Desde el pasado octubre, distintas divisiones de la PF han sido convocadas para que sus agentes se integren a lo que será la Unidad de Protección Fronteriza (UPF) y, antes de que termine el sexenio, asuman las funciones que hasta ahora tiene la División de Gendarmería.
La pretensión es que la UPF dependa de los coordinadores estatales de la Policía Federal en las entidades fronterizas del norte y sur del país, con énfasis en las que limitan con Estados Unidos.
Hasta ahora, las funciones de protección fronteriza de la PF están distribuidas entre las divisiones de Fuerzas Federales, Gendarmería y Seguridad Regional. De acuerdo con la estructura y organización de la corporación, las tres tienen que ver con la protección de las fronteras.
La Gendarmería incluso cuenta con un agrupamiento de seguridad fronteriza, mientras que Seguridad Regional tiene entre sus funciones la vigilancia de los cruces fronterizos y las Fuerzas Federales están facultadas para intervenir en zonas federales, incluidas las ubicadas en las fronteras, así como la vigilancia de las estaciones migratorias.
En el caso de la División de Fuerzas Federales, el llamado es para los agentes de las tres agrupaciones que la integran: la Coordinación de Reacción y Alerta Inmediata, a cargo del comisario jefe Gustavo Reyes Domínguez; la Coordinación de Restablecimiento de Orden Público, al mando del comisario jefe Marco Antonio Mendoza Ramírez; y la Coordinación de Operaciones Especiales, comandada por el comisario jefe Raúl Ávila Ibarra.
En un oficio fechado el 6 de octubre y cuyo contenido conoció Proceso, el titular de las Fuerzas Federales, Carlos Alfonso Tornero Salinas, dio a conocer los requisitos que deben cumplir los efectivos de esa división que quieran convertirse en policías fronterizos: además de pasaporte y visa vigente de Estados Unidos, deben tener por lo menos bachillerato, dos años de servicio y “preferentemente poseer conocimientos básicos en el idioma inglés”.
El proceso de reclutamiento es similar al que hizo la corporación al inicio del sexenio para crear la División de Gendarmería, luego del fracaso de Enrique Peña Nieto para remplazar a la PF con una Gendarmería Nacional.
Desde su campaña presidencial, Peña Nieto propuso que esa nueva corporación sustituyera también a los militares en el combate al narcotráfico y en las funciones de seguridad pública, las que han realizado de forma creciente desde el sexenio pasado, cuando el entonces presidente Felipe Calderón los mandó al frente de las tareas de seguridad.
Peña Nieto pretendía que la Gendarmería Nacional fuera un cuerpo civil con instrucción militar, pero todo se quedó en mera intención cuando los jefes del Ejército y la Marina se negaron a que el mando de la nueva corporación quedara en manos de civiles (Proceso 1970).
Para disimular el fracaso se creó entonces la séptima división de la PF, la Gendarmería. Ante la salida de los militares, no quedó más que reclutar a efectivos de las otras divisiones de la propia corporación, que se sumaron a los cadetes que recibieron una breve capacitación en la Academia de San Luis Potosí para convertirse en gendarmes.
Algo parecido está ocurriendo con miras a la creación de la UPF: la Policía Federal recicla a sus hombres con la promesa de mejores condiciones de trabajo como policías fronterizos.
Sin propuestas
La creación de una nueva unidad dedicada sólo a la vigilancia de la frontera contrasta con la falta de propuestas de la propia PF y de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) para modificar la política pública de combate a la delincuencia.
Los altos índices de violencia han sido el lastre del gobierno de Peña Nieto, como se lo hizo saber el Senado al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en su comparecencia del pasado miércoles 22.
En lo que parecía difícil de superar, respecto al saldo rojo de su antecesor, Felipe Calderón, el presidente Peña Nieto terminará su gobierno con cifras históricas de muertes violentas. Entre ambos sexenios, las cifras oficiales de homicidios dolosos alcanzarán prácticamente un cuarto de millón; 121 mil asesinados en el gobierno de Calderón y 114 mil en lo que va del actual, con un año todavía por delante.
El gobierno federal mantiene como logro que los índices no hayan mantenido su tendencia creciente, sino que se “estabilizaran” en las mismas cifras que dejó el gobierno anterior, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Peña Nieto decidió concentrar en Osorio Chong las funciones de seguridad y de gobernación, tal como ocurrió en el régimen del PRI del siglo pasado. Desapareció la Secretaría de Seguridad Pública y la subordinó a la de Gobernación. Pero no le funcionó.
En manos del secretario de Gobernación quedaron el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la CNS, que a su vez es responsable de las prisiones federales y de la propia PF. Pero los cambios fueron la constante en las áreas de seguridad. En cinco años la CNS ha tenido tres titulares, lo mismo que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, mientras que la PF ha tenido dos, y el SNSP, cinco.
Y, al igual que Calderón, Peña fracasó en el intento de eliminar a las policías municipales y crear un mando único a cargo de los gobiernos estatales. La oposición en el Congreso contrapropuso un mando mixto para conservar los cuerpos municipales que han dado resultados. Pero el tema se empantanó porque el tema de las policías está relacionado con la impugnada iniciativa de Ley de Seguridad Interior.
Impunidad
Con esa propuesta, el gobierno de Peña Nieto está decidido a formalizar las funciones de seguridad pública del Ejército y la Marina, sin importar los casos de graves violaciones a los derechos humanos en que los militares se han visto involucrados y que han sido documentados incluso internacionalmente.
