2017, “este año terminaría con una cifra récord de 27 mil 955 50 víctimas de este ilícito”, refiere el informe. Rivas es más específico: “En México estamos viviendo un brote de violencia”.
Solo los delitos de homicidio culposo y robo a transeúntes experimentaron una disminución en agosto, con respecto al mes anterior, de 2.55 y 6.51 por ciento, respectivamente. El resto, aumentó: homicidio doloso (4.19); secuestro (8.55); extorsión (26.98); robo con violencia (10.80); robo de vehículo (5.43); robo a casa habitación (5.49); robo a negocio (5.30) y violación (8.73 por ciento).
¿CUÁLES SON LAS CAUSAS?
Para Rivas, ese fenómeno no se puede atribuir a un solo factor: elementos como la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que permitió la proliferación de nuevos liderazgos en el narco; hasta la implementación del nuevo sistema de justicia penal, han contribuido al incremento de las cifras rojas en todo el país.
“Yo no creo que el nuevo sistema de justicia penal haya permitido el aumento de la violencia, quiero ser muy claro con eso, sino que la migración de un proceso a otro ha generado espacios de oportunidad para los delincuentes, sobre todo porque los operadores no están bien entrenados”, aclara el director de la ONC.
Otro elemento que incide, en su criterio, es la declaración —por parte del Ejecutivo— de la detención de “objetivos prioritarios”: “Si tú detienes a un capo de una organización que se rige bajo la violencia, lo que haces es que permites que haya disputas entre bandas por tener el liderazgo […] Hay luchas intestinas de los grupos y entre organizaciones criminales y, en medio, también está el Estado”.
DESIGUALDAD
Si bien las disputas territoriales de los carteles y bandas de crimen organizado son responsables de buena parte de la violencia, el carozo del problema radica en la desigualdad. El informe considera que la ausencia de “un buen crecimiento económico estable, la falta de inversión en educación, ciencia
y tecnología, así como la escasa generación de empleos de calidad que sean bien remunerados” atizan las dificultades para combatir el flagelo.
En México, de acuerdo a las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el 2016, un total de 53.4 millones de personas (43.6 por ciento de la población) viven en condiciones de pobreza y otros 9.4 millones están en situación de pobreza extrema, lo que representa un aumento con respecto a las cifras de 2010.
Esos números “incentivan la participación de la población en la comisión de ilícitos”, advierte el reporte de la ONC. Para los especialistas, si no se atiende el asunto mediante una política pública integral que combata las causas estructurales de la violencia, “difícilmente se podrá resolver eficazmente la crisis de seguridad que enfrenta México desde hace más de una década”.
Mientras tanto, la violencia leva y en el periódico del domingo, fácilmente, pueden leerse noticias sobre los 11 periodistas asesinados sólo en este año, la petición de una alerta de género por la cantidad de feminicidios en Puebla, las denuncias sobre los “esclavos” del narco al norte de México, la ola de secuestros en Nuevo León o el asesinato de diez transportistas en Guerrero, víctimas de las disputas en el comercio de la goma de opio. “Hay incentivos para la ilegalidad en muchos sectores”, acota Rivas.
MAS ARMAS
El aliciente económico que está detrás de la delincuencia se traduce en su diversificación. “Hoy tienes menos homogeneidad en los delitos que hace diez años: antes podías decir que la mayor parte estaban vinculados al crimen organizado, pero ahora también tienen que ver con la delincuencia común”. ¿Y qué fue lo que pasó?
Según Rivas, la manera en que se dio la guerra contra el narco tuvo una incidencia decisiva. Por una lado, fragmentó a los grupos delictivos, y por otro, permitió la proliferación de armas.
“Eso ha hecho —explica el director de ONC— que en últimos años los delitos cometidos por armas de fuego y las lesiones dolosas se hayan disparado. Esto implica que un robo, que debería ser solo un robo, termine en homicidio; que si hay una riña interpersonal, también termine en homicidio”. El mapa también ha cambiado: si antes la mayor incidencia delictiva se concentraba en siete u ocho estados, hoy la afecta por igual a casi todo el país.
CORRUPCIÓN
Ciudades como Tijuana, en Baja California, se han convertido en la meca de edificios empresariales, condominios de un millón de dólares y construcciones de alto calibre que permanecen deshabitadas. La demanda inmobiliaria es menor a la oferta. Rivas comenta que el fenómeno se repite en otras entidades y es el reflejo de un mar de fondo menos esplendoroso.
“El ‘boom’ inmobiliario en este país no puede entenderse si no se considera el factor del dinero más habido (…) Si lo veo yo, que voy pasando por las calles, ¿no lo ve la unidad de inteligencia financiera?”, se pregunta. La corrupción, como un fantasma, no deja de posarse sobre la gestión pública en materia de seguridad ciudadana.
“La cantidad de recursos gastados en seguridad no se transformó en inversión. Cuando volteas a ver cómo está hoy la policía con respecto a hace diez años, notas que están apenas un poco mejor. No hay eficiencia en el gasto público: se gastó mucho para resultados marginales”.El problema se agrava cuando no hay confianza en la institucionalidad y las medidas para hacer seguimiento a la legitimación de capitales es laxa. “No existe un solo ejercicio para hacer débiles a las bandas desde el ámbito financiero y es el dinero el que le permite a las bandas sostenerse porque compran seguridad del Estado, justicia del Estado y pueden seguir delinquiendo, incluso dentro de un penal”.
¿Qué es lo primero que se puede hacer para detener el brote de violencia? Rivas responde: “Si empiezas a combatir de fondo la corrupción, rompes las ataduras entre los poderes fácticos. Si hoy el país no ha cambiado es porque a los poderosos no les ha convenido”. Pero ante las dimensiones inabarcables de la violencia en México, la respuesta oficial es, cuando menos, curiosa: el mayor logro a exhibir en los últimos dos años es la activación del número único de emergencias.
Al respecto, el director de la ONC ironiza: “Qué bueno que hay un número único, pero dentro de todas las prioridades en términos de esfuerzo, de política y de dinero en materia de seguridad, ¿era esa la número uno?”.
FUENTE: SIN EMBARGO/ACTUALIDAD RT.
AUTOR: NAZARETH BALBÁS.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-10-2017/3327064