Ximena Suárez-Enríquez, coordinadora del Programa de México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamerricanos (WOLA), dio a Aristegui Noticias, detalles del informe “Justicia olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos por soldados en México”.
“Entre 2012, que fue cuando iniciaron las primeras investigaciones civiles de soldados, y 2016, encontramos 505 casos, la mayoría son por violaciones a derechos humanos, de las que destacan casos de tortura y desapariciones forzadas. Hay otros casos también importantes relacionados con violencia sexual y en la mayoría de esos casos lo que encontramos es que aunque hay investigaciones abiertas, las investigaciones de la PGR no avanzan y, en consecuencia, los soldados que cometieron estos delitos no son sancionados.
“Las cifras no nos permiten hacer conclusiones definitivas pero encontramos que de esos 505 casos, al menos en 16 hay sentencias condenatorias, no sabemos cuál es el estatus del resto de las investigaciones”, precisó.
Respecto al comunicado conjunto que emitieron las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como la PGR, en respuesta a ese informe, aclaró que más que pronunciamientos, lo que se requiere son acciones.
Suárez-Enríquez detalló dos que el Estado Mexicano debe implementar de manera inmediata: retirar la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior y garantizar que la Fiscalía General de la República que sustituirá a la PGR sea una instanciaa verdaderamente autónoma del Poder Ejecutivo.
“Ahora es momento de demostrar con acciones y no solo con palabras el compromiso con los derechos humanos y resaltaría dos aspectos muy concretos: la Ley de Seguridad Interior que está actualmente en discusión en el Congreso, es un grave peligro y perpetuaría casos como los que documentamos en el informe. Entonces, un primer paso sería que el gobierno se abstenga de aprobar la Ley de Seguridad Interior. Y un segundo tema es comprometerse a crear una Fiscalía General autónoma, con un fiscal autónomo que sea capaz de resistir la presión política e investigar a soldados mexicanos“.
La representante de la organización no gubernamental WOLA, apuntó que es un error que el gobierno mexicano niegue estos casos de violaciones a las garantías individuales por elementos de las Fuerzas Armadas.
“Yo creo que hay una negación de muchos de los casos que pasan en la realidad. Y creo que negar la situación actual no va a ayudar ni al gobierno, ni a los soldados. Nosotros concluimos en el informe que seguir negando y rechazando lo que la sociedad civil está enfrentando en la realidad, únicamente expone a los soldados a más desprestigio“.
Ximena Suárez-Enríquez destacó que en el informe se destacan varios casos. Uno de ellos es el de Ojinaga, Chihuahua:
“El caso que documentamos en Ojinaga es un caso de violaciones a derechos humanos por soldados en 2009, donde estaban desplegados como parte del Operativo Chihuahua y según lo que pudimos ver en el expediente y en la versión pública de la sentencia, los soldados estaban patrullando calles y detuvieron a un civil que les parecía sospechoso, lo detuvieron y llevaron a instalaciones militares y, posteriormente, de acuerdo con el testimonio de los propios soldados, lo torturaron y murió a causa de la tortura.
“Uno de los testimonios que vienen en el informe, en el apartado de la cadena de mando, señala cómo uno de los soldados recibió la orden de conseguir gasolina para una camioneta del Ejército para poder sacar el cuerpo de este civil y quemarlo y esparcir sus cenizas en algún poblado“.
Concluyó que casos como los de las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya y Palmarito demuestran en los hechos las graves violaciones a los derechos humanos protagonizadas por soldados, que deben ser erradicadas.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: ISAÍAS ROBLES.
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