El reporte más reciente fue el de la WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), organización no gubernamental dedicada a la promoción de los derechos humanos en esta parte del continente. En su reporte Justicia olvidada. La impunidad de las violaciones a los derechos humanos en México, dado a conocer el pasado martes 7, documenta varios casos de ese tipo en los que han estado implicados militares mexicanos entre 2012 y 2016.
Para WOLA, la estrategia de seguridad militarizada impulsada por Calderón y sostenida por Peña “ha tenido por lo menos tres consecuencias graves”. La primera, que la violencia ha aumentado y las violaciones a los derechos humanos son constantes. La segunda, que ha disminuido la urgencia y presión de una reforma policial; y la tercera, que la rendición de cuentas ha sido prácticamente inexistente.
“Los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar la policía en México”, señala.
Sin considerar los cuestionamientos dentro y fuera del país, Peña Nieto está decidido a que los militares participen en funciones de seguridad. El jueves 23, en la conmemoración del Día de la Marina, en Baja California Sur –donde tres días antes había sido asesinado a tiros el ombudsman del estado, Silvestre de la Toba Camacho–, insistió en mantener el actual estado de cosas:
“Las fuerzas federales continuarán haciendo todo lo necesario, incluyendo el respaldo para fortalecer a las corporaciones locales de seguridad”. En específico, aseguró que insistirá en cabildear en el Congreso “un marco jurídico que dé certeza a los soldados, pilotos y marinos en sus labores de apoyo a la seguridad pública”.
Peña aludió a la Ley de Seguridad Interior, que también ha sido demandada con insistencia por los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina.
El más enfático ha sido el titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, como lo volvió a hacer en la celebración de la Revolución Mexicana la noche del lunes 20.
En su discurso en el Campo Marte, el jefe del Ejército urgió al Congreso a que apruebe esa ley, “no para otorgar beneficios o prerrogativas”, sino para “establecer limitaciones y obligaciones a las autoridades que constitucionalmente son las responsables de brindar seguridad a los mexicanos”.
Al día siguiente de la exigencia del general, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, declaró que buscará descongelar la iniciativa que presentó en octubre de 2016 y con la que ese partido busca darles amplias facultades a los militares y protegerlos en sus acciones de seguridad pública y de “restauración del orden interno” (Proceso 2094).
Estrategia equivocada
Lisa Sánchez, directora del Programa de Política de Drogas de la organización no gubernamental México Unido contra la Delincuencia (MUCD), dice en entrevista que la insistencia en entregar la seguridad pública a los militares por parte de las autoridades civiles “es un acto irresponsable, de negligencia declarada y de reto a la sociedad civil que se ha opuesto a esto”.
Como integrante del colectivo de organizaciones civiles Seguridad Sin Guerra, asegura que MUCD se opone a la Ley de Seguridad Interior (LSI) o a una reforma de la Ley de Seguridad Nacional para hacer formal la entrega de la seguridad pública a los militares.
“Lo que no se ha querido aceptar durante todo este gobierno, ni se quiso aceptar en el anterior –en el que también hubo intento de pasar una reforma similar–, es que la estrategia de seguridad no es la correcta. No les ha servido ni a ellos, que como autoridad civil han abandonado completamente su responsabilidad constitucional de proveernos de seguridad”, dice la especialista en política de drogas egresada de la London School of Economics.
“Las policías están abandonadas, igual que los ministerios públicos. Llevamos tres años y medio sin Ley Orgánica de la Fiscalía. Las instituciones están vacías y los políticos en desbandada”, dice Sánchez, egresada asimismo de la Escuela de Ciencias Políticas de París y de la Universidad de la Sorbona.
Asegura que no sólo es el abandono de la seguridad, sino también la evasión completa e impune de las autoridades civiles que urgen a las Fuerzas Armadas cumplir con las obligaciones que legalmente son de ellos.
“Y los vemos ir y venir en comparecencias sin ninguna consecuencia”, dice en alusión a la de Osorio Chong –quien se mantiene como aspirante a la candidatura del PRI a la Presidencia de la República – en el Senado.
Abunda: “Ahora que tuvimos el mes más violento del año más violento de nuestra historia independiente, hubiera sido para que el presidente hubiera hecho cambios importantes en su gabinete. Pero lo único que vemos es que esos responsables se han lavado las manos y ha sido sin una consecuencia, ni siquiera política”.
Considera que los militares también demandan la LSI porque necesitan un marco normativo que les dé certeza jurídica, “pero también mirando mucho a la evasión de sus responsabilidades en materia de violación a los derechos humanos”.
Los legisladores aseguran que hay un clamor popular para una LSI. Pero como colectivo hemos insistido en que no es con “populismo punitivo” como se va a solucionar el problema, agrega.
“Hasta ahora no se han dado las condiciones para que esa ley se apruebe, a pesar de que el PRI tiene la mayoría simple en las dos cámaras para aprobarla, pues sabe que el costo político de una cosa así, sin el apoyo de la oposición, sería altísimo.
Pero tampoco podemos confiarnos en que se mantenga esa situación en el Congreso. Si se aprueba una ley así, se hará contra la opinión de gran parte de la sociedad civil y la academia en México, pero también contra las observaciones hechas por organismos multilaterales, como la ONU y la OEA”, advierte.
Este reportaje se publicó el 26 de noviembre de 2017 en la edición 2143 de la revista Proceso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/513016/fracasada-la-gendarmeria-nacional-ahora-una-policia-fronteriza