Señalaron que las diversas iniciativas que se revisan en el Congreso, particularmente la del PRI, “contienen peligrosas ambigüedades y otorgan atribuciones que deben corresponder exclusivamente a instituciones civiles. Normalizar la intervención de las fuerzas armadas en labores policiales contribuiría a perpetuar la situación que se busca subsanar”.
Agregaron que si los gobiernos federal y estatales no han cumplido con su obligación legal de construir corporaciones de policía eficaces, “menos lo harán si cuentan con el recurso legal para encubrir dicho vacío institucional con requerimientos de intervención militar”.
Dieron algunos datos para sostener sus argumentos. Recordaron que antes de 2006 –año en que inicio la actual estrategia contra el crimen organizado con el uso de las fuerzas armadas— se registraban ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un promedio de 190 quejas y dos recomendaciones por violaciones a garantías fundamentales al año contra el Ejército y la Marina.
Sin embargo, advirtieron, después de 2006 el número de quejas por abusos de esas corporaciones se disparó a mil 75 y las recomendaciones subieron a 14, esto anualmente.
“El Ejército está ahí para matar a un enemigo, no para detener y poner a disposición de las autoridades. Con la Ley de Seguridad Interior se legalizarían las violaciones a derechos humanos, los militares pueden detener y poner a disposición. No se aplicarían las reglas del uso de la fuerza en tiempo de paz”.
Agregaron que dicha norma normalizaría el estado de excepción, pues permitiría que las fuerzas armadas controlen –sin límites judiciales- las comunicaciones, por lo que podrían hacer espionaje.
Las organizaciones –entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez, La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos, Causa en Común y decenas más— conformaron el colectivo #SeguridadSinGuerra, y ante lo anteriormente expuesto propusieron:
Que se respete de manera irrestricta al marco jurídico constitucional e internacional.” La aprobación de una Ley de Seguridad Interior o de un capítulo de Seguridad Interior en la Ley de Seguridad Nacional, atentaría contra la Constitución y contravendría los tratados internacionales que México ha ratificado”.
Que se adopten medidas excepcionales sólo a partir de los mecanismos ya previstos constitucionalmente; que se desarrolle un plan de fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno, cuyas normas y entrenamientos expresamente integren los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad.
Señalaron además que es indispensable legislar sobre el uso de la fuerza; y reformar a las policías.
Aunque, advirtieron, esto no será suficiente. “Es necesario reformar también las procuradurías, fortalecer al Poder Judicial y atender la crisis penitenciaria”.
Agregaron que se deben cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y definir un plan de retiro paulatino de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad.
“Seguir dependiendo de las fuerzas armadas no va a fortalecer nuestras instituciones de seguridad pública; coadyuvará al desgaste de dos de las instituciones más importantes del país: el Ejército y la Marina; perpetuará la grave crisis institucional por la que atravesamos, y sólo contribuirá a que la Federación y los estados sigan incumpliendo con lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Sistema de Desarrollo Policial y los acuerdos del Consejo Nacional”.
FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: EMIR OLIVARES ALONSO