Su destitución se debió a que violó el debido proceso, por lo cual, aun si fuera repuesto en el cargo, muy probablemente la defensa de Lozoya podría alegar ante el juez que violaron sus derechos humanos, por lo cual se violentó el debido proceso. Como sucedió con Florence Cassez, el delito de secuestro y delincuencia organizada quedó de lado ante la Suprema Corte de Justicia, frente al hecho de que violaron sus derechos. El garantismo se aplica a tabla rasa. Lo que fue para Cassez, también tiene que ser para Lozoya, por lo cual Nieto habría rescatado a Lozoya de una eventual cárcel por un delito electoral, al haber prostituido el caso.
El garantismo de la Corte tendría que ser aplicado por cualquier juez, no como prueba de inocencia, sino porque la posibilidad de que fuera juzgado de manera justa fue socavada por el exfiscal. En este caso, como deslizó el periodista Rafael Cardona, en Foro TV, Lozoya tendrá que comprarle al exfiscal electoral un Pétrus, ese vino de Burdeos que se encuentra entre los más finos del mundo, en agradecimiento por sus buenos oficios, cualesquiera que hubiera sido la razón de ello. Con su acción ilegal, lo blindó, y Lozoya tendría que ser exonerado –si se le confirmara una ilegalidad– si se aplica la Doctrina Zaldívar, del efecto corruptor que liberó automáticamente a Cassez.
Eso es la primera parte. La segunda tiene que ver con los senadores, convertidos en maestros en la simulación. Juegan con las sombras de la Cueva de Platón al salir a la defensa airada de Nieto, y exigir su restitución. Para efectos prácticos de esta investigación, que regrese o no a la Fiscalía es irrelevante. Lozoya, como ya lo anunció, lo demandará por haber violado sus derechos humanos y vulnerado el debido proceso, por lo que en el eventual caso de que fuera llevado a tribunales, un juez podría determinar si al violar el principio de secrecía en la investigación, se perdió la posibilidad de un juicio justo. De esta manera, lo que hizo Nieto fue extenderle inmunidad e impunidad a Lozoya, en caso de que fuera culpable del uso de dinero de procedencia ilícita en la campaña presidencial.
En este sentido, toda la agitación y movilización en defensa de Nieto se está dando para la protección de un exfuncionario que actuó exactamente en contra del postulado que dicen respaldar: la imparcialidad de las investigaciones de delitos electorales. El apoyo es para quien, contradictoriamente a lo que promueven, protegería al exdirector de Pemex.
Si uno revisa la gestión de Nieto en la Fiscalía, difícilmente se le podría adjudicar el papel de títere del gobierno o del PRI. Su exceso de protagonismo e ingenuidad al desbocarse ante un micrófono, es lo que podría alegar como algunas de sus mayores debilidades. Pero aun así, para efectos de argumentación, en el peor de los escenarios, el efecto para Peña Nieto y el PRI sería marginal. Peña Nieto no sería destituido, ni habría acción legal. El PRI tampoco perdería el registro, como afirmó la dirigente del PRD, Alejandra Barrales. En el mejor de los casos, para quienes buscan una sanción por ese delito, sería una multa.
El caso al que se podría asemejar este delito, de probarse, sería el del llamado Pemexgate, cuando en 2001 se demostró que el sindicato petrolero desvió mil 500 millones de pesos para la campaña presidencial de Francisco Labastida, en 2000. En aquél entonces, el desenlace del primer asunto de corrupción electoral fue una multa al PRI por mil millones de pesos. Y en 2011, un juez federal declaró prescrito el caso, por lo que tampoco procedió el delito de peculado electoral que le imputaron al líder del sindicato, Carlos Romero Deschamps. El dirigente petrolero, para que no se olvide lo que sucede, es actualmente senador del PRI.
La energía de los senadores de oposición está muy mal canalizada. Nieto no tendría que ser el objeto de la defensa, sino del procedimiento mediante el cual se realizó su destitución. No es la persona, sino el cargo al que hay que proteger. Pero no es lo único. En toda esta discusión se ha desviado el foco entre tanta politiquería y banalidades: la corrupción de Odebrecht a funcionarios y exfuncionarios de Pemex. Testigos de la Fiscalía de Brasil han acusado a Lozoya de haberle dado sobornos millonarios para ayudarles a ganar concursos. Adicionalmente, pagó más de 10 millones de dólares a funcionarios de Pemex durante tres administraciones, entre 2011 y 2014, para asegurar que les dieran obra pública, con lo cual obtuvo un beneficio de 300 por ciento.
Este es el tema de fondo, oculto por participar los senadores en ruidosos juegos pirotécnicos que sólo distraen y aplazan que esta corrupción tenga nombre y apellido.
FUENTE: EL FINANCIERO
AUTOR: RAYMUNDO RIVAPALACIO
LINK: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/un-petrus-para-el-fiscal.html