El dispendio, la opacidad y la ausencia de reglas claras han caracterizado el manejo de la publicidad oficial durante el primer tercio del gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez.
Además de erogar un gasto excesivo en esa materia y de ignorar recomendaciones y exhortos para establecer criterios objetivos de contratación de servicios publicitarios en los medios de comunicación, el poder ejecutivo colimense ha incumplido su obligación legal de transparentar públicamente la distribución de los montos destinados a ese rubro presupuestal.
El Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2017, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), reporta que durante el año 2016 el gobierno de Colima registró un sobreejercicio de 188% en el gasto de comunicación social y publicidad.
El estudio señala que 26 estados del país incurrieron en erogaciones superiores al monto presupuestado, entre los que Colima se ubicó en el décimo primer lugar, después de Puebla, Zacatecas, Sinaloa, Chiapas, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Nayarit, Campeche y Sonora.
La cuenta pública del gobierno colimense correspondiente a 2016 refiere que para ese año el Congreso del estado aprobó una partida de 11 millones 616 mil 54 pesos con 16 centavos para el apartado de Comunicación Social y publicidad, pero el Poder Ejecutivo realizó una ampliación de 21 millones 884 mil 752 pesos con 89 centavos, por lo que el gasto real fue de 33 millones 500 mil 807 pesos con cinco centavos.
El gasto destinado a publicidad durante 2016 fue casi cinco veces superior al presupuesto total de organismos como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), el Instituto de Transparencia y Acceso a la información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (Infocol) o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) durante ese año, cuyos presupuestos ascendieron a seis millones 878 mil 180 pesos; seis millones 345 mil 130 pesos y seis millones 846 mil 219 pesos, respectivamente.
También superó por mucho los recursos con los que contaron el Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud (14 millones 366 mil 507 pesos), Universidad Tecnológica de Manzanillo (nueve millones 877 mil 463 pesos), Consejo Estatal para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (tres millones 316 mil 683 pesos), Instituto Colimense para la Discapacidad (un millón 998 mil 53 pesos), Instituto Colimense de las Mujeres (cuatro millones 643 mil 197 pesos) y Centro Estatal de Hemodiálisis (dos millones de pesos).
Cuatro veces más este año
Para el año 2017, sin embargo, el gobierno estatal fue más allá al proponer al Congreso para el área de comunicación social y publicidad un monto de 43 millones 283 mil 500 pesos, casi cuatro veces mayor al aprobado un año antes.
De esa cantidad, hasta el tercer trimestre de este año ya habían sido ejercidos 27 millones 145 mil 58 pesos con 34 centavos, apenas millones 355 mil pesos menos de lo gastado en todo el año 2016.
Y a pesar de que desde mayo pasado tenía la obligación legal de publicar de oficio en su página web los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato, concepto o campaña y fecha de inicio y de término —como lo dispone la fracción XXIII del Artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima—, seis meses después no lo ha cumplido.
Ante tal situación, el pasado 9 de noviembre este reportero solicitó formalmente al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (Infocol) ordenar al poder ejecutivo el cumplimiento de esa obligación, pero hasta este día el organismo no ha notificado haber realizado alguna acción al respecto.
Por otra parte, a casi un año de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) le envió la recomendación 08/2016 “a fin de que se emitan lineamientos claros y criterios objetivos, imparciales y transparentes que deberán hacerse públicos a fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial en favor de los distintos medios de comunicación”, el gobierno estatal no la ha atendido.
La recomendación fue emitida cuatro años después de que el director del periódico “Avanzada”, Juan Gabriel Moctezuma Castellanos, presentó una queja porque el gobierno del estado le canceló al medio el contrato de publicidad con motivo de su orientación editorial crítica.
Así también, Moctezuma denunció la inexistencia de criterios legales claros y objetivos para garantizar la asignación imparcial de la publicidad oficial, lo que permite a los funcionarios usar los recursos públicos de manera discrecional como un mecanismo de premios y castigos a los medios de comunicación según el sentido de su orientación editorial.
En su resolución, la CDHEC determinó que el gobierno estatal vulneró los derechos humanos a la libertad de expresión, a la información, a la legalidad y a la seguridad jurídica de los medios informativos y de la sociedad.
Advirtió “la inexistencia de lineamientos jurídicos que establezcan criterios claros y transparentes para elegir los diversos medios de comunicación para la celebración de convenios de publicidad oficial, que garantice la igualdad de oportunidades entre los mismos, violándose el principio de legalidad y seguridad jurídica que deben constreñir todos los actos de cualquier autoridad federal, estatal y municipal”.
Fechada el 19 de diciembre de 2016 y suscrita por el presidente del organismo humanitario, Sabino Hermilo Flores Arias, la recomendación indicó también que la ausencia de ordenamientos jurídicos en ese sentido vulnera los derechos a la libertad de expresión y al derecho a la información.
Sostuvo: “Esta Comisión tiene por acreditada la violación de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a libertad de expresión y a la información, en agravio de todos los medios de comunicación que operan en la entidad, entre las que se encuentra el periódico ‘Avanzada’, por los actos del Gobierno del estado de Colima, puesto que no existen ordenamientos jurídicos para la asignación de publicidad oficial”.
A principios de julio de este año, seis meses después de la emisión de la recomendación, el Congreso del estado exhortó al secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, a cumplirla.
Aprobada por la mayoría de los integrantes de la LVIII Legislatura local, la propuesta del exhorto fue presentada por la diputada panista Martha Leticia Sosa Govea, con el argumento de que “los periodistas y los medios de comunicación en que laboran han sido sujetos de transgresión al derecho de libertad de expresión y de informar a la sociedad”.
Según el punto de acuerdo, si bien la Secretaría General de Gobierno aceptó la recomendación, el artículo 46 de la Ley Orgánica de la CDHEC establece que contaba con un plazo, a partir de la notificación, de 15 días hábiles para admitirla y de 30 días más para entregar pruebas del cumplimiento.
Pero el proceso de cumplimiento de la recomendación, señaló el exhorto, “se encuentra estancado en demérito de los periodistas y de los medios de comunicación de la entidad, aun cuando es necesaria la rapidez en la diligencia para cesar la violación a sus derechos humanos”.
En un artículo publicado recientemente, el secretario de la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico de Colima (Copip), Arnoldo Delgadillo Grajeda, reveló que en agosto pasado algunos de los integrantes de ese organismo buscaron que se hiciera un pronunciamiento a nombre de la organización exigiendo la emisión de lineamientos para la contratación de publicidad oficial, por parte del Gobierno del estado, pero la propuesta se topó con el rechazo de algunos de los comisionados, que mantienen vínculos con el gobierno estatal.
Y 11 meses después del envío de la recomendación, ésta no ha sido atendida, mientras que la CDHEC no ha emitido un posicionamiento en torno a esa omisión.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.