En marzo pasado el obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, afirmó que el gobierno de Astudillo había pactado con el narco en algunas regiones de la entidad. Sin embargo, agregó, la violencia no cesa porque “en el fondo hay cierta repartición de dividendos entre ambos”.
“Por debajo de la mesa ya hay arreglos. El gobierno y las bandas delincuenciales ya se entienden, sólo que públicamente no lo quieren decir. La violencia sigue porque no la quieren aplacar, porque esto del narcotráfico es un gran negocio a nivel nacional, y ni modo que los de Guerrero sean almas puras”, expresó el obispo en aquella ocasión.
Pero Astudillo se empeña en negar la crisis que vive Guerrero, bajo el argumento de que los más de 4 mil homicidios dolosos y los cientos de desaparecidos durante su administración “no son turistas ni personas famosas”.
De acuerdo con el gobernador, la ola de violencia “viene de años atrás”. Los culpables, dice, son sus antecesores: Zeferino Torreblanca Galindo y Ángel Aguirre Rivero, y el interino Rogelio Ortega Martínez.
No obstante, con todos ellos mantiene un pacto de impunidad, pese a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha comprobado que, en conjunto, los tres exmandatarios desviaron alrededor de 20 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
El dinero lo utilizaron para comprar armamento de manera irregular y adquirir un sistema de espionaje telefónico. A ello se suma que entre 2014 y 2015 se otorgaron contratos millonarios a empresas particulares sin licitación de por medio.
Y este año Astudillo se ha enfocado en impulsar millonarias campañas publicitarias para atraer turismo a la entidad, así como a promocionar la inversión extranjera en zonas controladas por el narco.
Mientras tanto, grupos criminales y guardias comunitarias supuestamente vinculadas con el narco controlan franjas completas y mantienen zonas silenciadas en las regiones Centro, Costa Grande, Acapulco y Tierra Caliente, donde el vacío de autoridad ha provocado que se suspenda el derecho al libre tránsito y se ha coartado la libertad de expresión. La sociedad, pues, vive aterrada.
Para contrarrestar esa situación, en abril pasado Astudillo envió al Congreso local una iniciativa para para desarmar a las guardias comunitarias e impedir que sigan desempeñando “funciones de seguridad”, como el castigo de diversos delitos mediante esquemas internos de justicia popular.
Con dicha iniciativa, que permanece congelada en la Comisión Instructora de la LXI legislatura local, el mandatario estatal pretende inhabilitar no solo a los grupos de autodefensa que, ha dicho, están infiltrados por el narco, sino también a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), que opera en la región de Costa Chica y la Montaña.
Ante los desaparecidos, el silencio
En contraste, Astudillo ha hecho mutis sobre el caso de los tres funcionarios desaparecidos desde mediados de septiembre, cuando un grupo armado los privó de la libertad en el municipio de Arcelia, en la región de Tierra Caliente.
Se trata del subsecretario del Migrante, Adolfo Vergara de La Paz, y su medio hermano, Juan Salgado de La Paz, delegado regional de la Dirección Estatal de Transportes, así como Tomás Flores Castillo, jefe regional del Departamento de Preparatorias Abiertas de la Secretaría de Educación estatal, según informaron a Apro fuentes oficiales que pidieron el anonimato por temor a sufrir represalias.
El gobierno estatal se ha negado a fijar una postura pública sobre este hecho.
De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2016 se registraron 2 mil 213 homicidios dolosos en la entidad, y de enero a agosto se contabilizaron mil 540 asesinatos. Las cifras oficiales no contemplan los meses de septiembre y lo que va de octubre, con una tendencia de 200 homicidios mensuales.
En estos últimos 24 meses, el nivel de inseguridad y violencia en Guerrero se mantiene igual que hace 10 años, es decir, con un promedio anual de dos mil homicidios dolosos, y las estadísticas oficiales reflejan un repunte en los delitos de extorsión y secuestro.
Además, las acciones del gobierno de Héctor Astudillo Flores para garantizar la seguridad y castigar a los responsables contradicen las recomendaciones de la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y la seguridad de los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en el continente.
Y no sólo la inseguridad sobresale en Guerrero, el nepotismo también tiene un lugar preponderante. Por ejemplo, el pasado lunes 16, Ricardo Astudillo Calvo, hijo del gobernador, se coló a un acto oficial de la Secretaría de la Juventud (Sejuve) para hacer proselitismo electoral.
Ese día, en un evento encabezado por el propio mandatario estatal y su esposa, Mercedes Calvo Elizundia, en su calidad de presidenta del DIF, se entregaron premios al mérito juvenil en el auditorio “José Joaquín de Herrera”.
En respuesta, integrantes de la organización perredista denominada Juventudes de Izquierda (JIZ) exigieron este miércoles al gobernador que se abstenga de realizar actos oficiales para promover electoralmente a su hijo, y a éste le pidieron “que deje de utilizar recursos públicos con fines electorales”.
Asimismo, exhortaron al titular de la Sejuve, Humberto Díaz Villanueva, a que se conduzca de manera institucional y trabaje para la sociedad y no para el hijo del mandatario.
Los negocios
También el lunes 16, el alcalde priista de esta capital, Marco Antonio Leyva Mena, solicitó licencia para separarse del cargo, luego de la confrontación que tuvo con el gobernador por el control de las ganancias que genera la recolección y reciclaje de la basura en la región centro de la entidad.
Días antes, el miércoles 11, Apro dio a conocer que Astudillo y Leyva destinaron recursos millonarios para beneficiar a empresas virtuales y a dueños de predios privados, además de que depositaron residuos sólidos en una franja de “narcofosas” en Iguala, con el propósito de asumir el control del negocio de la basura.
Leyva Mena admitió que de 2014 a la fecha los gobiernos estatal y municipal han gastado más de 62 millones de pesos en el saneamiento de un relleno sanitario clausurado y la ejecución de dos proyectos de tratamiento fallidos, situación que ha provocado una crisis en esta ciudad.
Incluso reveló que el cabildo de Chilpancingo emitió un acuerdo desde el año pasado para que el secretario de Imagen Urbana, Carlos Ramírez González, se encargue de la recolección de basura, a pesar de que el hecho representa un conflicto de intereses sancionado por la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
Y es que el funcionario municipal, que gana más de 60 mil pesos mensuales y forma parte del grupo político del gobernador, es propietario de un negocio privado de unidades recolectoras de desechos sólidos que operan en Chilpancingo sin regulación y cobran el servicio a la sociedad.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
LINK: http://www.proceso.com.mx/508027/violencia-corrupcion-e-impunidad-la-marca-del-gobierno-astudillo-en-guerrero