“¡Por favor, señor! ¡Señor, se lo suplico. Ayúdeme a encontrar a mi hija!”, dijo la madre de una joven al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el 26 de julio del 2016, en medio una convención contra la violencia de género abarrotada de funcionarios en el estado de Hidalgo.Ahí, entre la multitud que rodeaba al encargado de la seguridad interior, la madre de Nayeli Elizabeth se arrodilló con el retrato de su hija en manos. Llantos y suplicas se tradujeron en la movilización de las policías ministeriales de Hidalgo y la Procuraduría General de la República (PGR), que tardaron un día en liberar a la joven de 29 años.
Pero en general, las súplicas generalizadas de una sociedad lastimada no fructificaron en voluntad de Osorio Chong para implementar políticas públicas. A cinco años de Gobierno una cosa es clara, el legado del Presidente Peña Nieto será el sexenio más violento de la historia.
La decisión de Peña Nieto de limitarse al choque frontal contra el crimen organizado como estrategia de seguridad parece haber sido asumida una vez tomó el cargo y desde ahí nunca fue abandonada.
El 10 de enero del 2012, cuando recién culminaba el año con más homicidios de la historia, el entonces candidato presidencial daba esbozos de un enfoque integral para abordar la violencia, que más tarde llamaría “México en Paz” dentro del Pacto por México.
“La estrategia ha sido insuficiente y pobre en sus resultados. La tasa de homicidios de la que teníamos hace diez años, que es un indicador universal, por cada 100 mil habitantes ha ido más del doble”, dijo en ese entonces Peña Nieto.Si en algún momento se pensó que la guerra del ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa llegó al punto más álgido de víctimas posible, el Gobierno del Partido Revolucionario Institucional la superó.
Una vez que los niveles de violencia superaron diversos marcas históricas que dejó el Gobierno anterior, el Presidente Enrique Peña Nieto salió a culpar a las autoridades estatales y municipales de las carencias para proteger a la ciudadanía.
Durante la última reunión del Consejo Nacional de Seguridad, celebrada el 30 agosto, el Presidente de la República despotricó contra las fuerzas policiales locales: “Las entidades federativas en muchos casos no cuentan con cuerpos policiacos suficientemente sólidos y confiables, y en el caso de los municipios, muchos ni siquiera han desarrollado sus propias corporaciones”. No era la primera vez que lo hacía.
El Presidente indicó que la asistencia de las fuerzas federales brindan a las autoridades locales “no puede, ni debe ser permanente”, pero no ha mostrado ni aplicado otra estrategia que no sea la del fracaso.
La Secretaría de Gobernación anunció en 2016 que priorizaría operaciones en los 50 municipios con más homicidios dolosos, que en su conjunto suman el 42 por ciento del total de todos asesinatos internacionales.
Un conteo hecho por SinEmbargo mostró que después de implementar la estrategia, los homicidios incrementaron. Entre enero y julio del 2016 sumaron 4 mil 909 carpetas de investigación por ese delito en los municipios antsndidos. En tanto que en los mismos seis meses del 2017 hubo 6 mil 113 carpetas de investigación.
“Desafortunadamente, hoy no tenemos ningún indicador que nos permita pensar que esta crisis que estamos viviendo va a mejorar. No hay algo que te muestre una identificación clara del problema y una toma de decisiones diferente a la acostumbrada”, alertó Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
El legado de violencia del Presidente Enrique Peña Nieto ensombrece los casi cinco años que ha permanecido como titular del Poder Ejecutivo.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2013 y 2016 hubo 87 mil 778 defunciones por homicidio, estas son 19 mil 355 personas más que en el mismo periodo del mandato de Felipe Calderón.
Para ponerlo en perspectiva, solo en los primeros cuatro años de la Presidencia de Peña Nieto han sido asesinadas la misma cantidad de personas que llenarían el Estadio Azteca.
Aunque el horror apunta a ser mayor, los nueve meses de 2017 – que son los que hasta el momento tienen registro oficial- perfilan a este año como el año más violento de la historia reciente: de enero a septiembre hubo 18 mil 505 carpetas, un cúmulo que no encuentra precedentes en ese lapso mensual, y que supera las 17 mil 382 carpetas de los primeros nueve meses del 2011, el año más violento de las últimas dos décadas.
El profesor Alejandro Martínez Serrano de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que Peña Nieto continuó la misma estrategia de lucha frontal contra el crimen de su predecesor en el cargo, que únicamente cambio en palabras.
“La actual administración trató de matizar mucho el discurso. La anterior [de Felipe Calderón] le daba adjetivos de guerra, y la actual, a partir de su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 utiliza el concepto de ‘México en Paz’”, explicó Martínez.
