El 1 de noviembre pasado, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) cateó las instalaciones de First National Security, empresa dedicada a rentar cajas de seguridad, en Cancún, Quintana Roo. Pero no sólo aseguró el edificio, sino que revisó las mil 540 cajas que se encontraban dentro.
Este miércoles Elías Beltrán dio una conferencia de prensa donde aseguró que los hallazgos realizados por la SEIDO “permiten tener un panorama bastante acabado del uso que el crimen organizado daba a muchas cajas de seguridad”.
“Estos hallazgos nos dan la certeza de que el crimen organizado utilizaba estas cajas para depositar insumos producto de la delincuencia y como lugar de almacenamiento de información para cometer más ilícitos”, añadió.
Millonarios recursos en efectivo, tarjetas para clonación, listados de propiedades del crimen organizado y hasta armas de fuego han sido encontradas en algunas de las cajas, de acuerdo con el funcionario.
De las mil 540 cajas de seguridad, más de la mitad de ellas no han sido reclamadas, dijo, lo que constituye un caso “atípico”.
Por otra parte, Elías Beltrán ofreció disculpas a los clientes de First National Security que no utilizaban las cajas de seguridad con fines ilícitos e informó que a 292 propietarios se les han devuelto sus pertenencias.
Además a partir de este miércoles, a 21 días del cateo, el funcionario anunció que se agilizará la entrega de bienes y se eliminarán requisitos innecesarios para este fin. Se duplicará el personal que atiende a los titulares de las cajas de seguridad y ninguno de ellos tendrá que viajar a la Ciudad de México para recuperar sus artículos.
Elías Beltrán fue cuestionado durante la conferencia de prensa sobre si bastaba con la orden de cateo del inmueble para revisar las mil 540 cajas que en él se encontraban o si la SEIDO habría tenido que pedir una orden por cada una de las cajas.
El funcionario se limitó a decir que la SEIDO obtuvo una orden de cateo para el edificio, luego lo aseguró y también revisó las cajas. Además, desde el 9 de noviembre pasado, la Visitaduría General de la PGR inició inspecciones y visitas de evaluación técnico-jurídicas con el fin de verificar la actuación de los servidores públicos que participan en las diligencias, esto derivado de la autonomía técnica que tiene el Ministerio Público.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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