Las autoridades del gobierno no se interesan por la situación de los desplazados por la violencia en Coyuca de Catalán, y por el contrario, “siempre ha intentado invisibilizarla para no cumplir con su responsabilidad de atender a las familias afectadas”, denunció el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares.
Las autoridades “no tienen un registro de personas en esta condición. Por ello, quienes abandonaron sus lugares de origen quedaron en la indefensión”, denunció.
Advirtió que el problema no se resolverá ni a corto ni a mediano plazo y que las desapariciones, expulsiones de pobladores y asesinatos “seguirán siendo cotidianos” en la entidad mientras haya grupos de la delincuencia organizada activo.
En Coyuca de Catalán, municipio en la región de Tierra Caliente, los desplazamientos forzados por la violencia e inseguridad iniciaron en 2011, cuando comenzó la disputa del territorio que abarca La Laguna, Los Ciruelos y Hacienda de Dolores, entre otros poblados, para la explotación de los recursos naturales, explicó Olivares.
“Han sido damnificados históricos de la inseguridad, porque huyeron de sus comunidades para salvar la vida”, señaló.
Olivares Agregó que en 2014 fue aprobada la Ley 487 de prevención y atención a los desplazamientos internos y que “de acuerdo con los estándares internacionales, antes de que se creara esa ley el gobierno tenía la obligación de atender a estas familias, de garantizar su derecho a educación, salud, vivienda y empleo, pero no ha cumplido con nada”.
AUTOR: REDACCIÓN.