–Fundamentalmente, es la razón de la violencia. El país pasó de tener 6 mega-estructuras con territorios definidos, rutas, operadores y pactos muy estables a tener 400 organizaciones criminales, micro-cárteles, que son todo lo opuesto a lo anterior. Son volátiles, mucho más violentos y además incursionan en otros delitos– explicó el consultor de seguridad David Martínez-Amador.
Desde el punto de vista del consultor, Peña Nieto tenía no estaba obligado a continuar la lucha frontal contra el crimen organizado de la misma manera que se viene haciendo desde el 2006, “tenía dos opciones. La primera, que la ha cumplido a medias, tolerar los pactos corporativos entre el narco y las diferentes niveles del gobierno. La segunda, cambiar la estrategia y reforzar la agenda de perseguir los flujos ilícitos de capital que, en esencia, son la base de las organizaciones criminales. Pero es muy claro que la segunda opción, la correcta, implicaba no poder disfrutar del jugoso dinero que aceita los procesos de corrupción política”.
En agosto del 2015, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló al Cártel Jalisco Nueva Generación, como uno de los cárteles más poderosos. Y meses más tarde, el 19 de enero de 2017 -un día antes de la toma de posesión de Donald Trump- el Gobierno federal decidió extraditar al líder del Cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El grupo criminal encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” acrecentó su poder durante la administración peñista. Mas el modelo en el que un solo grupo podía monopolizar el crimen organizado pareciera haber terminado en los últimos 12 años.
“Si quisiera retornarse a esa modalidad, el juego es un juego de suma cero, porque la única forma de desplazar a los ‘chicos’ es que el ‘grande’ los saque violentamente. Es una salida darwiniana, seria un larguísimo proceso de violencia acumulada”, dijo Martínez-Amador.
Hoy el CJNG -según el más reciente reporte de la DEA- es el grupo criminal que más crece en México y que opera en varios estados de México la Unión Americana.
PROPUESTAS ENTERRADAS
LAS POLICÍAS Y LOS MILITARES
Desde el sexenio anterior, Felipe Calderón Hinojosa buscó homologar su propuesta de crear un mando único policial en todos los estados mediante convenios firmados entre el Gobierno federal y los estados.
Sin embargo, las reticencias de los alcaldes para conceder sus policías al control estatal terminaron de evitar que se extendiera este modelo, aun cuando Peña Nieto buscó aprobar esta iniciativa por la vía legislativa en diciembre del 2014.
“Si bien es cierto que el problema ha rebasado a las instituciones policiacas. El mando único rompe con el esquema federalista [en el que cada orden de gobierno tiene sus atribuciones]”, expuso Martínez Serrano.
En términos estratégicos, apunta, tampoco es una garantía. “Es más fácil corromper un solo mando que a tres, prácticamente, estamos haciendo una sola estructura”, expuso Martínez, aunque reconoció que el orden municipal ha sido el más vulnerable a la colusión con el narcotráfico.
La falta de coherencia en las estrategias de seguridad puede venir desde el propio Pacto por México -firmado por el PRI, PAN y PRD- que en su punto número 3.2 promete la creación de la Gendarmería Nacional.
Pese a que hubo una intención de que la Gendarmería era formar un cuerpo de élite, que llegase a 10 mil elementos, se quedó en 5 mil y terminó siendo absorbida por la Policía Federal para proteger zonas económicas y medio ambiente.
“Desgraciadamente, el mando más débil es el municipal, mal pagados, mal entrenados, y en esa lógica los cárteles los utilizan como operarios para actividades ilegales. Sin ir más lejos esta el caso de Ayotzinapa, y la policía municipal de Iguala”, dijo Serrano.El cambio en la misión de la Gendarmería es reflejo de la falta de un proyecto claro sobre seguridad, consideró el investigador de la UNAM.
LA MILITARIZACIÓN
La puesta del Ejército en zonas sumidas por la violencia ha generado codependencia a su presencia para controlar la incidencia delictiva. Sacar a los castrenses de la vía pública podría conllevar inestabilidad en diversos estados.
Mario Patrón, director del CentroProdh, sostuvo que el retiro no puede hacerse de golpe, sino de forma gradual, “pero en lo que no estamos de acuerdo es en iniciativas como la Ley de Seguridad Interior, porque lo que tienden es a perpetuar la presencia militar, a dar más poder al poder militar sobre el civil. Y nosotros consideramos que la fórmula tendría que ser a la inversa. Eso significaría un programa de retiro programático de las fuerzas armadas”.
Las discusiones por las iniciativas de Ley de Seguridad Interior han dado lugar al apoyo expreso del Presidente Enrique Peña Nieto, y a la materialización de las propuestas por parte de la bancada priista.
“La iniciativa de Camacho establece una sustitución de poderes con la declaratoria de afectación de seguridad interior. Prácticamente, al poder militar subsume al civil y son las Fuerzas Armadas quienes realizan las investigaciones, construyen pruebas, hacen intervención de comunicaciones”, explicó Patrón.
