El estudio de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) considerado el primer análisis exhaustivo de las investigaciones de abusos militares a cargo de la Procuraduría General de la República, halló que hubo apenas 16 soldados condenados por la justicia civil de entre 505 investigaciones penales realizadas de 2012 a 2016, una tasa de éxito de 3.2 por ciento.
Además, hubo solo dos condenas por “responsabilidad de la cadena de mando” de oficiales cuyas órdenes provocaron los abusos, añadió.
Según el informe, los factores que obstaculizan las investigaciones civiles de personal militar incluyen las investigaciones paralelas civiles y militares, el poco acceso a los testimonios de la tropa y las alteraciones de la escena del crimen o los falsos testimonios de los soldados.
“Este modelo de seguridad pública militarizada ha tenido un impacto negativo en el sistema de justicia penal de México. El sistema de justicia civil enfrenta retos _como las medidas de las autoridades militares que provocan obstrucciones o demoras de las investigaciones_ que limitan la capacidad de las autoridades civiles para sancionar a los soldados implicados en crímenes y violaciones de los derechos humanos”, dice el informe.
La Procuraduría, la Secretaría de la Defensa y otras oficinas del gobierno mexicano no han hecho declaraciones de inmediato sobre el informe.
Las fuerzas armadas han cumplido un papel central en la guerra contra los cárteles de la droga al menos desde 2006, cuando el recién elegido presidente Felipe Calderón envió a los soldados a combatir los narcos. La ofensiva militarizada ha continuado bajo su sucesor Enrique Peña Nieto.
Durante todo este período se han multiplicado las acusaciones de violaciones graves de los derechos humanos a manos de militares, tales como torturas, matanzas y desapariciones.
Los detractores dicen que las fuerzas armadas mexicanas no están entrenadas para realizar actividades policiales. Pero muchos cuerpos policiacos aparecen como corruptos, superados en armamento e incluso cómplices de los grupos mafiosos, por lo que no se puede confiar en ellos para combatir los cárteles.
Un caso de gran repercusión fue la matanza en 2014 de 22 presuntos delincuentes a manos de soldados en Tlatlaya, una localidad del centro del país. El ejército dijo que fue un enfrentamiento, pero las pruebas indicaron luego que no hubo un tiroteo prolongado, y algunos de los muertos mostraban señales de haber sido ejecutados.
Siete militares fueron acusados de homicidio, pero las cortes civiles desestimaron los cargos por falta de pruebas. En agosto pasado, un juez ordenó investigar si los jefes del ejército habían cumplido algún papel en la matanza.
Según el informe, Tlatlaya es un ejemplo de un caso en que los investigadores militares tuvieron acceso a la escena del crimen y a las declaraciones de los soldados antes que las autoridades civiles.
“El caso de Tlatlaya revela que las investigaciones militares y civiles concurrentes demoran y obstruyen la justicia… (y) demuestra que en la jurisdicción militar, los casos de violaciones graves de los derechos humanos no se verifican o permanecen impunes”, dice el informe.
FUENTE: SIN EMBARGO/AP.
AUTOR: PETER ORSI.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-11-2017/3346197