Por ello la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que la corrupción no sólo es mala en sí misma, sino que genera este tipo de vulneraciones. Y resulta que la solicitud de sobornos como condición para acceder a los derechos (por ejemplo a la justicia, salud, educación, vivienda, etcétera) es el principal escenario en el que este flagelo desemboca en esas graves violaciones.
Y aquí es inevitable recordar los edificios que cayeron en la Ciudad de México –durante el sismo del pasado 19 de septiembre– por la falta de rigor en la supervisión gubernamental o de plano su ausencia, que derivó en el uso de materiales de baja calidad o en la omisión de elementos indispensables para soportar las estructuras; o por la expedición de autorizaciones irregulares para construir más pisos de los permitidos en ciertas zonas vulnerables a la catástrofe.
En la lista de la CNDH aparecen en tercer lugar los actos de corrupción que traen como consecuencia la disminución de los recursos públicos y los bienes y, por ello, generan peores servicios que transgreden abiertamente las obligaciones de protección, garantía y promoción de todos los derechos; y de progresividad, prohibición de regresión y máximo uso de recursos disponibles.
Esa merma en los recursos públicos se puede dar por desvío o malversación de fondos, o por sobornos en la adjudicación de contratos para comprar bienes o prestar servicios públicos, refiere el estudio. Y es que eso último genera sobreprecios o cargas en la calidad de los procesos de adquisición.
El estudio –encargado por la CNDH al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México– observa que la cuarta relación entre corrupción y violación a derechos humanos sucede cuando se captura al Estado.
“Lo que sucede en estos casos es la distorsión de los procesos de diseño de las políticas públicas generando la privatización de lo público y, por ende, el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado en materia de derechos humanos”. Quizá éste sea el más grave de los cuatro escenarios que derivan en violaciones de este tipo, porque implica a las altas esferas del poder donde no sólo hay más recursos en juego, sino donde se toman las decisiones más importantes sobre el rumbo del país.
Del estudio se desprende que, en estos cuatro escenarios, el derecho a la salud es uno de los más afectados, seguido por el derecho a la educación. En el primer caso, por ejemplo, se vincula a la corrupción con la esperanza de vida al nacer: “a mayor percepción de la corrupción, más población sin acceso a la salud, más mortalidad infantil y menos esperanza de vida al nacer”.
Y, sin duda, la peor corrupción es justamente aquella que aniquila la vida y pone en riesgo la estabilidad del país. Además de las consecuencias fatales de los sismos de septiembre pasado –en donde ocho de cada 10 muertes por edificios colapsados fueron causadas por la corrupción– hay otros lamentables ejemplos, como lo sucedido con el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca, en el que dos personas fallecieron por la corrupción de las empresas constructoras y los gobiernos federal y de Morelos.
Impunidad, el otro lastre
Transparencia Internacional define a la gran corrupción como el abuso de poder en las altas esferas que beneficia a unos pocos a costa de muchos y provoca perjuicios graves y generalizados a las personas y la sociedad; y esa, muy a menudo, queda impune, señala la organización.
Y lo que impera en nuestro país es precisamente una crisis generalizada de violaciones a derechos humanos que se complementa con un marco estructural de corrupción e impunidad, advierte el estudio Los derechos humanos y la corrupción en México. “Peor aún, el marco estructural de corrupción se realiza mediante redes de criminalidad que funcionan cada vez con mayor complejidad”.
Esa crisis se ha dado a partir del proceso político integrado por el clientelismo, la negación, la simulación, la corrupción y la impunidad, refiere. Y estos aspectos son los que “dan cuenta no sólo de la falta de voluntad política para combatirla, sino de la abierta voluntad de mantenerla”
En sus conclusiones, el análisis indica que no existe la “CORRUPCIÓN”, sino varias distintas expresiones con parecido de familia a las cuales se les denomina genéricamente como tal. Y que debemos enfocarnos en combatir sobre todo aquella corrupción que el Banco Mundial denomina “captura estatal” y a la que también se identifica como corrupción política. Según la Organización de las Naciones Unidas, se trata de la que cometen los altos mandos.
El estudio observa, sin embargo, que ésa es la más difícil de erradicar porque “se enquista en las estructuras más altas del poder político y económico y sirve para ‘aceitar’ el funcionamiento de los sistemas”.
Pero si no se combate, “las pautas estructurales de violaciones a derechos humanos provenientes de la corrupción se mantendrán intactas”, señala el estudio, porque éstas “toman patrones sistemáticos y estructurales”.
Hasta ahora, sin embargo, no parece que al gobierno le interese erradicarla o siquiera luchar en su contra, justamente porque México es un Estado capturado. Por ello, el sistema anticorrupción que se impulsa desde esas estructuras corruptas no servirá de nada, pero de ello escribiré en la próxima entrega.
FUENTE: CONTRALINEA
AUTOR: NANCY FLORES