Esas facultades que buscan otorgarse con una Ley de Seguridad Interior se asemejan a las del artículo 29 constitucional, utilizado para estados de excepción. “Un asunto de alto riesgo”, alertó el derechohumanista.
En un hecho inédito y en solicitud de un marco regulatorio para las operaciones del Ejército, el Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos ha expresado su deseo de que los soldados regresen a los cuarteles, ya que no cuentan con reglas claras para trabajar en las tareas de seguridad civil.
“¿Quieren que estemos en los cuarteles?, adelante, yo sería el primero en levantar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. […] No nos sentimos a gusto, no estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra función es otra y se está desnaturalizando”, dijo Cienfuegos en diciembre del año pasado, aunque no es la primera vez que lo hacía.
Patrón señaló que la falta de naturaleza del Ejército para hacer tareas civiles ha propiciado que cometan atropellos a los derechos humanos, “lo otro es que también ha sido una estrategia de fracaso, porque la violencia no ha bajado sino que ha aumentado”.
Durante el sexenio de Vicente Fox Quesada se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las fuerzas armadas y se emitieron 11 recomendaciones, reporta el informe del CentroProdh.
En 10 años que abarcan el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y los primeros cuatro de Enrique Peña Nieto –años de la llamada guerra contra el narcotráfico– ya se presentaron más de 10 mil 751 quejas y emitido 146 recomendaciones.
DESAPARICIONES FORZADAS Y TORTURA
La noche del 26 y 27 de septiembre del 2014 fueron desaparecidos 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. El acontecimiento fue un parteaguas en la extensión del fenómeno de las extorsiones, y el principio de la crisis gubernamental.
Los estudiantes –de acuerdo con la versión oficial– fueron desaparecidos por integrantes del grupo Guerreros Unidos, después de haber sido entregados por autoridades policías de Iguala.
Mientras que con Felipe Calderón hubo 13 mil 681 desapariciones en seis años, con Peña Nieto suman 19 mil 155 en cuatro años y siete meses.
Edgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) señaló que el Gobierno de Enrique Peña Nieto no aprendió las lecciones del pasado, al continuar atendiendo las desapariciones de forma reactiva.
“En algún momento en el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa se dio y se creó la Fiscalía de Búsqueda de Personas (2015), sin realmente tener una estrategia clara de investigación para atender el tema de las desapariciones”, criticó Cortez.
México hoy cuenta con 33 mil 482 registros de desaparecidos en el fuero común y federal.
La parálisis del Gobierno federal orilló a las familias a arreciar sus propios esfuerzos de búsqueda. El 12 de octubre la Cámara de Diputados aprobó Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, y desaparición cometida por particulares, después una larga lucha de los colectivos.
Jan Jarab, representante de la ONU-DH para México, acuerpó el 30 de agosto a las familia y urgió en una reunión con legisladores en la víspera del actual periodo de sesiones.
“Creo que el tema que apunta en la ley, a acciones más sostenidas en el tiempo, ese será el reto. Lo primero van a ser acciones prioritarias para atender la expectativa de las familias como el plan de búsqueda de desparecidos, mejorar el registro de personas y fosas, y mejorar los procesos de recuperación de restos forense”, detalló Cortez.
Tanto la desaparición forzada, como la tortura se constituyen como delitos de lesa humanidad.
Una solicitud vía transparencia realizada por SinEmbargo da cuenta de que con Felipe Calderón la Procuraduría General de la República abrió 374 averiguaciones previas por presuntos actos de tortura.
El dato contrasta con las 5 mil 521 averiguaciones previas, entre el 2013 y el 2016, que acumuló Peña Nieto. Un aumento de mil 376 por ciento, sin que aún finalice el actual sexenio.
En el 2015, el entonces Relator de la Tortura Juan Mendez expuso que en México la tortura es una “práctica generalizada”. A lo que de inmediato la Secretaría de Relaciones Exteriores salió a negar, a través del Embajador ante Naciones Unidas Jorge Lomónaco Tonda.
Las quejas por tortura apuntan tanto a las policías del país, como a las fuerzas armadas. El 16 de abril del año pasado, un video exhibió a elementos del Ejército mientras torturaban a una mujer, y dos días más tarde el Secretario Salvador Cienfuegos ofreció una disculpa pública.
El PRI, de la mano del PAN, han impulsado iniciativas de una llamada Ley de Seguridad Interior, que tendría por objeto reglamentar las operaciones de los castrenses.
Martínez-Amador no es muy optimista: “La única forma de hacer disminuir la violencia es retirar al Ejército de las calles. Mientras el Ejército siga en operaciones de seguridad, la violencia será la regla, porque los ejércitos, en términos generales, no están diseñados para el combate al narcotráfico y no entienden las implicaciones de lidiar con la sociedad civil”, dijo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/09-11-2017/3329180